Un país sin jueces ni investigadores

Dos graves realidades que La Nacion reveló estos días vuelven a confirmar que, siempre en beneficio propio, el Gobierno sigue avasallando el Poder Judicial y desarmando los organismos de control que el Estado debería emplear en la lucha contra la corrupción.

Este diario informó el martes pasado que más del 20 por ciento de los juzgados nacionales y federales carecen de juez y que la presidenta Cristina Kirchner tenía que resolver 146 ternas de jueces. De ese total, 67 ternas estaban pendientes desde hace más de un año y hace más de ocho meses que el Poder Ejecutivo no efectuaba ninguna designación.

Al día siguiente de publicada la nota, se alzaron las críticas de la oposición y, acto seguido, la Presidenta nombró a cinco jueces federales, en tanto que anteayer informó por Twitter la designación de otros 76 jueces, además de cinco fiscales y dos defensores públicos. De todos modos, aún sigue adeudando 65 designaciones de jueces. En cuanto a las efectuadas tras la publicación de este diario, a raíz de la demora deberán afrontar todavía un lento trámite parlamentario debido a que la actividad legislativa se ve afectada por la campaña electoral.

Por otro lado, también se reveló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, desarmó el Equipo E del Departamento de Investigaciones sobre Grandes Contribuyentes, un grupo de profesionales que desde hace más de 15 años se había especializado en la investigación de casos de corrupción célebres y complejos, como el negociado informático entre IBM y el Banco Nación, las presuntas estafas del Grupo Yoma y el de las coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos, llamado caso Skanska, entre muchos otros.

En lo que hace a la indefendible demora en la designación de los jueces, el objetivo es debilitar a la Justicia, cuyos integrantes no recuerdan demoras semejantes para cubrir tantos cargos. Lo que podría parecer simple desinterés no lo es. Una justicia en la que abundan las vacantes pierde fuerza cuando tiene que enfrentar al poder político.

Recordemos que son numerosas la causas de corrupción del kirchnerismo que se tramitan en los tribunales y que su número sigue creciendo.

Recordemos también que los puestos de jueces vacantes se ocupan transitoriamente con magistrados subrogantes, que pueden ser tanto secretarios como jueces que ya se desempeñan al frente de sus juzgados y que, de esta manera, ven duplicada su labor. En los hechos, es sabido que un secretario que se desempeña como juez subrogante -y que en más de una ocasión concursa para ser juez- no siempre tiene la independencia necesaria. Además, el Gobierno se ve favorecido cuando un juez oficialista tiene que subrogar otro juzgado, como ocurre con el juez federal Norberto Oyarbide, veterano en las lides de enlentecer hasta la parálisis causas comprometedoras para el kirchnerismo o en las de cerrar con una velocidad inusual escandalosas causas como la del exponencial enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner.

El hecho de que tras la nota de este diario la Presidenta procediera a saldar muy parcialmente su vieja deuda en materia de designaciones indica que ya había hecho su elección y postergaba los nombramientos afrentando al Poder Judicial. Una justicia a la que el Gobierno trata como un apéndice del Poder Ejecutivo, recargada de trabajo, con jueces que no lo son plenamente, es una justicia que no puede ejercer su excelsa función.

Del mismo modo, una AFIP sin su equipo de especialistas en delitos tributarios complejos se vuelve un organismo burocrático que tampoco puede realizar su misión de control e investigación, ni de aportar peritos a la Justicia. No es casualidad que en la AFIP kirchnerista que maneja Echegaray, funcionario a su vez investigado por presuntos hechos de corrupción, aún se desempeñe un "sabueso" investigado por evasor.

Implacable, el kirchnerismo continúa con su tarea de destrucción de los órganos de contralor. Redujo la Unidad de Información Financiera (UIF) a la inacción cuando se trata de investigar el posible lavado de dinero de allegados al Gobierno, y en un órgano de presión contra políticos opositores y empresarios independientes. Otro tanto hizo con la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

También el Tribunal Fiscal sufre los embates del Gobierno, que ha efectuado designaciones polémicas violando disposiciones judiciales, ya que los funcionarios elegidos estarían ligados a los ministros Amado Boudou y Julio De Vido.

Esta labor de demolición de los controles procura lograr la impunidad para los delitos kirchneristas ya descubiertos y para aquellos que aún desconocemos, haciendo realidad el sueño del oficialismo de un país sin jueces ni investigadores.