Un aporte para la sana política
La decisión presidencial de combatir en persona la corrupción que se perpetra mediante sesudos pedidos de aportes para el partido oficial debe ser canalizada por los organismos constitucionales.
Que la presidente de la República aconseje a uno de los principales banqueros del país que si alguien del Gobierno se atreve a pedirle lo que se denomina un "aporte para la política", se lo comunique a ella en persona, es realmente grave.
Al parecer, Cristina Fernández tiene escasa confianza en el desempeño de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, porque quedaron parcialmente desactivadas por los manoseos de su personal y los recortes de atribuciones realizados durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner. Tampoco dispensaría credibilidad en organizaciones no gubernamentales (ONG), que llevan años de tarea estéril contra esa gangrena moral. Ni creería en la misión que debe cumplir la Justicia en analizar y promover el esclarecimiento y la persecución y sanción de los delitos de corrupción.
Se ha denunciado hasta el hartazgo que el diligenciamiento de los expedientes abiertos por denuncias demora en promedio más de una década y se cierra de manera invariable por prescripción, favorecidos por la generosa ley 25.590, que hizo sancionar y promulgó en tiempo récord el ex presidente Kirchner.
En teoría, el ministerio público y el Consejo de la Magistratura también deberían examinar la conducta de magistrados expertos en el arte del "cajoneo", pero es sabido que el ministerio público acciona y reacciona según el principio de la obediencia debida al Poder Ejecutivo, y el Consejo fue mutilado con la reforma impulsada por el ex presidente e impuesta por la entonces senadora nacional Cristina Fernández.
Con este entramado político-jurídico, es natural que la Argentina aparezca siempre entre los países latinoamericanos con uno de los más bajos índices de lucha efectiva contra la corrupción, justamente en una región donde esta enfermedad moral es endémica.
Bienvenida sea la decisión presidencial de combatir el "efecto Capaccioli", que destruyó la escasa transparencia que existía en materia de financiamiento del proselitismo político. Ese combate puede ser efectivo en un modelo fuertemente hegemónico como el actual, pero desde el punto de vista del saneamiento institucional es negativo. Porque sigue subrogando a los organismos de saneamiento que deben tener a su cargo esa tarea, desde los que integran el enmarañado organigrama del Poder Ejecutivo hasta la independencia de los otros dos poderes constitucionales del Estado.
Por lo demás, como se percibe y se padece cada día, el financiamiento ilegal del proselitismo oficialista se perpetra –a un costo jamás informado– con fondos del Estado, a través de la proliferación de la propaganda de los actos de gobierno, que no es otra cosa que la campaña publicitaria con vistas a la próxima elección presidencial.