Un horno caliente
Por Roberto García* CFK lanzó nuevo tope de aumento salarial. La petrolera se complica. Los empresarios están alertas y con más dudas.
Sube la temperatura del horno, aportan carbón y leña los gremios. Domina el litigio Gobierno-sindicatos sobre la nueva conducción de la CGT, esa cambiante fotografía en la cual un día Hugo Moyano aparece confirmado en su reelección y, al otro, lo registran hundido en la soledad. Si bien es probable que se confirme la posibilidad de dos CGT, no queda resuelto lo principal: habrá cambio de interlocutores, de personajes, pero el fondo de la demanda (el dinero de las obras sociales, los reajustes salariales y la presión impositiva sobre obreros con mejores recursos) persistirá. Por más que el jefe camionero, quien ha perdido sordamente algunos negocios al tiempo que se le deprimen otros, sea un adorable conejito de Indias para el Club de Harvard o que la prensa concentrada ya no tema por sus violentos excesos y, por tanto, se olvide de retratarlo con las manos ensangrentadas. Del mismo modo que Antonio Caló, el metalúrgico sumiso, si es elegido al frente de la CGT no podrá alcanzar el nivel de un dirigente combativo, por mayor empeño que en esa tarea demuestren los medios de comunicación oficiales.
En ese jaleo de odios, rencores y viejas relaciones, interviene además la pugna por el porcentaje de aumentos salariales que determinarán estas tardías paritarias. A pesar de que hoy el número para subir los salarios no brota de la negociación, más bien se discute una imposición oficial: la Presidenta, dicen empresarios y gremialistas, se encargó esta semana de exigir que la lucha entre metalúrgicos y patronales se dirima en un incremento del 22% (y sin adicionales). Así lo instruyeron a Carlos Tomada cuando dialogaba con Caló. Desde la Casa Rosada llegó la orden, curiosa porque Ella había sostenido en tres discursos que no se le ocurriría fijar un tope para las tratativas salariales, de que las paritarias son libres. Pero la inflación puede más y los síntomas en la sociedad empiezan a inquietar. Si no fuera así, las partes pelearían por condiciones laborales y productividad, en lugar de aumentos.
Sí sorprende la velocidad del cambio: desde que asumió –y en forma radical en algunos casos– Cristina modificó criterios sobre las negociaciones con los organismos internacionales, pasó de una punta a la otra al expresarse sobre YPF y la política energética (alteración que afecta particularmente a Julio De Vido, también preocupado por las derivaciones judiciales de la tragedia ferroviaria de Once) y, si se planteaba reducir subsidios para embellecer la ecuación fiscal, esa teoría la abandonó en un olvidadizo desván: sea por el disgusto en la población advertido en las encuestas o por la sugerencia de ascendentes estrellas de la economía que le recomendaron no distraer fondos que castigarían al consumo, fuente de la existencia del "modelo". Finalmente, Paul Krugman es una enseñanza reiterativa: no se debe dejar de gastar, en las malas o en las buenas.
El sector empresario –en alerta por la baja de la actividad económica– acompaña pero pregunta: ¿seguirán las expropiaciones o ese fenómeno se detuvo con YPF? Siguen los interrogantes: ¿habrá alguna sanción al país por esa medida? o ¿tendrá el nuevo management la capacidad suficiente para modificar la curva negativa de producción en la compañía?
Mantienen la confianza en el ingeniero a cargo, Miguel Galuccio, aunque no se consideran felices sus declaraciones iniciales (con relación a la prioridad de invertir en pozos viejos: consideran una forma quizás de tirar la plata) y los especialistas le revisan la carrera con lupa: un ingeniero del prestigioso ITBA de hoy no es lo mismo que otro egresado en los 90, cuando la Marina empezaba a buscar excelencia con ese instituto y no proveía especialistas en petróleo; la vida del nuevo funcionario estuvo dedicada al universo de una firma (Schulemberg) especializada en la venta de servicios petroleros, no a la exploración y explotación que demanda YPF. Le falta sísmica, pueden alegar, pero imaginan que ese impedimento no opacará sus explicaciones a Cristina sobre ciertas debilidades argentinas, como el elevado costo de funcionamiento industrial y la disparidad abrumadora que genera el actual tipo de cambio.
También iluminará a la mandataria con la diferencia entre "reservas" y "recursos" y, para mayor desánimo presidencial, lo que le sobra en dinero a Brasil para la actividad y lo que le falta a la Argentina. El reclamo por precios y garantías vendrá a cargo de los posibles participantes en joint-ventures.
Casi nadie cree en una represalia efectiva contra el país, aunque se entiende que Repsol puede disponer de ciertas ventajas por haberse saltado el Gobierno ciertos pasos. Igual, los colaboradores de Axel Kicillof avanzaron en la pesquisa de números contables para demostrar que Repsol cometió "vaciamiento", que se proponía liquidar activos como mecanismo para abandonar el país, al estilo de otros españoles con Aerolíneas. Si el origen del funcionario fuera el universo petrolero, hasta podría rebuscar en otras decisiones estratégicas de la empresa que afectaron más su salud que el giro de dividendos (trueque de áreas). Cualquier lectura ligera promueve la responsabilidad de algún hombre del Gobierno que no aplicó inteligencia para impedir este deterioro. Esa dirección obvia sobre un ministro y otros funcionarios tropieza con un escollo: no fueron ellos los que determinaron la pesificación del gas, el mantenimiento de tarifas absurdas y el desincentivo a la inversión. De ahí que esa parte de la investigación quizá quede congelada, el acusado no está.
