Torpe intento de censura
La pretensión de un juez de exigir del periodismo independiente la identidad de sus periodistas especializados en temas de inflación es una absurda y torpe maniobra contra la libertad.
Si no fuese porque están en riesgo derechos y garantías fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, como son las libertades de expresión y de prensa, la nueva embestida del secretario de Comercio Interior de la Nación contra los medios de comunicación sólo podría ser considerada en clave irónica.
Guillermo Moreno parece creer que la Argentina está poblada por 40 millones de personas que sin el periodismo no logran formarse siquiera una mínima noción de la realidad. Lo que más preocupa al vehemente funcionario es que la prensa no oficialista advierta a los ciudadanos que sus ingresos, sobre todo sus ingresos fijos, están siendo erosionados por un incontenible proceso inflacionario.
A su entender, si no existiese el periodismo independiente, los habitantes de este país no advertirían que el dinero que reciben como sueldos y jornales se evapora cada vez con mayor celeridad y que los reajustes que suelen obtener no compensan el poder de compra que pierden de mes en mes.
Para Moreno, el periodismo persiste en una empecinada indiscreción destituyente cuando refleja una realidad económica que se ha tornado incontrolable.
No es la primera vez, y con seguridad no será la última, que el Gobierno nacional arremete contra la prensa no encolumnada en el pensamiento único. Su ofensiva abre en forma constante nuevos frentes. La manipulación sectaria de las pautas de la publicidad oficial fue el primer ataque. Lo siguió la construcción del verdadero monopolio periodístico existente en nuestro país: el gigante multimedio que ha montado y sigue expandiendo el kirchnerismo, utilizando para ello sin control alguno los copiosos recursos del Estado.
Añádanse su obsesión por tomar el control total de Papel Prensa (que le permitiría, como al primer gobierno peronista, cuotificar ese insumo para acallar a la prensa no regimentada) y por silenciar radioemisoras y canales de televisión que no se suman al coro laudatorio y agresivo, que es otra seña de identidad mediática del oficialismo.
Si el país tuviese una administración de justicia cabalmente independiente e integrada por letrados formados con excelencia académica en jurisprudencia, no en militancia ni en mera subordinación, la pretensión gubernamental, vía Moreno, hubiese sido desestimada sin más.
El pedido cursado por el juez en lo penal económico Alejandro Catania a seis diarios para que le entreguen un listado de periodistas que hayan escrito sobre la inflación en los últimos seis años, con sus números telefónicos y direcciones, revista ya en la antología de las más torpes y absurdas formas de intimidación judicial. El posterior intento de aclaración por parte del magistrado profundizó su agravio a la inteligencia de los argentinos.
El desconocimiento judicial de que el secreto de las fuentes es la mayor garantía de las libertades constitucionales que se pretende eliminar es inconcebible y merece el repudio ciudadano.