Un agravio a los intereses del elector mendocino
Es cuanto menos un menosprecio a los mendocinos oír a algunos de los que se postulan como diputados nacionales, sincerarse casi con descaro como "soldados del poder central" o "militantes del proyecto nacional". Lo es peor aún, cuando la dirigencia partidaria local ha aceptado que los nombres o el orden en las listas, las disponga el círculo íntimo del poder central.
Las deformaciones de nuestro sistema democrático lo están convirtiendo en poco representativo de los intereses de las provincias, de los ciudadanos del interior. Esto es, ni más ni menos, lo que puede interpretarse de las formas de armado de muchas de las listas de candidatos partidarios para las próximas contiendas electorales.
Conformación de listas entre muy pocos, generalmente veteranos dirigentes con alta dependencia de los aparatos de los gobiernos ejecutivos -nacionales, provinciales y municipales- y sus recursos, para acotar la participación de los afiliados.
En las nominaciones e internas que se anticiparon a las elecciones primarias propuestas por el Gobierno nacional, quedó claro cómo esas deformaciones enclaustraron los destinos partidarios en pequeños círculos dirigentes e incluso en sucesiones familiares, en claro contraste con el fundamento democrático y el objetivo de los partidos.
Enfatizar en que un diputado nacional es "representante del pueblo de la Nación", es una frase que en las actuales circunstancias políticas lo único que pretende es minimizar su incidencia en la defensa de los intereses de la provincia de donde proviene.
En realidad, cuando el candidato es impuesto por el poder central, al único que representa es al partido que ejerce el gobierno nacional, no a la "Nación", ni a la provincia que lo lleva en sus listas.
Todo un despropósito y una degradación de la democracia representativa porque así los partidos se van transformando en poco representativos, en organizaciones centralistas y casi en una excusa formal.
La reciente nominación de los candidatos a diputados nacionales por Mendoza que, en el caso concreto del justicialismo, fue explícitamente retaceada de la voluntad electoral de los mendocinos por imposición de la Presidencia, es una evidencia de que la función de intermediación partidaria se encuentra cada vez más deslegitimada ante la opinión pública.
Se suceden los hechos que consolidan la convicción ciudadana de que la mayoría de sus representantes no utiliza su función de acuerdo con las necesidades y convicciones de la ciudadanía que lo elige -en este caso de Mendoza- sino con obediencia al poder partidario central, en beneficio de los grupos ocasionalmente en usufructo del poder político o incluso en provecho propio.
Esto agravado, claro, por la imposición de los candidatos que deben defender los intereses de los Estados provinciales y sus ciudadanos -que son anteriores a la Nación y la constituyen- desde la Presidencia y su mesa íntima.
Por esto no extraña la lenta agonía de la vocación participativa de la gente en el ejercicio partidario y, por ende, en los desgastados métodos de representación democrática, frente a dirigencias cerradas a las impostergables reformas.
Es urgente reformar estos criterios y estos métodos que desgastan el ejercicio democrático; construir una cultura política basada en los valores de la transparencia y de rendición de cuenta por parte de los funcionarios públicos y un ejercicio de la representatividad que satisfaga los intereses de los electores.
Esto implica democratizar los partidos en serio y modernizarlos para abrir nuevos canales de participación popular. Sin parlamento democrático de representación real e independencia institucional y sin federalismo político, la democracia puede resultar una parodia.