Un nuevo fraude: internas y colectoras

A menos de ocho meses de los próximos comicios presidenciales, está claro que el objetivo indisimulable de Cristina Fernández de Kirchner es ganar en primera vuelta. Un justicialismo dividido, como el que vemos ahora, no le garantiza un triunfo en el balotaje o segunda vuelta.

Justamente, la ingeniería electoral que viene asomando con las llamadas listas "colectoras" es lograr, a cualquier precio, que su mandato siga cuatro años más. Lo mismo ocurrió en 2009 con los candidatos "testimoniales" en la provincia de Buenos Aires, que jamás asumieron sus bancas.

Ahora, continúan las maniobras fraudulentas. En esa dirección debe registrarse la proscriptiva y antidemocrática reforma política con sus internas obligatorias, sancionada dos años atrás por el kirchnerismo y los radicales.

Está muy claro que el objetivo principal es afianzar el bipartidismo, excluyendo a la izquierda y a la centroizquierda, ya que se impide presentar candidatos en las elecciones generales de octubre a los partidos que no hayan alcanzado en las internas abiertas, simultáneas y obligatorias el 1,5 por ciento del total de votos emitidos en esos comicios. Una exigencia digna de un régimen autoritario: de haberse aplicado en 2007, ese piso hubiese significado 350 mil sufragios. De haberla empleado en los comicios generales, se habría eliminado al 70 por ciento de los candidatos que, en conjunto, obtuvieron 2,5 millones de votos, entre ellos los de Fernando "Pino" Solanas y toda la izquierda.

Ese excluyente sistema, derogado por los Kirchner en 2006, se vuelve a aplicar hoy.

Injerencia de los aparatos. Al ser abiertas y simultáneas, las internas impiden que sean los afiliados y organismos partidarios quienes designen a sus mejores candidatos, permitiendo la intromisión de los aparatos ajenos y no "de la ciudadanía", como pretende hacernos creer la propaganda oficial.

Se hace necesario denunciar esta reforma política que, en el caso del Partido Izquierda Socialista de Córdoba, nos ha sumido en un descomunal y titánico esfuerzo, ya que sólo para ser reconocidos legalmente debemos juntar alrededor de seis mil afiliaciones, adjuntando para ello fotocopia del DNI e incluyendo el nombre de los padres del interesado. Este mecanismo es inadmisible, aun considerando el acompañamiento de cientos de cordobeses que no soportan más las trampas usadas por los partidos mayoritarios.

La reforma impulsada por el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba –que sólo es electoral, no política– tiene el mismo carácter proscriptivo que la reforma nacional: las exigencias para conformar un partido provincial son aún más severas.

Luego de meses de trabajo, la reforma votada no reflejó el deseo popular de mayor transparencia y participación democrática. Con el agravante de que los propios impulsores de la iniciativa volvieron a utilizar el fraudulento mecanismo de la "sumatoria" de votos en 2009, la forma local de las "colectoras".

La nueva ley ya ha sido reformada, justamente para evitar el control de los fondos de campaña, y al establecer un fuero electoral que pone importantes decisiones en manos de tribunales amigos. Hace apenas unos días, se creó la Comisión Interpoderes de Seguimiento de los Procesos Electorales, que sólo sirve para disfrazar de transparente el régimen vigente. Mientras tanto, la izquierda tiene un gran desafío: lograr un frente común para superar esos obstáculos y brindar una verdadera alternativa a los partidos patronales que vienen gobernando para los de arriba.