Transparencia rionegrina

Si a esto le sumamos la manipulación de la información, compilada de manera tendenciosa, resaltando algunas cuestiones de suma importancia pero por sobre todo ocultando lo que no le conviene a quien quiere comunicar algo, el cóctel final se transforma en un arma muy poderosa en el arte de influenciar en la sociedad que consume los medios masivos de información.

Esta metodología es la utilizada desde hace no poco tiempo por la oposición rionegrina que, valiéndose en muchos casos de información a medias, con la connivencia de importantes medios de comunicación han generado un verdadero entramado de denuncias de gran impacto mediático pero de muy poco sustento legal. Esto ha quedado demostrado en la sistemática caída una tras otra de las denuncias que llegaron desde el PJ, más precisamente desde su bloque de legisladores, al ámbito judicial.

Sólo en este contexto se puede incluir el comentario realizado en la edición del miércoles 8 del diario "Río Negro" por el legislador Pedro Pesatti respecto del sistema de contrataciones de obras en la provincia.

Primero, basta con mencionar que es muy difícil recordar otra gestión de un bloque del PJ que se haya dedicado tanto a desprestigiar la gestión del gobierno de turno y, sobre todo, a menospreciar a las instituciones democráticas que son las guardianas de este sistema en el que todos los argentinos y los rionegrinos queremos vivir. Lo han hecho con el Poder Ejecutivo provincial, con el Poder Judicial, con los órganos de Control Externo y con cuanta otra cosa se les ha cruzado en el camino.

Ahora les tocó el turno a las contrataciones del Estado, justamente y por mera coincidencia, que tienen que ver con el ámbito de Educación, donde se encuentra, oh casualidad, la persona que compite con el jefe de Pesatti en la carrera hacia la gobernación.

Apelando a una enmarañada mezcolanza de números y conceptos a medias, teñidos por apreciaciones con un fuerte sesgo personal, Pesatti en su columna trata de opacar la histórica gestión del actual gobierno de Río Negro en materia de infraestructura escolar, que la ha constituido en un verdadero ejemplo a nivel nacional y que cuenta sobre todas las cosas con el aval de los organismos internacionales de crédito.

Es dable creer que si en Río Negro las cosas no se estuvieran haciendo bien, como lo plantea en esta oportunidad el legislador Pedro Pesatti, el gobierno provincial tendría nulas chances de lograr el acompañamiento y la aprobación de los máximos organismos multilaterales para seguir desarrollando muchas de sus obras.

En definitiva: en su rol de nuevo paladín de la justicia, Pesatti pretende encontrar irregularidades donde no las hallaron los organismos de control provinciales, la Justicia y, si se quiere, los organismos multilaterales de crédito.

Pero yendo directamente al artículo en cuestión, hay que recalcar que el mismo revela una manifiesta manipulación de la información compilada, sobre todo a partir de los ejemplos que presenta.

En su artículo, Pesatti omite deliberadamente el marco normativo que establecen la ley 3186 y el reglamento de contrataciones de la provincia, que instituyen más excepciones que la del inciso a del artículo 92 de la ley 3186, casualmente uno de los pocos citados por el parlamentario.

En su maraña desinformativa, Pesatti presenta como emblemáticas cuatro obras del Ministerio de Educación incluidas en el decreto 185/11, cuando previamente él ya había atacado el dictado del mismo. Sin dudas, esto no era necesario, ya que si ataca el procedimiento poco importa el monto de la contratación directa.

Lo que sí importa es la acción o el quántum de los órganos de control, que no son dependientes de la voluntad del gobernador. Con sus falsas y groseras imputaciones el legislador del FpV no hace otra cosa que agraviar a los integrantes de los órganos de control y su aptitud técnica, quienes son los encargados de encontrar cualquier posible vicio en la tramitación.

Me parece justo también mencionar en estas líneas que el informe de visibilidad provincial desarrollado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ubica a Río Negro como la tercera provincia en un ranking nacional sobre transparencia en la difusión que evalúa la información de licitaciones y otros actos administrativos. El estudio realizado por el Iaraf, que es conducido por el economista Nadin Argañaraz, establece un índice que permite establecer comparaciones objetivas entre las distintas provincias a través del IVF.

Los resultados de este informe fueron publicados en la sección País en la edición del 16 de mayo del diario "El Cronista Comercial", en una nota firmada por el periodista Julián Guarino.

En este sentido, la publicación señala que "los innumerables actos administrativos que debe llevar adelante un gobierno involucran también una política de difusión de esos mismos procesos. Un indicador elaborado por el Iaraf evalúa cuáles son las provincias que mayor dedicación ponen en este sentido".

"Transparencia. Visibilidad. Acceso a la información. Son numerosas las variables vinculadas a la difusión que los gobiernos (nacionales, provinciales y municipales) deben tener presentes a la hora de poner en marcha los pródigos procesos que hacen al acto de administrar. Sin embargo, no todos los llevan a cabo con la misma dedicación y prolijidad", agrega.

O sea que, mientras por un lado a nivel nacional destacan la transparencia rionegrina, quienes sólo quieren sacar réditos políticos de cualquier acción opinan todo lo contrario.

Se puede decir, sin temor a equivocaciones, que el legislador Pesatti plantea un esquema típico de una republiqueta o un régimen autoritario, seguramente más parecido a las influencias que le llegan desde los altos mandos a los que responde con obediencia debida.

Ante ello quiero recalcarle que vivimos en una democracia y estamos muy contentos con ello. Es una democracia que tiene sus carencias, sus errores y aciertos, pero es un sistema en el que se respeta la ley. Nosotros no hacemos del arte de gobernar una tribuna irresponsable donde, amparados por fueros, muchos optan por lanzar denuncias irresponsables que echan sombras sobre los actos de gobierno.