Tres frentes gremiales acechan a Cristina

El delegado por los empleados en la asamblea de Siderar votó contra el Gobierno en la pulseada por incorporar a la compañía más directores de la Anses. Es uno de los tres desafíos que le llegan a la Presidente desde el gremialismo. La CGT también se ha estremecido por el proyecto de reforma del sistema de las obras sociales que anunció ayer este diario. Además, el Ministerio de Trabajo debió dedicar el fin de semana a la suspensión de un conflicto petrolero que paralizó la producción de crudo por 18 días en Santa Cruz. El paro llevó al secretario de Energía, Daniel Cameron, a advertir que el abastecimiento de naftas de los próximos días podía estar en riesgo. Así comienza, entonces, la semana de Cristina Kirchner: con su política amenazada por un cerco sindical.

No debería llamar la atención que los actores corporativos se expandan en una época en la que los partidos políticos no consiguen celebrar con normalidad una interna. La tragicomedia de la UCR y el Peronismo Federal convive en las páginas de los diarios con los estremecimientos gremiales que mortifican al Gobierno. Tampoco debería sorprender: a la hora de organizar el poder, ella prefiere, en la escuela de su esposo, las transacciones sectoriales al diálogo político.

El diálogo en el que la señora de Kirchner recordó el derrumbe de la señora de Perón se produjo el viernes pasado. Recién finalizaba la asamblea de Siderar y el representante de los trabajadores por el programa de propiedad participada, un metalúrgico, había votado junto a los accionistas privados para que se postergara la incorporación de nuevos representantes de la Anses.

La UOM prestó un servicio catastrófico a la señora de Kirchner. No sólo demoró la aplicación de su decreto. Además, atestiguó que, ya no para los diabólicos ejecutivos de Techint, también para los empleados es preferible que los muchachos de La Cámpora no ingresen en el directorio. Como el resto del gremialismo, los metalúrgicos creen tener más derecho a representar a los contribuyentes de la Anses que los militantes juveniles que rodean a la Presidenta.

El avance oficial sobre las empresas se sostiene en el impecable argumento de que "el Estado debe cuidar el ahorro de los argentinos". Nada parece tan urgente, sobre todo cuando se advierte lo poco que hace la Anses para volver creíble esa consigna. Para empezar, el kirchnerismo se ha empeñado en aletargar la comisión bicameral del Congreso creada para monitorear a ese organismo.

Además, las auditorías universitarias prometidas por la Anses para garantizar la calidad de sus inversiones jamás se realizaron. La única supervisión, hay que suponer, correría por cuenta del Organo Consultivo creado por Amado Boudou cuando se estatizó el sistema previsional. Estaba integrado, entre otros, por el sindicalista Juan Zanola y por el recaudador de la campaña presidencial, Sebastián Gramajo, ambos procesados por integrar la "mafia de los medicamentos".

En definitiva: llama la atención que funcionarios tan celosos con la vigilancia de los activos de los trabajadores sean a la vez tan remisos en someter a algún control el manejo que ellos mismos hacen de esos recursos.

Más allá de estas exhibiciones de cinismo, la Presidenta desató una disputa con el sindicalismo, como demuestra la conducta de la UOM. Néstor Kirchner y Julio De Vido habían aprovechado la designación de directores de la Anses en las empresas para reforzar su alianza con los gremios. Ausente Kirchner, la viuda rompió ese pacto para beneficiar a La Cámpora, su instrumento de intervención en las internas del oficialismo.

Esta novedad puso en alerta a Hugo Moyano. A él y a sus colegas el avance de los "camporitas" -así llaman a los "cuadros universitarios" de la señora de Kirchner- les produce alergia. La cúpula sindical conserva reflejos pavlovianos adquiridos en los años 70 que la enfrentan al entorno de Olivos. Un ejemplo: al gremialista Julio Piumato le han escuchado conjeturar que el exhorto suizo sobre los Moyano puede haber sido una artimaña del ex montonero Juan Gasparini, experto en finanzas que ejerce el periodismo en la Confederación Helvética.

