Un largo abuso en el Perú
* Por Emilio J. Cárdenas. En 1969, la desastrosa dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado expropió –mediante la ley de Reforma Agraria N° 17.716– lo sustancial de las tierras agrícolas peruanas y ordenó el pago de su "justiprecio" a sus dueños mediante la emisión de bonos del Estado peruano por unos 1.000 millones de "soles oro".
Los propietarios de las fincas agropecuarias que superaban las 150 hectáreas fueron –de esa manera– desposeídos, quedando en una total indefensión. Con anterioridad, cabe recordar, una ley de 1964, sancionada durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde, abrió las puertas a la arbitrariedad posibilitando –ya entonces– la expropiación de los llamados "latifundios", entregándolos a quienes –como contratistas u ocupantes– los estaban explotando.
Así se destruyó, en los hechos, al pujante sector rural peruano –demoliéndolo, incesantemente– y se sumió a sus dueños –y, peor aún, a la población rural peruana en general– en la peor de las miserias. Los expropiados no recibieron nunca lo que les correspondía, transformando la medida en una auténtica confiscación, que lamentablemente hasta ahora no ha sido corregida. Lo que enturbia la buena imagen del país.
Apenas el 24,4% de las tierras confiscadas por Velasco Alvarado fue adjudicado a nuevos dueños, con frecuencia en forma de cooperativas. Procediendo con saña y resentimiento sin par, hasta la tradicional "Sociedad Nacional Agraria" –el gremio que agrupaba a los principales productores rurales– fue expresamente liquidada y desmantelada en 1972, de modo que no pudiera siquiera defender, en modo alguno, los intereses de los expropiados, en su conjunto.
Cuando el mandato del presidente Alan García estaba por culminar, hace apenas un par de semanas, la Comisión Permanente del Congreso, encabezada por su presidente, el "aprista" Aníbal Huerta, dispuso el pago de esos bonos mediante una emisión especial de bonos soberanos a 30 años de plazo por la que se los canjearía luego de que los valores de los bienes expropiados fueran recalculados (actualizándolos) y certificados.
Así se ponía en marcha un postergado acto de justicia que supone que el Estado peruano –nada menos que cuarenta años después de haber confiscado las tierras rurales– está dispuesto a honrar sus propias deudas. Y respetar el Estado de derecho. Lo que debería haber sucedido ciertamente mucho antes.
Hoy, cabe recordar, existen grupos de inversores extranjeros, como "Gramercy", que serían tenedores de un porcentaje de los bonos de la reforma agraria, que tendrían algo así como la quinta parte de esos papeles. No es lo ideal, pero suele suceder cuando sus titulares originales quedan ahogados.
Los dirigentes de la fuerza política que lidera Ollanta Humala, "Gana Perú", pusieron de inmediato el grito en el cielo, sosteniendo que se les imponía una verdadera "bomba de tiempo", por la "presión" que lo dispuesto ejercería sobre los recursos del Tesoro Nacional, sin manifestar en cambio preocupación alguna por la situación de postergación y total abandono de los ex propietarios, cuyos activos rurales fueron confiscados por la resentida dictadura militar.
No obstante, Alan García observó, esto es vetó, la norma aprobada en el Congreso y evitó que la dilatada cuestión pueda ser resuelta, difiriendo una vez más hacia adelante la solución del tema. Como si las víctimas de lo sucedido no tuvieran derecho alguno, lo que obviamente no le hace ningún bien a la "imagen externa" del Perú.
Especialmente cuando, además, su gobierno sujeta increíblemente a las indemnizaciones que paga como "justiprecio" de lo expropiado al impuesto a la renta, con lo que efectivamente confisca por segunda vez un 30% del ese presunto "justiprecio", lo que es todo un absurdo abuso.
En nuestro país, por el contrario, las indemnizaciones por expropiación están exentas de todo impuesto por disposición específica de la ley respectiva. Perú, en cambio, pretende confiscar descaradamente parte de la misma a través de su normativa del impuesto a la renta, como se ha dicho. A diferencia de lo ocurrido en la Argentina, cuando la Corte Suprema entendiera que eso es ilegal, ésta sigue siendo la insólita situación peruana.
En el Perú queda una importante materia pendiente –por resolver entonces– que no le hace nada bien a su imagen externa, ni naturalmente tampoco a su "Estado de derecho". Un largo abuso, generador de una tremenda injusticia, sigue vigente, sin resolverse. Lo que es inexplicable.
(*) Ex embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
EMILIO J. CÁRDENAS (*)