Trigo: éste, sí; éste, no
De confirmarse un arbitrario sistema comercial para vender el cereal, se dividiría a los productores en hijos y entenados.
La próxima cosecha de trigo por iniciarse dentro de un mes en el norte del país (para luego ser desplazada hacia el sur y finalizar en la primera quincena de enero al sur de Bahía Blanca) deberá sumar el stock sobrante de la cosecha pasada, fruto de los desarreglos impulsados por la política oficial.
El resultado de la magra siembra del cereal de unos 4,2 millones de hectáreas, que según estimaciones basadas en promedios pasados alcanzaría los 14 millones de toneladas, sufre ya su propia incertidumbre con motivo de la escasez de lluvias en gran parte de la región triguera. A esa escasa certeza se le agrega otra de no menor importancia: el absurdo sistema comercial que se estaría conformando en la esfera oficial, consistente en discriminar entre quienes sí podrían vender su trigo y quienes no podrían hacerlo. Circula al respecto una lista de cooperativas, acopiadoras y productoras, beneficiarias del sistema, que como contraprestación deberían adquirir el cereal al llamado "precio lleno", es decir aquel que se deduce del precio FOB, es decir, las retenciones del 23 por ciento más gastos comerciales.
Se pretendería así resolver las consecuencias del sistema de autorización sucesiva de cupos de exportación, cuyo resultado fue precisamente reducir las cotizaciones del cereal, distanciándolas del "precio lleno", colocando a los productores de trigo en situación de vender su producción a precio de remate. Pretender instrumentar tan desopilante sistema comercial se agregaría a otros propósitos discriminatorios anteriores, como la asignación de transacciones a favor de tres grandes cooperativas o el manejo discriminatorio de los registros de operaciones de exportación (ROE) ejercido hasta ahora por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
De pretenderse la implementación de un sistema semejante, se transformaría al mercado triguero en un cenáculo de hijos y entenados, cuyos beneficiarios serían no solo los ahijados del poder sino las empresas exportadoras, que tendrían a su merced a los productores no incluidos en las listas de dudoso origen. Otras consideraciones nos merece la información que invade los medios agrícolas, atribuida al Ministerio de Agricultura. Por un lado, la insuficiencia de un sistema así conformado para comercializar la cosecha, cuya oferta resultaría insuficiente y en manos inexpertas. Por otro lado, a primera vista, con la información hasta ahora disponible, parecería imposible trasponer las barreras impuestas no solo por el buen sentido sino también por la legislación existente.
En suma, lo deseable y más conveniente resultaría una manifestación oficial que desmienta la existencia de semejante despropósito. También reiterar la conveniencia de liberar las exportaciones de trigo, desatando así las energías productivas, cuyo desconocimiento ha llevado a una carencia productiva.