Ahora la dirigencia sindical y la izquierda del Gobierno tienen un motivo menos fantasmagórico para enfrentarse: como publicó ayer LA NACION, por los despachos oficiales circula un proyecto de reforma del sistema de obras sociales cuya aplicación sería dramática para el gremialismo.

El inspirador fue Kirchner. A fines de 2008 él comenzó a estudiar con el interventor en el PAMI, Luciano Di Cesare, un mecanismo para que ese instituto, junto a la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud, concentre las contrataciones de las entidades sindicales. Los sindicalistas perderían de ese modo una fuente invalorable de poder y de dinero. Al final del camino, el PAMI quedaría transformado en una megaobra social estatal, similar al seguro de salud que había imaginado Raúl Alfonsín en los años 80. Los prestadores privados -clínicas, laboratorios, farmacias- se convertirían en proveedores del Estado.

Es posible que con la resurrección de este plan se pretenda llamar a Moyano a una mesa de negociación antes de que se confeccionen las listas del PJ. Sobre las espaldas del camionero pesa el dictamen del salteño Juan Urtubey: "Piantavotos". No hay que engañarse: el gobernador habló por todo el peronismo territorial (una versión insistente afirma que la Presidenta padeció su lipotimia después de que Moyano la conminó a suspender una entrevista con Urtubey, el miércoles pasado).

La polémica por el diseño del sistema de salud agrega más presión a un debate preexistente. La CGT reclama $ 3000 millones de recursos concentrados en la APE. Pero la Presidenta se resiste a distribuir más de $ 1000 millones. Por un lado, porque no encuentra funcionarios con el arrojo suficiente como para firmar semejante cheque y no terminar en lo de Norberto Oyarbide. Por otro, porque el reparto beneficiaría al gremio de los trabajadores rurales, del duhaldista Gerónimo Venegas.

Los sindicalistas ganaron una provisoria tranquilidad judicial desde que el segundo de Zanola, Sergio Palazzo, fue a declarar en la causa de los medicamentos. Desde el corazón del poder, alguien le aseguró: "Andá tranquilo; hasta fin de año no sale nadie, pero tampoco entra nadie". Hablaban de la cárcel, claro.

Sin embargo, el matrimonio de Hugo Moyano y Liliana Zulet no consiguió lo que pretende: que el sistema que eximió de una investigación patrimonial exhaustiva al matrimonio Kirchner se aplique para cerrar también sus causas. Esa inquietud y la polémica por el sistema de salud le otorgan un nuevo significado al acto del próximo 29 en la avenida 9 de Julio.

El camionero se propuso reunir allí a unas 300.000 personas. De su entorno ha trascendido que piensa proponer esta opción: "¿A quién le creen? ¿A Clarín o a mí?". Acaso Héctor Magnetto no deba esperar un auxilio mayor en su duelo con la Casa Rosada.

Sin embargo, el avance sobre las obras sociales podría reorientar contra el Gobierno el discurso de Moyano.

Ninguna de estas tensiones tiene para la Presidenta el dramatismo que la que llega desde Santa Cruz. Allí los petroleros dejaron de extraer crudo hace 18 días. El conflicto llevó al secretario de Energía, Daniel Cameron, a anticipar que por la caída de la producción -20% del total del país- podía faltar nafta en estos días. De Vido se reunió con el titular del sindicato, Héctor Segovia -a quien en varias pintadas amenazan de muerte-, y su rival, el rebelde Rubén Retamoso. Ayer lo hizo la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Mientras se libra esa interna, las autoridades sugirieron a YPF que importe combustibles.

No deja de ser una paradoja que los desafíos más angustiantes contra Cristina Kirchner lleguen desde la corporación sindical. Contra lo que indica su retórica, contra lo que consigna su currículum, ella proviene de esa matriz. No sólo porque convivió por décadas con un dirigente que, como su esposo, inició su carrera al amparo Armando Mercado, ex esposo de Alicia Kirchner y ex jefe de los petroleros de Santa Cruz. El primer acercamiento de la Presidenta a la política se produjo, cuando niña, de la mano de su madre, Ofelia, delegada del sindicato del Ministerio de Economía bonaerense. Desde ese rincón, tan conocido y tan arcaico, está recibiendo hoy las amenazas.