Tragedia de Once: en vacaciones la Justicia define si agrava la acusación
La tranquilidad que muestran los tribunales en enero se verá un tanto alterada en los próximos días a raíz del fallo que se dará a conocer sobre la tragedia ferroviaria de Once y que podría agravar las acusaciones contra los imputados.
La tranquilidad que muestran los tribunales en enero se verá un tanto alterada en los próximos días a raíz del fallo que dará a conocer la Sala II de la Cámara Federal porteña sobre la tragedia ferroviaria de Once y que podría agravar las acusaciones contra los imputados.
Las dudas respecto al fallo son si se profundiza o no la imputación contra los Cirigliano y ex funcionarios y cómo quedará la situación del maquinista del tren de la línea Sarmiento que protagonizó el accidente, Antonio Córdoba, quien por ahora está sobreseído.
El fallo, que será clave para definir el futuro de la causa, se conocerá ésta semana y la siguiente, y a tal fin es que los jueces resolvieron en diciembre pasado habilitar la feria judicial para definir las apelaciones que hicieron las partes luego de la decisión de primera instancia que tomó el juez federal Claudio Bonadío.
La decisión clave está en si la Cámara agravará las penas hacia los ex funcionarios, entre ellos los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes por ahora están procesados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, la Fiscalía reclamó que lo fueran por ser partícipes de una asociación ilícita que omitió los controles en el desenvolvimiento de la concesión y la prestación del servicio público, así como los subsidios estatales que recibía TBA.
También el fiscal Federico Delgado y luego su par de Cámara, Germán Moldes, pidieron que se les sume la acusación por malversación de caudales públicos, a raíz de la falta de control y el desvío de fondos -según constataron- que hubo en TBA.
En esa misma línea, es que los fiscales también pidieron lo mismo respecto al ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Guillermo Luna y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa Romero.
Incluso, allegados a la causa razonaron que de imputarles a todos ellos la conformación de una asociación ilícita, tendría que revocar el sobreseimiento e incluir en el listado de ex funcionarios acusados a quien fuera titular de la CNRT Antonio Sícaro, sobreseído por el momento y de quien algunos aseguran que goza de un paraguas protector del Gobierno nacional.
Los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano ya están procesados por asociación ilícita y por el delito de "descarrilamiento de un tren agravado" a raíz de las 51 muertes que hubo por el accidente en febrero de 2012.
La otra incógnita es el futuro del maquinista Antonio Córdoba, maquinista de la formación siniestrada y quien permanece hasta hoy desvinculado por el juez Bonadío, aunque los fiscales reclamaron que sea procesado.
El argumento para sobreseerlo que expuso Bonadío fue que Córdoba manejó una formación que estaba defectuosa ya que -según pericias- "los tiempos de recuperación de presión de frenado deberían haber sido menores para una operación más eficiente del sistema".
Pero los fiscales razonaron que si él era consciente del mal funcionamiento al subirse y conducir la máquina consintió tal situación, sumado a que condujo con el llamado "hombre muerto" desactivado, tomándolo como una práctica diaria habitual.
En diciembre pasado las distintas partes tuvieron la posibilidad de ampliar sus argumentos ante los jueces de la Sala II, y una señal en la prontitud en resolver la causa fue que hayan habilitado la feria judicial de enero.
Incluso, algunas defensas aventuraron un resultado adverso en su contra del fallo por el manejo de los tiempos que hace la Cámara, al tener en cuenta como señal que la definición será a pocos días de cumplirse un año del accidente, el 22 de febrero próximo.
Las dudas respecto al fallo son si se profundiza o no la imputación contra los Cirigliano y ex funcionarios y cómo quedará la situación del maquinista del tren de la línea Sarmiento que protagonizó el accidente, Antonio Córdoba, quien por ahora está sobreseído.
El fallo, que será clave para definir el futuro de la causa, se conocerá ésta semana y la siguiente, y a tal fin es que los jueces resolvieron en diciembre pasado habilitar la feria judicial para definir las apelaciones que hicieron las partes luego de la decisión de primera instancia que tomó el juez federal Claudio Bonadío.
La decisión clave está en si la Cámara agravará las penas hacia los ex funcionarios, entre ellos los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes por ahora están procesados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, la Fiscalía reclamó que lo fueran por ser partícipes de una asociación ilícita que omitió los controles en el desenvolvimiento de la concesión y la prestación del servicio público, así como los subsidios estatales que recibía TBA.
También el fiscal Federico Delgado y luego su par de Cámara, Germán Moldes, pidieron que se les sume la acusación por malversación de caudales públicos, a raíz de la falta de control y el desvío de fondos -según constataron- que hubo en TBA.
En esa misma línea, es que los fiscales también pidieron lo mismo respecto al ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Guillermo Luna y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa Romero.
Incluso, allegados a la causa razonaron que de imputarles a todos ellos la conformación de una asociación ilícita, tendría que revocar el sobreseimiento e incluir en el listado de ex funcionarios acusados a quien fuera titular de la CNRT Antonio Sícaro, sobreseído por el momento y de quien algunos aseguran que goza de un paraguas protector del Gobierno nacional.
Los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano ya están procesados por asociación ilícita y por el delito de "descarrilamiento de un tren agravado" a raíz de las 51 muertes que hubo por el accidente en febrero de 2012.
La otra incógnita es el futuro del maquinista Antonio Córdoba, maquinista de la formación siniestrada y quien permanece hasta hoy desvinculado por el juez Bonadío, aunque los fiscales reclamaron que sea procesado.
El argumento para sobreseerlo que expuso Bonadío fue que Córdoba manejó una formación que estaba defectuosa ya que -según pericias- "los tiempos de recuperación de presión de frenado deberían haber sido menores para una operación más eficiente del sistema".
Pero los fiscales razonaron que si él era consciente del mal funcionamiento al subirse y conducir la máquina consintió tal situación, sumado a que condujo con el llamado "hombre muerto" desactivado, tomándolo como una práctica diaria habitual.
En diciembre pasado las distintas partes tuvieron la posibilidad de ampliar sus argumentos ante los jueces de la Sala II, y una señal en la prontitud en resolver la causa fue que hayan habilitado la feria judicial de enero.
Incluso, algunas defensas aventuraron un resultado adverso en su contra del fallo por el manejo de los tiempos que hace la Cámara, al tener en cuenta como señal que la definición será a pocos días de cumplirse un año del accidente, el 22 de febrero próximo.