Un corte sin aval presidencial
Las duras críticas que provocó una medida de fuerza sorprenden por la histórica permisividad oficial ante las protestas.
El martes pasado, entre las 11 y las 14, un grupo de peones rurales agrupados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) cortaron la autopista Riccheri, en protesta por la falta de homologación de acuerdos salariales por parte del Ministerio de Trabajo. Se trató de un episodio más de avasallamiento del espacio público, entre los miles que se pueden contabilizar sólo en estos últimos años. Sin ir más lejos, sólo durante octubre se registraron 321 cortes callejeros y piquetes, según la consultora Diagnóstico Político. Es por ello que sorprendió la enérgica reacción presidencial, que condenó en duros términos la manifestación.
Cristina Fernández de Kirchner calificó de "mamarracho" y "cocoliche" la protesta, y agregó que merecemos otro tipo de prácticas para las protestas políticas, gremiales o sociales. "No se priven de hacerlo, pero háganlo sobre la vereda, en una plaza; está la Plaza de Mayo", señaló. También cuestionó la cantidad de manifestantes, ya que no superaban los 50.
Las declaraciones causaron asombro, pues contrastan palmariamente con la permisividad que ha expuesto tradicionalmente el oficialismo ante esta problemática. A lo largo de más de 8 años, el Gobierno contempló en forma cómplice cómo las calles, rutas y demás vías públicas eran cortadas por toda clase de protestas, sin reparar en el motivo, la forma de realizarla o el número de manifestantes, e incluso si éstos llevaban palos, estaban encapuchados o realizaban desmanes causando graves daños. Así, por ejemplo, la Panamericana ha sido bloqueada en forma total en infinidad de oportunidades, en horarios clave, por trabajadores que no superaban en número a los policías destinados a contenerlos. Muchas otras veces los cortes de calles y el caos vehicular han tenido origen en motivos que irritan a la ciudadanía, como la protesta de hinchas de Independiente por populares agotadas para el clásico o en solidaridad por el cierre de una planta en Tailandia, como sucedió en 2007 en el barrio de Belgrano. Ninguno de ellos motivó comentario alguno de funcionarios sobre su legitimidad.
El corte del puente de Gualeguaychú, respaldado por el Gobierno, que calificó la protesta como "causa nacional", ha sido el fiel reflejo de la inoperancia oficial para resolver este tipo de manifestaciones. Durante muchos años se permitió que un grupo de asambleístas se arrogara la facultad de controlar el paso de un puente internacional, ocasionando un doloroso distanciamiento con un país hermano como Uruguay. Desde las más altas esferas gubernamentales se ha transmitido a la sociedad el nocivo mensaje de que todo está permitido bajo el falso pretexto de "no criminalizar la protesta social".
Es de esperar que las declaraciones de nuestra Presidenta no se justifiquen por un ataque a un dirigente opositor, aliado de Eduardo Duhalde, como Gerónimo Venegas, titular de la Uatre, sino que sean el comienzo de una nueva etapa de mesura, razonabilidad y, sobre todo, apego a la ley y a la Constitución.