Un amargo contrasentido
Es un exceso de irracionalidad que América del Sur, que presenta graves falencias económicas y sociales, se haya transformado en la región del mundo que más gasta en armamentos.
Existe un amargo contrasentido en la realidad sudamericana. En el resto del mundo, el gasto en armamento en 2010 se incrementó en 1.630 millones de dólares en relación con 2009, pero con una sustancial disminución respecto del gasto medio en la década precedente, cuando creció a un ritmo del cinco por ciento anual. En América del Sur, en tanto, se registró en los últimos 12 meses el mayor aumento en todo el planeta. Esta deplorable tendencia fue revelada en su habitual informe por el acreditado Instituto Internacional de Investigación para la Paz, de Estocolmo, Suecia (Sipri, según sus siglas en inglés).
Hay algo de irracional en esta tendencia, porque Sudamérica es una de las pocas regiones del mundo que no presenta hipótesis relevantes de conflicto armado inmediato. En cambio, las graves falencias que se presentan en la distribución de la riqueza deterioran de año en año la calidad de vida de sus habitantes: altos índices de mortalidad infantil, desnutrición y hambre en áreas endémicas, analfabetismo, deserción escolar, trabajo infantil y juvenil esclavo, discriminación salarial por género, colapsados sistemas de salud pública, expansiones incesantes de las villas de emergencia, de la inseguridad pública, del narcotráfico, de la corrupción estructural.
Este armamentismo es totalmente incomprensible y huérfano de racionalidad.
Parece ser que los gobiernos de la región, que viven una coyuntura positiva por el constante incremento de las cotizaciones internacionales de las commodities (materias primas), de las que América del Sur es una de las principales exportadoras mundiales, prefieren dilapidar una parte decisiva de los saldos favorables de sus balanzas de pagos para la compra de material bélico, postergando la atención de urgencias sociales.
Claro ejemplo de ello lo ofrece Brasil, que encabeza las estadísticas de rearme regional, con 33.500 millones de dólares, cuando es harto conocido que, a pesar de las buenas políticas de inserción social realizadas por Luiz Inácio "Lula" da Silva, sigue padeciendo elevados índices de exclusión.
El segundo lugar de la estadística del Sipri es ocupado por Colombia, con 10.500 millones. Ese gasto tendría una doble explicación: la lucha interminable que libra el país contra las organizaciones narcoterroristas y la fase de enconadas rispideces que se arrastraron durante años con Venezuela, hoy virtualmente desactivadas.
En cuanto a nuestro país, ocupa un lejano cuarto puesto, inmediatamente después de Chile, con 3.300 millones. Sería razonable que buena parte de esa suma hubiera sido invertida en la modernización de la red de radares, porque el territorio nacional se ha transformado en "zona liberada" para los narcotraficantes, una gangrena que sigue sin merecer del Gobierno la atención que la gravedad del problema exige.