Treinta años con derechos humanos
A un cuarto de siglo del amotinamiento militar carapintada, frustrado por la resistencia del pueblo argentino, queda el legado de la vigencia de la Constitución, la libertad y los derechos humanos.
Si hay una batalla ganada y afianzada en estas casi tres décadas de democracia es la vigencia plena de los derechos humanos, de conformidad como lo manda y establece la Constitución Nacional. Este año ha sido particular en materia de recordación de acontecimientos históricos que marcaron el destino de una generación de argentinos, como ha sido el 30º aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas.
Aquel conflicto y sobre todo la derrota de nuestro país provocaron el colapso del régimen militar y abrieron las puertas a la transición a la democracia, que culminó en la jornada memorable del 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín se impuso por amplio margen en las elecciones presidenciales.
En el país se iniciaba una nueva etapa, y en la ciudadanía se advertía un clima de entusiasmo y fervor cívico como pocas veces se había vivido en nuestra historia moderna. La larga noche de la dictadura, la violencia en todas sus formas y expresiones ideológicas, y el terrorismo de Estado habían quedado atrás. El país empezó a mirar con optimismo el futuro.
En la campaña electoral de 1982-1983, Raúl Alfonsín se comprometió a juzgar a los máximos responsables de la represión ilegal y el terrorismo de Estado y a los conductores de los movimientos guerrilleros que habían sembrado la violencia y el terror en la década anterior. El presidente electo cumplió con su promesa y pocos días después de su asunción se inició el juicio a quienes habían integrado las tres primeras juntas de gobierno del régimen militar, la mayoría de los cuales fue condenada en 1985 a perpetuidad o largas penas por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, en sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nunca, en la historia del país, se había realizado un juicio de esas características, por lo que resulta impropio e inaceptable que hoy haya un Gobierno nacional, o al menos muchos de sus funcionarios, que pretenda apropiarse de la causa de los derechos humanos.
Pero en la fase inmediatamente posterior a la restauración de la democracia quedaba un poder militar residual que nunca aceptó el juicio a las juntas y menos todavía la continuación de los procesos a ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Fue así que se produjo el amotinamiento de la Semana Santa de 1987 –hace 25 años–, que tuvo su epicentro en la guarnición de Campo de Mayo. El pueblo argentino reaccionó y el movimiento rebelde depuso su actitud, aunque tuvo réplicas en los levantamientos de Monte Caseros y Villa Martelli.
Pero, más allá de temas controversiales como las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, la Argentina afianzó la democracia en aquellos años difíciles e hizo de la vigencia plena de los derechos humanos una conquista definitiva e irrenunciable.
Aquel conflicto y sobre todo la derrota de nuestro país provocaron el colapso del régimen militar y abrieron las puertas a la transición a la democracia, que culminó en la jornada memorable del 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín se impuso por amplio margen en las elecciones presidenciales.
En el país se iniciaba una nueva etapa, y en la ciudadanía se advertía un clima de entusiasmo y fervor cívico como pocas veces se había vivido en nuestra historia moderna. La larga noche de la dictadura, la violencia en todas sus formas y expresiones ideológicas, y el terrorismo de Estado habían quedado atrás. El país empezó a mirar con optimismo el futuro.
En la campaña electoral de 1982-1983, Raúl Alfonsín se comprometió a juzgar a los máximos responsables de la represión ilegal y el terrorismo de Estado y a los conductores de los movimientos guerrilleros que habían sembrado la violencia y el terror en la década anterior. El presidente electo cumplió con su promesa y pocos días después de su asunción se inició el juicio a quienes habían integrado las tres primeras juntas de gobierno del régimen militar, la mayoría de los cuales fue condenada en 1985 a perpetuidad o largas penas por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, en sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nunca, en la historia del país, se había realizado un juicio de esas características, por lo que resulta impropio e inaceptable que hoy haya un Gobierno nacional, o al menos muchos de sus funcionarios, que pretenda apropiarse de la causa de los derechos humanos.
Pero en la fase inmediatamente posterior a la restauración de la democracia quedaba un poder militar residual que nunca aceptó el juicio a las juntas y menos todavía la continuación de los procesos a ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Fue así que se produjo el amotinamiento de la Semana Santa de 1987 –hace 25 años–, que tuvo su epicentro en la guarnición de Campo de Mayo. El pueblo argentino reaccionó y el movimiento rebelde depuso su actitud, aunque tuvo réplicas en los levantamientos de Monte Caseros y Villa Martelli.
Pero, más allá de temas controversiales como las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, la Argentina afianzó la democracia en aquellos años difíciles e hizo de la vigencia plena de los derechos humanos una conquista definitiva e irrenunciable.