Tres escuelas policiales sin la marca de represores
*Por Eduardo Videla. El cambio fue anunciado ayer, durante el acto de graduación de los primeros agentes de la gestión Garré. Irá acompañado por modificaciones en los planes de estudio. La Escuela de Cadetes se llamará Comisario Angel Pirker.
Ramón L. Falcón, Alberto Villar y Cesáreo Cardozo, nombres asociados con la policía más represiva, instrumento del terrorismo de Estado, ya no prestarán sus nombres a las escuelas donde se forman los futuros agentes, oficiales y comisarios. Por una resolución de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, se reemplazaron esos personajes por otros jefes policiales "cuya trayectoria estuvo asociada con la democracia y su trabajo tuvo una fuerte vinculación con la comunidad". Los cambios, explicaron en el ministerio, acompañan modificaciones en los tres niveles de la formación policial. Desde el jueves, la Escuela de Cadetes dejó de llamarse Ramón L. Falcón para denominarse Comisario Angel Pirker, el comisario general designado por Raúl
Alfonsín como jefe de la Federal. La Escuela de Agentes y Suboficiales cambió el nombre de Alberto Villar –uno de los fundadores de la Triple A– por el de Don Enrique O’Gorman, un civil que fue jefe de la policía de la Capital desde 1867 a 1874, que prohibió en su gestión el uso del cepo y otros instrumentos de tortura. Y la Escuela Superior de Policía, que recordaba al represor Cesáreo Cardozo, primer jefe de policía de la última dictadura, se llama ahora Comisario General Enrique Fentanes, un policía con perfil académico pero también con experiencia como investigador.
Los cambios fueron impulsados por la ministra Garré, con la idea de "acompañar las modificaciones que se encararon en los tres niveles de formación policial", explicó a Página/12 el subsecretario de Gestión de Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, Gustavo Palmieri. En todos los casos fueron "consultados con las autoridades de la institución", agregó.
Con respecto a las nuevas denominaciones, tanto el comisario Pirker como Fentanes cuentan con un gran reconocimiento dentro de la fuerza. El primero, porque su gestión es recordada por los oficiales de mayor edad: estuvo al frente de la fuerza desde 1986 a 1989, cuando falleció, dentro del Departamento Central de Policía. En esos años, además, la policía desarrolló importantes investigaciones que desbarataron bandas de secuestradores extorsivos en las que participaban ex represores.
En cuanto a Fentanes, es uno de los ideólogos de la federalización de la policía y autor de textos que forman parte de la carrera policial. Su nominación, además, tiene algo de revancha: la Escuela Superior llevaba su nombre hasta que la última dictadura decidió homenajear a Cesáreo Cardozo, que no venía de las filas policiales sino que era general del Ejército. O’Gorman, en tanto, es un pionero en la organización de la policía porteña, en tiempos de lucha entre autonomistas y nacionalistas, y tuvo un papel destacado durante la epidemia de fiebre amarilla, en 1871, junto al médico Francisco Javier Muñiz.
Varias coincidencias unen las trayectorias de los tres nombres salientes. Todos cargan en su haber con muertes de civiles pero no en acciones contra el delito sino en la represión de trabajadores u opositores políticos. Los tres murieron como resultado de atentados con explosivos.
Ramón Lorenzo Falcón, formado en el Colegio Militar, había sido uno de los mejores oficiales del general Julio A. Roca, durante el exterminio de los pueblos originarios que se denominó Campaña del Desierto. En 1906 fue nombrado jefe de la Policía; un año más tarde reprimió una huelga de inquilinos en los conventillos porteños.
El 1º de mayo de 1909, su tropa reprimió a sangre y fuego un acto de obreros anarquistas que habían colmado la Plaza Lorea, en Congreso. El saldo fue de al menos once muertos y ochenta heridos. Tres días después, intentó disolver el masivo cortejo fúnebre. El 14 de noviembre de ese mismo año, el militante anarquista Simón Radowitzky, que tenía 18 años, arrojó un explosivo contra el coche donde Falcón iba con su secretario. Los dos murieron.
La historia del comisario Alberto Villar no es menos cruenta. Había sido miembro de la custodia de Juan Domingo Perón durante sus primeras presidencias y fue designado jefe de la Policía Federal en 1973, durante el tercer mandato del líder justicialista. Lo secundaba otro comisario represor, Luis Margaride, quien se había hecho famoso en los ’60 por sus allanamientos moralizadores en hoteles alojamiento.
La militancia de los ’70 asociaba a ambos con las persecuciones y torturas que habían padecido durante la Resistencia. Pero en su nuevo rol Villar formó parte de la organización de la Alianza Anticomunista Argentina, que comenzó con su serie de crímenes políticos días después de la muerte de Perón, con el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña.
Villar murió el 1º de noviembre de 1974, junto a su esposa, cuando su lancha, que navegaba por el Delta, voló por el aire, al estallar el explosivo que colocó un comando de Montoneros.
El tercer nombre de los que ya no están en los institutos policiales es el de Cesáreo Cardozo, un general del Ejército que el 31 de marzo de 1976, días después del golpe, fue nombrado al frente de la Federal. Desde ese lugar, estuvo en la primera línea del plan represivo de la dictadura.
Cardozo murió como consecuencia de otro explosivo. Lo había colocado bajo su cama una chica de 18 años, militante montonera, que había sido compañera de estudios de la hija del militar.
Ni Villar ni mucho menos Cardozo cuentan con demasiada simpatía entre la oficialidad de la Federal. En cambio, Falcón resulta ser para los policías poco menos que un prócer: es el creador de la escuela que los forma, que lleva su nombre desde 1930, mucho antes de la creación de la Federal, en 1943. Fue el cambio que menos gustó.
Las modificaciones se dieron a conocer durante la graduación de la primera promoción de policías de la gestión Garré: son 360 agentes que irán a "reforzar de inmediato al dispositivo de seguridad pública en las calles", informó la ministra.
El cambio de nombres en los institutos de formación "se fundamenta en la obligación del Estado de construir una sociedad donde todos sus espacios, en particular las instituciones formadoras, proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos", destacó Palmieri. Por eso, "es pertinente que las denominaciones de las escuelas se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida y las libertades de los ciudadanos", subrayó.