Un país al margen de la ley
* Por Aleardo F. Laría. Los medios de prensa se han hecho eco en los últimos días de tres sucesos que aparentemente no guardan relación, si bien todos aparecen englobados dentro de la crónica policial.
Existe entre ellos un hilo conductor que permite relacionarlos por su condición de reveladores de una constante sociológica: la fuerza con que está incrustada en nuestra cultura el incumplimiento de la ley. Somos todavía, como ácidamente lo señalara Carlos Nino, "un país al margen de la ley".
Quienes han tenido la paciencia de seguir la evolución del caso García Belsunce encontrarán múltiples pruebas de la cantidad de pequeños escándalos que rodean al asunto. María Marta García Belsunce fue asesinada en su casa del country Carmel, en Pilar, el 27 de octubre de 2002 con varios disparos de revólver. Desde entonces la investigación no ha dejado de ofrecer datos más propios de una serie de ficción que de un episodio de la vida real.
El primero de ellos fue que el cadáver de García Belsunce fue sepultado en base a un certificado de defunción falso. El primer médico que llegó a la casa de la víctima en una ambulancia de una empresa prepaga –y que actualmente está siendo juzgado por encubrimiento– avaló la teoría de que la víctima había muerto por accidente en la bañera al golpear su cabeza contra la grifería; no convocó a la policía frente a una muerte violenta y además dio instrucciones a una masajista que se encontraba en el lugar del crimen para que limpiara las huellas de sangre en el baño.
La autopsia, realizada 36 días después, determinó que la causa de la muerte no había sido un accidente en la bañera sino que en realidad ¡le habían disparado seis balazos a la cabeza! El perito fotógrafo que grabó la autopsia admitió que el momento en el que los forenses encontraron en el cráneo de la víctima los proyectiles calibre 32 no quedó registrado en el video porque justo se le había terminado el casete con el que la estaba filmando y tuvo que ir corriendo a un comercio de la esquina a comprar otro.
Todas estas irregularidades se han conocido al mismo tiempo que el Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro absolvió a Lucila Frend en el juicio oral por el homicidio de su amiga Solange Grabenheimer, por considerarla inocente y debido a las graves deficiencias registradas en la investigación del hecho. Una de las más notables es que no se pudo determinar la hora del crimen porque el médico legista que acudió el lugar del hecho olvidó tomar la temperatura del cadáver.
El tercer episodio no tiene la gravedad de los anteriores pero el reproche moral que merece no es menor. Según la información publicada por el diario "Clarín" –que accedió al balance del 2009 presentado a la Inspección General de Justicia con la firma de Hebe de Bonafini en su carácter de presidenta–, la Fundación Madres de Plaza de Mayo reconocía una deuda por aportes jubilatorios y obra social de sus trabajadores, retenidos y no ingresados, de 49,6 millones de pesos. Algunas informaciones aseguran que esas retenciones tampoco se habrían ingresado en otros años, es decir que se trataba de una práctica habitual.
Obviamente, ninguno de estos hechos guarda relación entre sí ni se trata de establecer entre ellos comparaciones improcedentes. Pero en todos se pone en evidencia que el incumplimiento de la ley o de las propias obligaciones profesionales es un comportamiento bastante habitual que ha arraigado con fuerza en nuestra vida social. Una fundación prestigiosa que durante años deja de ingresar las retenciones previsionales de sus obreros, unos médicos que ignoran las obligaciones más elementales de la praxis y la deontología profesional, la facilidad con que alguien puede hacerse de certificados de defunción falsos u otros acontecimientos similares de la crónica diaria demuestran sobradamente la magnitud del problema que nos afecta.
Carlos Nino señalaba que la tendencia hacia la ilegalidad y la anomia en la vida social argentina no podían separarse de la práctica institucional. Ambas esferas están estrechamente ligadas. Junto con las normas formales operan las informales: tradiciones, normas no escritas, patrones culturales, valores comúnmente aceptados. Estas pautas culturales son muy resistentes al cambio, y uno de los modos de vencer esas rutinas es a través del ejemplo que brindan los comportamientos de quienes ejercen el poder.
Los comportamientos de los responsables políticos tiene un claro efecto demostración en el resto de la sociedad. De allí que sus iniciativas son las que están en mejores condiciones para romper el círculo vicioso de la anomia. Pero algo está fallando. La continuidad de tantos comportamientos antijurídicos es la prueba visible de una inercia que todavía nadie ha sabido, podido o querido romper.
(*) Abogado y periodista
ALEARDO F. LARÍA (*)