Tras una sesión caliente, el Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

Este jueves, el presidente Javier Milei y el oficialismo libertario del Senado sufrieron una dura derrota, es que el Frente de Todos y un grupo de la oposición anti kirchnerista se unieron y rechazaron el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. Ahora, la definición trascendental de este tema pasó a Diputados, con una norma aún vigente pero que podría convertirse como la primera en ser desactivada por ambas Cámaras del Congreso.

Acá, lo que adelantamos: el DNU de Milei fue rechazado en el Senado.

La cara de Victoria Villarruel...pic.twitter.com/xZphwcOhid

— Nacho Girón (@nachogiron) March 14, 2024

La norma insignia de Milei, que fue rechazada con 42 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, elevó la tensión no sólo en el Congreso, sino también en la relación entre el primer mandatario y la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La titular del Senado resguardó al Gobierno durante más de un mes y pagó sola el costo político de no convocar -ante pedidos para sesionar-, aunque se quedó sin margen en los últimos días y tuvo que incorporar el aterrizaje del mega DNU en el recinto. Eso generó la furia de la Casa Rosada.

Al inicio del debate el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, ejecutó una medida salvadora a través de una moción para postergar el análisis de la medida. No tuvo éxito, con 41 votos en contra y sólo 30 a favor. Ahí quedó marcado el destino final. Fueron claves para ello el kirchnerismo, los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, y silvestres provinciales como Mónica Silva (Río Negro) y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Los últimos tres responden a gobernadores patagónicos. A ellos se sumaron, entre otros, la neuquina Lucila Crexell y radicales como Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) y Edith Terenzi, que es aliada al mandatario chubutense, Ignacio Torres. Sin embargo, su comprovinciana Andrea Cristina hizo lo contrario y jugaron a dos bandas. Todos repitieron su accionar al momento de la definición, salvo los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que rechazaron la moción y luego se abstuvieron.

El Frente de Todos, primero en reclamar una sesión por esta cuestión, se mostró unido y tuvo a sus 33 legisladores para dicha moción. A ellos se unieron los opositores anti kirchneristas mencionados con anterioridad y el radical Pablo Blanco. En tanto, se abstuvieron la peronista disidente Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés, Juan Schiaretti, los misioneros Arce y Rojas Decut, y el radical Maximiliano Abad.

La definición del mega DNU pasa ahora a Diputados, que parte de una base de al menos 110 votos a favor del rechazo. Ni bien sea informada de la votación de este jueves, la Cámara baja podrá debatirlo en el recinto, pese a que la idea del oficialismo es encontrar una salida y estirar la discusión a través de la bicameral de Trámite Legislativo, que analiza este tipo de normas.

El problema de la bicameral es que para hoy mismo tenía una reunión -no realizada por la sesión- para recibir las explicaciones de funcionarios. Hay dos que son exigidos por la oposición: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De hecho, Posse representa el mayor interés por su discreción. No podrá eludir por mucho más tiempo al Congreso, ya que tendrá que asistir a alguna de las dos Cámaras para realizar el informe de gestión que plantea la Constitución. Algunos diputados radicales, como Julio Cobos, ya hicieron presentaciones en ese sentido.

En medio de todo este embrollo aparecen un inminente análisis de la renovada ley “ómnibus” en Diputados y los primeros contactos entre gobernadores y la Casa Rosada sobre la única batalla real que les interesa a ambos en estos momentos: la plata.

Durante la sesión de este jueves, el Senado avaló convenios internacionales y sancionó -importante, ante la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- la ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.