Un modelo que no es aconsejable

Desde hace al menos una década y debido a las recurrentes crisis económicas, el Estado –en todos sus niveles y jurisdicciones– es el lugar más preciado para trabajar. La estabilidad, garantizada en el Estado provincial como un derecho constitucional, junto a otros beneficios convierten a ese empleo en el lugar ideal para períodos prolongados.

Vivimos una época de recuperación económica, en la que el sector privado ha crecido y está en condiciones de ofrecer puestos de trabajo en escala ascendente. Y esto se observa tanto en la industria como en el sector agropecuario o en los servicios. Varias empresas recuperaron rentabilidad, aunque ésta acusa una fuerte baja en 2011, por incidencia de la elevada inflación, la más alta en Latinoamérica detrás de Venezuela.

Sin embargo, hay mucha gente que prefiere un empleo en el sector público antes que en el privado, porque lo consideran más seguro y menos expuesto al riesgo de la inestabilidad laboral, que es una de las características de los tiempos modernos. Resulta comprensible esa actitud, aunque en muchos casos los salarios y las posibilidades de ascenso sean mayores en el ámbito privado.

El principio de la incertidumbre se ha adueñado del mundo entero, como lo demuestran los efectos sociales, políticos y culturales de la actual crisis internacional; entre ellos, el aumento del desempleo. Ello acarrea, a su vez, la pérdida de la vivienda por parte del desocupado debido a la imposibilidad de afrontar el costo hipotecario.

Una sociedad con mayoría de empleados públicos no es un modelo aconsejable. Más aun: es peligroso en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo cuando se fomenta el trabajo público improductivo y hasta innecesario. Esto sin mencionar los planes laborales asistenciales, que –en varios casos– no requieren contraprestación.

Una información reciente señala que el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) pidió el pase a planta permanente de unos cuatro mil contratados. A su vez, el gremio de empleados municipales (Suoem) de la ciudad de Córdoba plantea un aumento salarial del 15 por ciento para el segundo semestre de este año y el pase de 300 monotributistas a la condición de contratados, que sería el paso previo a la exigencia de que todos logren su condición de empleados.

Hay que decirlo con todas las letras: por este camino, no se va a ningún lado, porque un crecimiento desmesurado del sector público se puede convertir, en un futuro inmediato, en una enfermedad social irremediable para Córdoba.

Hay que dialogar con todos los sectores y tender a amplios acuerdos intersectoriales, pero sin olvidar jamás que el trabajo productivo es la base del crecimiento económico y la generación de riqueza, como así también de una sociedad más equitativa en la distribución del ingreso.

Una sociedad de empleados públicos no es un modelo aconsejable.