Trabajo rural e intervención estatal
La sanción del estatuto del peón muestra una faceta adicional de intervencionismo oficial en desmedro de intereses privados,
Una ríspida relación entre el Gobierno y el sindicalismo rural ha renacido con motivo del envío y la veloz aprobación del proyecto de ley sobre trabajo rural y sobre la organización institucional de la agremiación establecida en la hasta ahora ley vigente.
El tema sólo podrá tener continuidad en la medida en que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), gremio que objeta la reforma, recurra a la Justicia por la eventual violación de derechos constitucionales.
La ley sancionada puede ser analizada desde varios puntos de vista. Desde una lectura institucional, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados Agrarios (Renatre), que administra los aportes a un fondo de desempleo por parte de los empleadores, será sustituido por el Registro Nacional de Empleadores Agrarios (Renatea), que pasará al gobierno nacional, junto con los fondos correspondientes. La nueva entidad estará integrada por dos funcionarios estatales y un consejo formado por un representante de los empleadores, otro de los trabajadores y tres de los ministerios de Agricultura, de Economía y de Ciencia y Tecnología.
El Renatre es un órgano tripartito que permitió terminar con un vacío legal por el cual, hasta su creación, los empleadores rurales contribuían al Fondo de Empleo, pero los trabajadores del sector no percibían la prestación por desempleo que sí cobraban trabajadores de otras actividades. Según informó aquel organismo, hoy los obreros rurales desempleados pueden gozar de un beneficio de 800 pesos, que duplica al de la Anses, y que se iba a elevar a 960 pesos desde enero.
En este aspecto, la nueva ley reafirma las políticas intervencionistas del gobierno nacional, añadiéndole al mismo tiempo la clara intención de debilitar la figura del secretario general de la Uatre, Gerónimo Venegas, a quien el kirchnerismo parecería castigar por su apoyo a la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde, en octubre pasado, y por su respaldo a las demandas de la Comisión de Enlace rural, en oportunidad del conflicto que dividió al campo y al Gobierno en 2008.
El nuevo estatuto del peón rural establece una remuneración que no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil, además de precisiones sobre la jornada laboral de ocho horas. T
También, sobre edad jubilatoria, prohibición del trabajo de menores y otras cuestiones que, según los fundamentos de la iniciativa, mejorarán la condición laboral de los trabajadores, aunque la representación laboral y de las entidades agrarias manifiestan que están ya incorporadas a las reglamentaciones y usos y costumbres en la materia.
Estas últimas reformas merecieron en el Senado la aprobación por una abultada mayoría de 68 votos. En el debate en particular, sin embargo, gran parte de la oposición rechazó la desarticulación del Renatre, propuesta que fue con razón calificada como el fruto de una pelea entre el Gobierno y dirigentes gremiales que no responden al oficialismo y estarían sufriendo una persecución política.
En este sentido, se advierte un nuevo avance oficial que constituye una manifestación adicional de los propósitos dirigistas e intervencionistas del gobierno nacional.