Un nuevo modelo de gestión en la Justicia

El 27 de septiembre de 2010, en la ciudad de San Francisco, la Fiscalía General de la Provincia implementó un plan piloto de gestión diferente, basado en una nueva visión de la organización del Poder Judicial que cambia en forma total los paradigmas que rigen en la actualidad y tiene como objetivos principales, dentro del proceso penal, la eficiencia, la celeridad y la transparencia.

A dichos fines, se transforma la clásica estructura de las fiscalías y se destierra el expediente en la mayoría de las causas, implementándose la oralidad desde el inicio de éstas.

A modo de ejemplo, ante una causa que empieza con una persona aprehendida por un delito, se le comunica al fiscal para que dentro de las 24 horas decida el trámite a imprimir. Después de ello, y dentro de los cinco días de la aprehensión, se fija una audiencia para el control de la detención y para decidir si la persona sigue detenida o no.

Participan de esta audiencia el juez de control, el fiscal y el abogado defensor, junto con su defendido. También puede ser presenciada por la víctima y el público que así lo desee.

Con este acto no sólo se cumplimenta con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino que se asegura la inmediatez en el manejo del caso, la participación crítica de todas las partes y, sobre todo, la transparencia del proceso.

Acto seguido se fija otra audiencia dentro de los 15 días consecutivos, a los fines de concluir el proceso con una condena o con un sobreseimiento o resolviendo la suspensión del juicio o la elevación de la causa a juicio.

Resultados

Desde la fecha de implementación hasta el 10 de diciembre último, se hizo un corte estadístico a los fines de ver la capacidad operativa de este sistema y, a pesar de arrastrar las causas antiguas, los números y la transparencia del método demuestran con claridad que este plan, más que piloto, se ha transformado en el nuevo modelo a seguir.

Las cifras son por demás elocuentes: dentro de los 75 días corridos o 50 días hábiles, todas las causas que ingresaron con aprehensión de la persona perseguida penalmente fueron resueltas en no más de 20 días corridos, lo cual brinda un marco de celeridad y de seguridad jurídica.

Se resolvieron 50 causas (empezando las primeras semanas con cuatro audiencias fijadas y terminando las últimas con 10 fijadas), de las cuales en 41 se resolvió definitivamente la situación procesal y en nueve se concluyó la investigación penal preparatoria, lo que demuestra que aproximadamente en un 80 por ciento de las causas se resolvió la situación en primera instancia, sin necesidad de ser elevadas a la Cámara del Crimen, de modo tal que se redujo el plazo impuesto por la ley (de 90 días) a sólo 20 días.

También es de destacar que en ninguna de las audiencias celebradas hubo oposición alguna, ni tampoco planteos de nulidad, ni apelaciones, lo cual traduce y expresa no sólo la conformidad por parte de los actores internos del sistema sino también la de los abogados defensores.

Todos los elementos vertidos y expuestos aquí demuestran con claridad que este sistema es el modelo de gestión a seguir, no sólo porque brinda celeridad, transparencia y seguridad jurídica, sino porque, fundamentalmente, brinda lo que la sociedad espera y reclama de la Justicia hoy.