Tragedia de Once: Casación rechazó un recurso y los ex funcionarios condenados podrían ser detenidos

La Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de los condenados en el primer juicio por la tragedia ferroviaria de Once, llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) durante 2015. Así, los camaristas Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Viviana Catucci dejaron a los condenados al borde de la detención, que a partir de este momento ya puede disponer el Tribunal Oral.

Con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime ya detenido por otras causas, quienes podrían ir a la cárcel son su sucesor Juan Pablo Schiavi, los empresarios Claudio y Mario Cirigliano -dueños de la operadora del servicio, TBA- y el motorman Marcos Córdoba, entre otros.

Con esta medida, que niega una última apelación a la Corte Suprema de Justicia, los condenados en el primer juicio por Once quedaron a un paso de ser detenidos, ya que habilita las detenciones dispuestas en las sentencias de diciembre de 2015, que deberán ser efectivas por el Tribunal Oral 2. Sin embargo, las defensas podrían ir en queja a la Corte, aunque con este fallo dicho camino queda reducido,

Meses atrás, el máximo tribunal penal confirmó la culpabilidad de 21 de los 28 acusados que habían sido condenados por el TOCF2, pero modificó en algunos casos las penas, y en otros las bajó. Jaime, por ejemplo, sufrió una elevación de seis a siete años de prisión, que por otras condenas previas en otros expedientes se redujo a una pena única a ocho años de cárcel. El ex secretario de Transporte está detenido desde abril de 2016 por otras causas.

La modificación respecto de Jaime obedeció a que los jueces de Casación decidieron culparlo también del delito de estrago culposo, por el que no había sido condenado en el juicio. En cambio, la Cámara bajó la pena respecto de quien ocupaba la Secretaría de Transporte al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi (de ocho a cinco años y medio), del empresario Claudio Cirigliano (de nueve a siete años) y del maquinista Marcos Córdoba, que quedó con una condena a tres años y tres meses de cárcel.

Los cambios obedecieron a "criterios de razonabilidad y proporcionalidad" que tuvieron en cuenta los jueces de Casación a la hora de determinar responsabilidades entre cada uno de los acusados. Los camaristas ratificaron las condenas por administración fraudulenta que recibieron por igual los ex funcionarios como los concesionarios de la empresa TBA, que operaba la línea Sarmiento.