Titularizaciones al fin

La última se dio a partir de unas declaraciones del candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Isauro Molina, quien criticó la titularización de  interinos sin título y en ese sentido calificó a la medida del Gobierno como una "irresponsabilidad", ya que, según dijo, "afecta la calidad de sistema educativo" provincial. Pero no fue el único en contra. También la denominada agrupación de Docentes por la Igualdad cuestionó el decreto Nº 50 del Ejecutivo y lo tildó de "injusto". "No se llama a concurso. Se titularizan personas que no se lo merecen y los que sí se tendrían que titularizar, no tienen la oportunidad", expresó la docente Silvia Barrientos, referente del sector. En la vereda de enfrente, todos los gremios docentes han manifestado, con mayor o menor entusiasmo, su beneplácito con la medida oficial. De acuerdo con un sondeo de opinión realizado por EL ANCASTI DIGITAL, las posturas están muy divididas en torno al asunto. Por caso, el 48,69% de los lectores se mostró en contra de la medida -y a favor de las críticas-, mientras que el 48,01% declaró estar de acuerdo con la titularización masiva tal como fue acordada entre Gobierno y sindicatos. Por lo pronto, las partes se encuentran discutiendo actualmente cómo incluir más personal docente en este marco de estabilidad laboral.

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Pero la polémica excede la pelea política entre oficialismo y oposición. De hecho, en noviembre de 2006 la Cámara alta provincial dio media sanción a un proyecto de ley del senador de Paclín, Jorge Agüero -hoy presidente del bloque del FCS-, que disponía la "titularización, por única vez, de todos los docentes interinos cualquiera fuera la especialidad, escalafón, nivel educativo, modelo, zona, período o categorías de la unidad educativa donde desempeñe los cargos u horas cátedra". La única condición para acceder al beneficio era contar con una antigüedad de "2 años desde la fecha en entrada en vigencia" de la ley. Las excepciones, en tanto, estaban dadas para los cargos de supervisión o de conducción educativa y en casos en que los docentes se encuentren sujetos a un proceso disciplinario o cuyos cargos sean incompatibles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado y obtuvo un medio guiño del ministro de Educación de entonces, Eduardo Galera, quien proponía algunos cambios, como el límite de edad (desde los 45 años) y una antigüedad de 5 años en la docencia. Pero, a diferencia de hoy, obtuvo un rechazo contundente de ATECA, el gremio más numeroso, porque sostenía que la ley violaba el Estatuto Docente por cuanto éste prevé que las titularizaciones sólo se dan a través de concursos. Tampoco, además, cayó bien en la Cámara de Diputados, donde no se completó la sanción. El presidente de la Comisión de Educación de ese cuerpo había anticipado que el proyecto "no" pasaría de esa instancia. Y así fue.

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¿Quién era el jefe de esa comisión? El oficialista Mario Perna, actual ministro de Educación y autor intelectual del decreto Nº 50 que dispone la titularización masiva de todos los docentes, sin límites de edad y con una antigüedad de 3 años. ¿Ha cambiado tanto la situación de inestabilidad laboral de los docentes desde entonces a hoy? Para nada. Lo que hoy corren son otros vientos políticos. Con la retirada anunciada del Frente Cívico y Social del poder, el Gobierno ha acelerado las medidas de impacto laboral en el sector público. Desde los casi 6.000 agentes contratados en las áreas de Obras Públicas y Ambiente hasta los más de 9.000 docentes, bibliotecarios y preceptores titularizados hasta ahora. Esto sin incluir los numerosos casos de funcionarios "recontratados" en la Administración. Ahora se sabe, por lo tanto, que aquel diputado Perna no tenía un desacuerdo conceptual, técnico o ideológico con las titularizaciones docentes, sino que lo suyo era, simplemente, una posición política coyuntural. Una cosa es oponerse a las medidas "populistas" cuando se mantiene cierta distancia con el hecho, y otra muy distinta es hacerlo cuando se tiene la posibilidad de producirlo, es decir, de sucumbir ante la tentación demagógica. La diferencia son los lugares que un político ocupa en los esquemas de poder.