Un instrumento necesario para la ciudad
*Por Gustavo Rebord y Sebastián Rosa. Finalmente fue aprobado el Banco de Inmuebles. Se cierra así una etapa en la vida de un proyecto que se viene madurando desde 2008 en el Ejecutivo municipal.
Y que, a su vez, se originó en experiencias similares llevadas adelante en otros municipios argentinos, a fin de enfrentar un problema común: la falta de tierra urbanizada apta para usos sociales.
Sin ahondar en las complejidades del tema, que tienen relación con procesos urbanos y del mercado de suelo, podemos afirmar que se trata de un debate de amplia relevancia en nuestra ciudad, ya que afecta a un elevado porcentaje de la población de sectores socioeconómicos pobres y medios, y que se agrava con el tiempo.
Tampoco pretende el Banco de Inmuebles constituirse en una herramienta definitiva para la resolución de un problema que requiere del concurso de otras herramientas y otros actores sociales e institucionales. Pero sí consideramos que puede brindar al municipio numerosas ventajas.
La primera tiene que ver con que la Municipalidad de Córdoba genere una política preventiva, que complemente las de carácter curativo, como la de regularización urbana y dominial.
En este sentido, puede verse al Banco como un soporte de otras políticas municipales de vivienda, educación, salud y espacio público. Se espera que el Banco convierta al municipio en un actor del mercado de suelo de la ciudad, incidiendo en su regulación, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a los terrenos urbanizados.
Mediante la creación de una comisión intramunicipal, será posible centralizar la información y la toma de decisiones en cuanto a la tierra que constituye el patrimonio municipal, para poder planificar su uso de manera anticipada y armonizada, y hacer más eficiente su administración y control.
También se crea un consejo asesor del Banco, constituido por entes municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Ello asegura la transparencia de lo actuado y de donde pueden surgir propuestas innovadoras para nuevas operatorias.
Se busca agilizar la captación de inmuebles ociosos, usando todos los mecanismos existentes: la concertación público-privada, el canje por deuda impositiva y otros. Si a esto se incorpora la exigencia de donación del cinco por ciento de la superficie parcelada en las nuevas urbanizaciones, podemos prever que el Banco se podrá capitalizar en disponibilidad de inmuebles.
Es importante la creación de un registro de postulantes (que podrán ser personas físicas u organizaciones sociales), donde se establecen condiciones claras, explícitas y equitativas, así como criterios de priorización consensuados, que apuntan a mejorar la transparencia del proceso de adjudicación.
A partir de la sanción de esta ordenanza, Córdoba se pone a tono con los paradigmas más avanzados en cuanto a la concepción del derecho a la ciudad, entendido como la posibilidad de que todos sus habitantes puedan adquirir la categoría de ciudadanos, mediante el acceso a un bien indispensable como es la tierra para vivienda.
Creemos que es una función ineludible del Estado local asumir la responsabilidad de atender esta problemática por lo que el Banco, aun con sus limitaciones, es una de las herramientas que hoy tiene a su disposición y que sería deseable convertir en política de Estado.
Creemos firmemente, tal como dice el arquitecto Raúl Fernández Wagner, que "la inclusión social es igual a la inclusión espacial".