Un caso que debe ser aclarado
Las sospechas sobre un funcionario del Gobierno provincial deberían llevarlo a alejarse de su cargo y esperar una decisión de la Justicia sobre las denuncias que pesan en su contra.
El principio de inocencia, que tiene rango constitucional, beneficia a cualquier ciudadano hasta que se demuestre judicialmente lo contrario; es decir, que haya sido culpable de la comisión de un delito. Incluso un procesado puede ser declarado inocente en virtud de otro principio –el beneficio de la duda–, cuando los jueces no encuentran pruebas suficientes para declararlo culpable.
De tal modo, no caben los "escraches" anticipados a quienes han sido denunciados por diferentes vías y están siendo investigados por la Justicia. Lo que sí cabe –esto vale tanto para el Estado como para los medios de comunicación– es que esa investigación se lleve cabo en forma exhaustiva para determinar la exacta verdad, y que se declare la inocencia o culpabilidad del acusado en cuestión.
Es lo que sucede con el actual director del Observatorio de Salud de la Provincia de Córdoba, Carlos Laje, quien fue acusado por un abogado español y luego por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de haber realizado maniobras fraudulentas cuando se desempeñaba como uno de los coordinadores del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (Proaps), aplicado en varias provincias y financiado por el BID entre 2002 y 2007.
Sin entrar en detalles sobre el caso, lo cierto es que en la fiscalía de 2ª Nominación del fuero Penal, Económico y Anticorrupción existen muy pocos avances sobre el tema, tanto por un problema de jurisdicciones y competencias con la Justicia española como por falta de una información completa sobre las supuestas irregularidades denunciadas. Pero también es cierto que el BID sancionó e inhabilitó a los médicos argentinos Carlos Laje y Enrique Rozenblat por supuestas operaciones ilegales realizadas en connivencia con algunas de las autoridades de la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp). El entonces director de la sede uruguaya de ese organismo español, el abogado José Castro, fue quien denunció que Laje y Rozenblat fueron contratados por la Easp, con remuneraciones de seis mil euros cada uno, a cambio de que le adjudicaran a ese organismo una consultoría del Programa de Reforma de la Asistencia Primaria de la Salud de Córdoba, por casi medio millón de pesos. Sucede que esta compleja trama tiene un claro costado político, ya que Laje es familiar del ex gobernador y eventual candidato por el peronismo al mismo cargo en los próximos comicios, José Manuel de la Sota, y fue contratado durante su última gestión.
Pero es preciso separar la cuestión política de la estrictamente judicial.
Lo que no parece tener explicación, de todos modos, es que Laje siga ocupando funciones en el Gobierno de Córdoba, cuando lo normal sería que se alejara de su cargo hasta que se aclare judicialmente su situación, dicho sea esto sin abrir juicio previo sobre su inocencia o culpabilidad.