Tras la presión del Gobierno, Rusia aseguró que cumplirá con la entrega de vacunas Sputnik V pero tendrá otra prioridad

Rusia aseguró este viernes que cumplirá sus obligaciones de suministros de vacunas anticovid a Argentina y a otros países, aunque admitió retrasos en los envíos.

"En lo que se refiere a la obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, éstas indudablemente serán cumplidas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En el caso de los envíos a Argentina, Peskov indicó que "se produjo un retraso".

Agregó que el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), que comercializa la vacuna bidosis Sputik V en el exterior, "se encuentra en contacto con su contrapartes para solucionar los problemas que inevitablemente surgen".

Tras señalar que se trabaja intensamente en ello, Peskov subrayó que la prioridad es satisfacer las necesidades de vacunación de los rusos.

"Saben que la campaña de vacunación (en Rusia) cobra fuerza y aumenta la toma de conciencia de los ciudadanos. Los ritmos de vacunación se incrementan cada vez más. Y es, sin duda, la prioridad", dijo.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin se producen después de que trascendiera una carta de Cecilia Nicolini, asesora del presidente Alberto Fernández, dirigida al FIDR, en la que exigía el envío de más segundas dosis de la Sputnik V y deslizaba la posibilidad de romper el contrato con las autoridades rusas.

En esa nota, Nicolini, quien encabezó en Moscú junto a Carla Vizzotti las negociaciones para comprar las vacunas que desarrolla el Instituto Gamaleya, dio cuenta de una situación "crítica" ante la imposibilidad de completar los esquemas de vacunación.

"Como le mencioné hoy, estamos en una situación muy crítica. Nosotros teníamos la esperanza de que, después de la conversación que tuvimos tú, Carla, Kirill y yo un par de semanas atrás, las cosas iban a mejorar. Pero han empeorado", señala la carta, a la que accedió La Nación.

Según datos oficiales, en el país se aplicaron 9.375.670 dosis del componente 1 y 2.493.160 del componente 2. Así, son 6.882.510 las personas que esperan poder completar el esquema de vacunación.

En otro tramo de la misiva publicada por el periodista Carlos Pagni, Nicolini advierte a Braverman que "a estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado".

"... En algún punto, podríamos pensar en recibir más componente 1 que 2, o pensar nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo del componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. Nosotros entendemos el faltante y las dificultades de producción de algunos meses atrás. Pero ahora, siete meses después, todavía estamos muy atrás, mientras estamos empezando a recibir dosis de otros proveedores en forma regular, con cronogramas que se cumplen", señala Nicolini en la nota que oscila entre el tono de advertencia y de súplica.

En otro tramo de la carta, la asesora del Presidente le reclamó a las autoridades rusas un "protocolo para uso pediátrico" de la Sputnik V que le permita al país realizar un estudio. Y lo hizo enfatizando que recientemente Fernández firmó un DNU que permite "firmar contratos con empresas americanas y recibir donaciones de los Estados Unidos".

También menciona Nicolini la "decepción" de Alberto Fernández ante el incumplimiento de Rusia en los plazos para aprobar las dosis que desarrolló el laboratorio Richmond del empresario Marcelo Figueras.

"Nos habían dicho que este proceso podría demorar entre 10 y 15 días. Es 7 de julio y todavía no está listo y no estará listo para el 9 de julio, como el Presidente les pidió amablemente, teniendo en cuenta los días que se necesitan. Las dosis están en Rusia por más de 21 días ahora… nosotros esperamos que Usted ponga especial atención a esto, que fue el único y más importante pedido del Presidente Fernández y fue, otra vez, una decepción para él y para el país", sostuvo.

En el cierre de la carta, Nicolini insiste en el incumplimiento de Rusia en el envío de dosis según lo estipulado en el contrato y advierte que los funcionarios son víctimas de "persecuciones legales" que ponen "en riesgo" al Gobierno.