En cuanto a expropiaciones y a la tendencia inercial de semejarse a otros Estados populistas, la opinión aparece dividida entre los empresarios: algunos creen en la palabra presidencial de no continuar con esa política, otros no se convencen y los más prácticos entienden que hay situaciones –como la de las eléctricas o las transportadoras de gas– que tal vez deriven en intervenciones. O, por razones políticas y hasta por necesidades de caja y prestigio, se intente proceder para que el Estado se haga cargo de actividades cuestionadas como el juego. Sería un serio golpe para los ingresos de Mauricio Macri y Daniel Scioli –también para otras provincias– y la demostración de que el avance de CFK no repara en amistades. Pero esto, por ahora, son simples y picantes comentarios en esa atribulada franja de la sociedad.
En ese jaleo de odios, rencores y viejas relaciones, interviene además la pugna por el porcentaje de aumentos salariales que determinarán estas tardías paritarias. A pesar de que hoy el número para subir los salarios no brota de la negociación, más bien se discute una imposición oficial: la Presidenta, dicen empresarios y gremialistas, se encargó esta semana de exigir que la lucha entre metalúrgicos y patronales se dirima en un incremento del 22% (y sin adicionales). Así lo instruyeron a Carlos Tomada cuando dialogaba con Caló. Desde la Casa Rosada llegó la orden, curiosa porque Ella había sostenido en tres discursos que no se le ocurriría fijar un tope para las tratativas salariales, de que las paritarias son libres. Pero la inflación puede más y los síntomas en la sociedad empiezan a inquietar. Si no fuera así, las partes pelearían por condiciones laborales y productividad, en lugar de aumentos.
Sí sorprende la velocidad del cambio: desde que asumió –y en forma radical en algunos casos– Cristina modificó criterios sobre las negociaciones con los organismos internacionales, pasó de una punta a la otra al expresarse sobre YPF y la política energética (alteración que afecta particularmente a Julio De Vido, también preocupado por las derivaciones judiciales de la tragedia ferroviaria de Once) y, si se planteaba reducir subsidios para embellecer la ecuación fiscal, esa teoría la abandonó en un olvidadizo desván: sea por el disgusto en la población advertido en las encuestas o por la sugerencia de ascendentes estrellas de la economía que le recomendaron no distraer fondos que castigarían al consumo, fuente de la existencia del "modelo". Finalmente, Paul Krugman es una enseñanza reiterativa: no se debe dejar de gastar, en las malas o en las buenas.
El sector empresario –en alerta por la baja de la actividad económica– acompaña pero pregunta: ¿seguirán las expropiaciones o ese fenómeno se detuvo con YPF? Siguen los interrogantes: ¿habrá alguna sanción al país por esa medida? o ¿tendrá el nuevo management la capacidad suficiente para modificar la curva negativa de producción en la compañía?
Mantienen la confianza en el ingeniero a cargo, Miguel Galuccio, aunque no se consideran felices sus declaraciones iniciales (con relación a la prioridad de invertir en pozos viejos: consideran una forma quizás de tirar la plata) y los especialistas le revisan la carrera con lupa: un ingeniero del prestigioso ITBA de hoy no es lo mismo que otro egresado en los 90, cuando la Marina empezaba a buscar excelencia con ese instituto y no proveía especialistas en petróleo; la vida del nuevo funcionario estuvo dedicada al universo de una firma (Schulemberg) especializada en la venta de servicios petroleros, no a la exploración y explotación que demanda YPF. Le falta sísmica, pueden alegar, pero imaginan que ese impedimento no opacará sus explicaciones a Cristina sobre ciertas debilidades argentinas, como el elevado costo de funcionamiento industrial y la disparidad abrumadora que genera el actual tipo de cambio.
También iluminará a la mandataria con la diferencia entre "reservas" y "recursos" y, para mayor desánimo presidencial, lo que le sobra en dinero a Brasil para la actividad y lo que le falta a la Argentina. El reclamo por precios y garantías vendrá a cargo de los posibles participantes en joint-ventures.
Casi nadie cree en una represalia efectiva contra el país, aunque se entiende que Repsol puede disponer de ciertas ventajas por haberse saltado el Gobierno ciertos pasos. Igual, los colaboradores de Axel Kicillof avanzaron en la pesquisa de números contables para demostrar que Repsol cometió "vaciamiento", que se proponía liquidar activos como mecanismo para abandonar el país, al estilo de otros españoles con Aerolíneas. Si el origen del funcionario fuera el universo petrolero, hasta podría rebuscar en otras decisiones estratégicas de la empresa que afectaron más su salud que el giro de dividendos (trueque de áreas). Cualquier lectura ligera promueve la responsabilidad de algún hombre del Gobierno que no aplicó inteligencia para impedir este deterioro. Esa dirección obvia sobre un ministro y otros funcionarios tropieza con un escollo: no fueron ellos los que determinaron la pesificación del gas, el mantenimiento de tarifas absurdas y el desincentivo a la inversión. De ahí que esa parte de la investigación quizá quede congelada, el acusado no está.
En cuanto a expropiaciones y a la tendencia inercial de semejarse a otros Estados populistas, la opinión aparece dividida entre los empresarios: algunos creen en la palabra presidencial de no continuar con esa política, otros no se convencen y los más prácticos entienden que hay situaciones –como la de las eléctricas o las transportadoras de gas– que tal vez deriven en intervenciones. O, por razones políticas y hasta por necesidades de caja y prestigio, se intente proceder para que el Estado se haga cargo de actividades cuestionadas como el juego. Sería un serio golpe para los ingresos de Mauricio Macri y Daniel Scioli –también para otras provincias– y la demostración de que el avance de CFK no repara en amistades. Pero esto, por ahora, son simples y picantes comentarios en esa atribulada franja de la sociedad.