Un mercado muy distorsionado
* Por Fernando García Soto. La versión 2011 de la ya tradicional crisis energética argentina llegó temprano esta vez, aunque con ciertas contemplaciones, porque no se presentó el escenario de frío extremo para todo el país que preveía el Gobierno nacional. Mientras las temperaturas aún eran templadas, el Enargas decidió, el viernes 24 de junio, que era oportuno cortarle totalmente el gas a las industrias del país, para compensar el desbalance energético en el sistema interconectado.
La medida generó reacciones de todo tipo, y desnudó un esquema de medias verdades y medias mentiras, con beneficios -que no se admiten- a algunos, y un discurso oficial plagado de dudas y contradicciones. El Gobierno central dispuso la restricción a la industria, pero la disposición nunca llegó a materializarse del todo. Dado que Tucumán es la provincia con mayor cantidad de fábricas que demandan el fluido para funcionar -ingenios, citrícolas, textiles, papelera, automotriz, etcétera-, la oposición a la medida fue inmediata y absoluta, tanta que el gobernador, José Alperovich, atosigó a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para que comprendieran que el fuerte de la actividad industrial es estacional, y que el tiempo de producción que se desaprovecha ahora no se podrá recuperar cuando sobre el gas, y de paso les dijo que los gremios de las empresas que pararían sus tareas estaban dispuestos a incendiar la provincia. Un detalle no menor en tiempos electorales.
En ningún momento se dijo oficialmente que las industrias tucumanas estaban eximidas del sacrificio energético, pero algo de gas podían tomar de la red. Alperovich agradeció públicamente al Gobierno nacional por el beneficio de haber hecho una excepción con la industria tucumana. Mientras, funcionarios de Energía se ocupaban de desmentir a medios nacionales de comunicación que aseguraban que en Tucumán el recorte había dejado un saldo de nada menos que 20.000 trabajadores del citrus y del azúcar suspendidos, cosa que no ocurrió, porque las fábricas siguieron en marcha. Varios funcionarios salieron a rebatir las críticas por la restricción, que buscaba favorecer los crecientes consumos residenciales de gas en detrimento de las industrias. El ministro de Planificación, Julio de Vido, formuló una definición que aclara y confunde a la vez: "durante ocho años hemos mantenido una política tarifaria que le ha permitido a la población mantener y ampliar su consumo en cantidad y calidad de aparatos instalados, en el marco de un programa de uso racional de la energía". No queda claro de qué manera se puede impulsar el aumento de la demanda de energía en un marco de un programa que pretende un uso racional del recurso. De Vido también intentó minimizar el impacto del recorte, al afirmar que la Argentina "tiene más de 12.000 industrias y las que tienen problemas con el gas son unas 300". Finalmente, tanto el funcionario como la presidenta Cristina Fernández destacaron que los industriales que no quieran soportar cortes en el invierno tienen acceso al programa Gas Plus, que les permite tener los volúmenes de gas que requieran, a un precio diferencial al subsidiado que está hoy en el mercado. Los industriales tucumanos, viejos conocedores del paño, se preguntaron si esta vez habría que creerle al Gobierno cuando habla de gas "garantizado", dado que el fluido "restringido" tenía esa condición. En el medio, se firmó un contrato para que Qatar provea de gas licuado durante 20 años a la Argentina, con un costo de U$S 50.000 millones, medida que fue cuestionada desde la oposición. Se busca llevar tranquilidad a la inversión, pero a un costo multimillonario que demuestra desesperación por resolver de un plumazo la situación de un mercado distorsionado por tantas intervenciones estatales y por el desaliento a la inversión privada.