¿Un ministerio de reclamos y gestiones?
El Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la provincia está tendiendo a convertirse en un mero organismo receptor de reclamos
y de gestiones ante las autoridades nacionales como consecuencia de medidas que afectan seriamente a la economía provincial, en especial a las empresas exportadoras.
De acuerdo con la ley de su creación, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología (ex Producción, Tecnología e Innovación) del gobierno de Mendoza tiene por objetivo asegurar las herramientas tecnológicas, financieras, logísticas y energéticas necesarias que permitan provocar un shock exportador innovador, sustentable y distributivamente equitativo.
Es el encargado -dice- de la formulación de las políticas y de la ejecución de acciones de gobierno para la la preservación, promoción, desarrollo y control de las actividades productivas, para el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos, promoviendo la internalización de la economía provincial y teniendo presente el desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo de los distintos sectores y regiones económicas de la provincia. En esencia, intenta la búsqueda de acciones que permitan enfrentar a una economía cada vez más globalizada, fijando los objetivos a alcanzar en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ofrecen los mercados para la recepción de productos mendocinos.
Las designaciones de quienes quedaron al frente del nuevo ministerio no fueron casuales. Primero se nombró a José Luis Álvarez, un hombre con un profundo conocimiento de nuestra principal industria, la vitivinícola y luego, con su postulación y aprobación para presidir Irrigación, Agroindustria y Tecnología pasó a ser gestionado por Marcelo Barg, que había desarrollado una interesante tarea en el plan de integración de productores, en la Coviar, a través de su capacidad de gestión ante los organismos internacionales. Ambos funcionarios tuvieron una favorable recepción en los distintos estamentos de la industria y la producción y se consideraba que el trabajo mancomunado con los sectores permitiría a Mendoza mejorar su producción y ampliar los mercados internacionales.
Sin embargo, los hechos de los últimos tiempos se están dando de bruces con las buenas intenciones de planificar o desarrollar objetivos a mediano y largo plazo. Es que, como consecuencia de la implementación de cuestionadas políticas nacionales, el Ministerio se ha visto obligado a modificar su función y convertirse en mero receptor de problemas y gestor en la búsqueda de soluciones, ante decisiones que castigan a la economía local.
Los ejemplos sobran, como lo que sucede con el durazno enlatado que se exporta a Brasil, en razón de que ese país está volviendo a aplicar las licencias automáticas para el ingreso de la producción argentina. Brasil es el principal mercado hacia el cual va dirigida la producción de duraznos y cualquier medida que adopte irá en detrimento de la competitividad de nuestros productos, más aún cuando los exportadores chilenos ingresan sin restricción en materia de licencias y también cuentan con arancel cero, a pesar de que Chile no es miembro integrante del Mercosur.
En la industria vitivinícola, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, las demoras producidas con los reintegros por exportaciones, las trabas para la salida de dólares y el acortamiento de los plazos para el ingreso de dólares al país por las mercaderías exportadas, no han hecho más que poner trabas a una industria que venía en permanente crecimiento y que ha visto frenado ese avance por cuestionables medidas nacionales.
En ese marco de situación, es el ministro de Agroindustria y Tecnología quien recepta las inquietudes para trasladarlas a sus pares nacionales, a los efectos de alcanzar soluciones. Así entonces, los objetivos que se habían fijado para el funcionamiento del organismo se ven desplazados para tender a convertirse en una simple oficina de recepción de reclamos. Lamentable.
De acuerdo con la ley de su creación, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología (ex Producción, Tecnología e Innovación) del gobierno de Mendoza tiene por objetivo asegurar las herramientas tecnológicas, financieras, logísticas y energéticas necesarias que permitan provocar un shock exportador innovador, sustentable y distributivamente equitativo.
Es el encargado -dice- de la formulación de las políticas y de la ejecución de acciones de gobierno para la la preservación, promoción, desarrollo y control de las actividades productivas, para el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos, promoviendo la internalización de la economía provincial y teniendo presente el desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo de los distintos sectores y regiones económicas de la provincia. En esencia, intenta la búsqueda de acciones que permitan enfrentar a una economía cada vez más globalizada, fijando los objetivos a alcanzar en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ofrecen los mercados para la recepción de productos mendocinos.
Las designaciones de quienes quedaron al frente del nuevo ministerio no fueron casuales. Primero se nombró a José Luis Álvarez, un hombre con un profundo conocimiento de nuestra principal industria, la vitivinícola y luego, con su postulación y aprobación para presidir Irrigación, Agroindustria y Tecnología pasó a ser gestionado por Marcelo Barg, que había desarrollado una interesante tarea en el plan de integración de productores, en la Coviar, a través de su capacidad de gestión ante los organismos internacionales. Ambos funcionarios tuvieron una favorable recepción en los distintos estamentos de la industria y la producción y se consideraba que el trabajo mancomunado con los sectores permitiría a Mendoza mejorar su producción y ampliar los mercados internacionales.
Sin embargo, los hechos de los últimos tiempos se están dando de bruces con las buenas intenciones de planificar o desarrollar objetivos a mediano y largo plazo. Es que, como consecuencia de la implementación de cuestionadas políticas nacionales, el Ministerio se ha visto obligado a modificar su función y convertirse en mero receptor de problemas y gestor en la búsqueda de soluciones, ante decisiones que castigan a la economía local.
Los ejemplos sobran, como lo que sucede con el durazno enlatado que se exporta a Brasil, en razón de que ese país está volviendo a aplicar las licencias automáticas para el ingreso de la producción argentina. Brasil es el principal mercado hacia el cual va dirigida la producción de duraznos y cualquier medida que adopte irá en detrimento de la competitividad de nuestros productos, más aún cuando los exportadores chilenos ingresan sin restricción en materia de licencias y también cuentan con arancel cero, a pesar de que Chile no es miembro integrante del Mercosur.
En la industria vitivinícola, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, las demoras producidas con los reintegros por exportaciones, las trabas para la salida de dólares y el acortamiento de los plazos para el ingreso de dólares al país por las mercaderías exportadas, no han hecho más que poner trabas a una industria que venía en permanente crecimiento y que ha visto frenado ese avance por cuestionables medidas nacionales.
En ese marco de situación, es el ministro de Agroindustria y Tecnología quien recepta las inquietudes para trasladarlas a sus pares nacionales, a los efectos de alcanzar soluciones. Así entonces, los objetivos que se habían fijado para el funcionamiento del organismo se ven desplazados para tender a convertirse en una simple oficina de recepción de reclamos. Lamentable.