Travestis, última trinchera para defender el Rosedal

La Gendarmería registró ayer cuatro bajas por heridas de bala en un lote que esa fuerza custodia en el partido de Lanús. Si fueron 6 mil los efectivos que se desplegaron esta semana en el conurbano, las bajas alcanzan, en una comparación con otros conflictos, las que arrojó en su peor momento la campaña de Irak. No es en este tipo de enfrentamiento en el que pensaba el Gobierno cuando reiteró la orden de contener con uniformados sin armas la protesta social. Pero el hecho revela otra capa del conflicto que la administración nacional prefiere eludir en su catarata de declaraciones para descolocar a los adversarios (Duhalde, Macri) que piden orden.

Dispararles desde los techos de una villa vecina a los gendarmes responde a una metodología que está detrás del conflicto de las ocupaciones: organizaciones que dominan en villas y asentamientos con criterio empresarial en los rubros de venta de sustancias prohibidas y del desarrollo inmobiliario. Usan el mejor frente, ése que paraliza a los «bleeding hearts» (corazones sangrantes, en la jerga política americana), que es la necesidad de miles de vecinos cuya desgracia es ser pobres en un país que hace poco por ellos.

Ese cerco de vigilantes en torno del lote de Lanús, como ocurrió en el Parque Indoamericano y en otros terrenos ocupados -hay ya más de 30 en el interior del país, que se suman a los del área metropolitana, que son los que se muestran por TV-, impide el negocio de esos empresarios inmobiliarios que subsidian a los ocupantes a cambio del reparto de futuras rentas, cuando esos ocupantes logren algún reconocimiento dominial o alcancen a entrar en los planes de subsidio estatal para construir sus casas. Estas ocupaciones son, en última instancia, el otro sendero de la privatización del espacio público, cuya protección es una de las únicas tareas indelegables del Estado.

Los gendarmes heridos ayer son víctimas de una guerra por la propiedad de esas tierras y no del desmadre de la protesta de los sin techo.

Para defender ese negocio, estos privatizadores modelo 2010 van a emplear, como ayer, las armas, algo a lo que va a tener que responder el Gobierno nacional con el mismo método porque no sirve aquí la doctrina de la contención desarmada, algo que es cierto que dispuso el Gobierno en 2004 sin que nadie hiciera mucho para aplicarlo en los hechos. Tampoco era una novedad del kirchnerismo; ya en los años 90, el Ministerio del Interior de Carlos Corach enfrentó las protestas de los jubilados los días miércoles frente al Congreso enviando a agentes femeninas de la Federal sin armas que avanzaban, a puro pecho, sobre las huestes de Norma Plá. Resultó, porque ¿quién se animaría a golpear a una agente desarmada?

Después del triunfo dialéctico de Mauricio Macri sobre el Gobierno nacional en la crisis del Indoamericano, las partes blandas del conflicto son ahora las tierras que pertenecen a la Nación. Esa ocupación numatina que se produce en el Club Albariño de la Capital afecta a tierras que pertenecen a un organismo que depende de Julio De Vido que administra tierras que fueron del ferrocarril. Ese ministerio cumple la orden de no hacer nada para desocuparlo, salvo el pedido a reglamento a la Justicia, cuyas medidas también cumple la Policía a reglamento. O sea, el Albariño sigue ocupado y es un símbolo, aunque la ministra Nilda Garré diga que mide menos que una hectárea. Con la doctrina del Gobierno nacional, las tierras nacionales están regaladas, son un bombón para el negocio de la ocupación; son terrenos que están en las mejores zonas de muchas ciudades, como en Buenos Aires las de Retiro que se cotizan con los valores más altos de la Argentina. Las estaciones del ferrocarril, los playones de maniobras y los anchos ramales de acceso se instalaron hace un siglo en lugares que hoy son el corazón de las ciudades más importantes. Salvo en algunas -como Mendoza o Neuquén- en donde ya se han puesto en valor esas tierras, el botín está allí esperando.

Lo impedirán en las provincias los gobernadores, que tienen experiencia en ocupaciones desde hace tiempo y no les corre la necesidad que tiene el Gobierno nacional de pelearlo a Mauricio Macri en todos los frentes. En la Capital, a diferencia de las provincias, tampoco hay una Policía local que pueda intervenir ante esas invasiones en tierras fiscales del distrito. Ayer un dirigente de la Villa 31 admitió en una charla radial con Samuel Gelblung que existe un plan para ocupar el Rosedal la noche de Navidad. ¿Qué hará el Gobierno nacional, que permitió el lunes un raid destructivo en la Avenida de Mayo y la séptima destrucción de la puerta ornamental -carísima- de la Casa de la Cultura, junto al palacio de Gobierno de Macri? El jefe de Gobierno, advertido, puede usar alguna vez a la Metropolitana con la doctrina que quiera para impedir esa amenaza sobre el Rosedal. La última reserva moral para defender ese jardín son los travestis que ya han ocupado el Rosedal por las noches desde hace años, privatizando un parque que comparten odiosamente con sus usuarios diurnos. ¿Se probará que el travesti reúne lo mejor de la mujer con lo mejor del varón? ¿Convocarán en su auxilio, si avanza ese plan de ocupación a sus proxenetas y, si acaso hiciera falta, a sus clientes más frecuentes? ¿No harán nada los taxistas de Omar Viviani -secretario gremial de Hugo Moyano en la CGT-, que aseguran puntualidad para que ese negocio nocturno prospere? Saben que si eso ocurre, los ocupas no se van más, algo que seguramente presumen los vecinos de la Capital, especialmente quienes viven en la línea de avenida Del Libertador, una de las zonas con más seguridad privada y con recursos suficientes como para montar una protesta mucho más eficaz que la de los vecinos de Soldati, que enfrentaron a los ocupas del Indoamericano. Otro problema para Macri, a quien le será difícil repetir el bingo de la semana pasada de pasarle el problema a la Nación.