Un nuevo condicionante de la libertad de expresión
*Por Ricardo Kirschbaum. El pedido del juez para que los diarios le suministren una lista de periodistas que hayan escrito sobre la inflación, confirmada por el magistrado el viernes en un intento de aclarar lo que en el oficio estaba suficientemente claro, no puede ser reducido a una anécdota más.
Por provenir de la Justicia, en una causa en la que está en juego también la libertad de expresión, la decisión del juez Catania es seria porque puede afectar, en un contexto cada vez más difícil , el ejercicio de derechos claramente reconocidos.
Los periodistas no tienen fueros especiales ni reclaman tenerlos . Concurren a cada citación de la Justicia en las múltiples causas que se abren por aquellos que alegan haber sido afectados por informaciones u opiniones que los involucran. No están más allá de la Justicia, como se pretende hacer creer aviesamente. La libertad de expresión es un derecho de la sociedad y no tiene dueños exclusivos.
Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, defensor a ultranza (al igual que el ministro Boudou) de un INDEC que ha rifado su credibilidad , ha denunciado penalmente a las consultoras privadas que calculan el índice de costo de vida. El intento está claro: impedir que exista una versión distinta a la inflación oficial. En una de las causas abiertas contra una de esas organizaciones, el juez reclamó a los diarios que respondan si han tenido relaciones comerciales con las consultoras y que proporcionen los nombres de los periodistas que han escrito sobre inflación.
La vinculación es clara: se trataría de demostrar que, si hubiera habido alguna vinculación comercial del diario (una conferencia o seminario dado por los consultores, por ejemplo) con la consultora denunciada, los periodistas tendrían un vínculo que iría más allá del interés profesional . De esa manera, se trataría de descalificar cualquier crítica al engendro del INDEC.
La cantidad de periodistas y de especialistas que han escrito sobre inflación en los últimos cinco años, que es el plazo que fijó el juez en su oficio, es enorme . Además los diarios tienen un editor responsable. No hace faltan, entonces, los datos reclamados de los periodistas. El solo reclamo de la nómina es fijar un condicionante sobre la libre expresión , en un contexto de alta sensibilidad sobre la cuestión.
No es éste, lamentablemente, el primer episodio perturbador. Una suma de indicios y de hechos concretos sobre la posición oficial respecto del periodismo hace temer por nuevas acechanzas.
Están siempre latentes los intentos de regulación del periodismo. Se han escuchado voces oficiales y paraoficiales pidiendo establecer un marco legal de actuación. Más allá de que el periodismo debe establecer por sí mismo pautas de acción en casos determinados , estos avances deben ser rechazados en cada oportunidad, sin dudas ni fisuras.