Un grave retroceso para la lucha por la libertad de expresión en América

El consistente proceso de democratización que se vivió en las últimas décadas en América latina, sobre todo en varias repúblicas que se vieron castigadas por una sucesión de autoritarismos, con crímenes y persecuciones hacia quienes no pensaban como los gobiernos de turno, acaba de experimentar un lamentable retroceso en Ecuador ante una sentencia judicial que, en la práctica, pone punto final a la libertad de expresión en ese país.

Ha sido el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el que logró impulsar una dura condena judicial por injuria contra los dueños del tradicional diario de Guayaquil, "El Universo", en el marco de su ofensiva contra la prensa independiente de ese país, a la que acusa de "corrupta" y de conspirar contra su gobierno. Un juez de primera instancia condenó el miércoles pasado a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares al director del matutino, César Pérez, a los subdirectores Carlos y Nicolás Pérez, y al ex editor de opinión Emilio Palacio, a raíz de una columna escrita por este último.

El director del diario sancionado, fundado en Guayaquil hace 90 años, consideró que la sentencia, rechazada por varias organizaciones internacionales, "es para callarnos". El juez "quiere que nos tiemble la mano cuando escribamos sobre actos de corrupción o caer en lo peor, la autocensura", afirmó.

Esta condena -sin duda desproporcionada y sospechosa- es un nuevo capítulo de un largo proceso en el que la prensa ecuatoriana se ha visto atropellada en intentos gubernamentales por condicionarla y asfixiarla. Ya se habían producido, en este sentido, numerosas advertencias y denuncias en ámbitos internacionales.

La magnitud de la sanción pecuniaria hace presumir -como así lo han denunciado desde varios sectores- que el Gobierno ecuatoriano quiere quedarse con el diario, consumándose de esa manera la virtual confiscación de un medio que mantiene posturas propias frente a un oficialismo que no admite divergencias. El objetivo de Correa es apoderarse del diario "El Universo", dijo uno de los periodistas de ese medio.

Los diarios "El Comercio" y "Hoy", de Ecuador, circularon anteayer con sus páginas editoriales en blanco, en repudio a la sanción contra los propietarios y un ex editor del diario "El Universo", condenados por injurias calumniosas en contra del presidente Correa. Un día después de conocerse el dictamen, "El Universo", el diario más vendido del país, publicó su portada en blanco con un recuadro bajo el título de "Condenados".

En reacción al fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que llama a las autoridades judiciales de Ecuador a resolver el caso "de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos". Por su parte, Human Rights Watch sostuvo que la sentencia viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador y debe ser revocada.

"La condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión en Ecuador", afirmó el director para las Américas de esa entidad.

Asimismo ADEPA condenó enérgicamente tanto la resolución judicial "como las acciones que sistemáticamente viene promoviendo el presidente Correa contra el periodismo independiente, y advierte que no sólo producen un enorme menoscabo a la democracia de Ecuador, sino que además constituyen una señal de alerta para toda América latina en la medida que ponen de manifiesto, una vez más, la vigencia de una cultura política que pretende imponer un único discurso y que amenaza a la libertad de expresión en algunos países de la región".

Sería lamentable que los gobernantes ecuatorianos hubieran elegido regresar a formas despóticas de gobierno, dando así un paso atrás en la lucha por la vigencia de los principios constitucionales que consagran la libertad de expresión. Se trata de una actitud desafortunada para ese país hermano, dolorosa para su pueblo y muy preocupante para el continente. En verdad, causa desasosiego que un gobierno elegido por el voto popular se esfuerce para evitar que el pueblo pueda elegir dónde informarse y qué opinar -con entera libertad- de todas y cada una de las medidas que ese gobierno adopte.