Tensión por un problema negado

Cristina Fernández de Kirchner no sólo necesita ganar en primera vuelta, necesita que su victoria sea inobjetable hacia el interior de ese gran movimiento que es el justicialismo y sobre el que se articula la maquinaria de poder del Gobierno.

Precisa llegar al 10 de diciembre con la autoridad que sólo una contundente cosecha de votos le otorgará a fin de poder conducir 4 años más un país (ya sin posibilidad constitucional de quedarse otro turno en el poder) y tomar medidas que -se presumen- no deberían ser demasiado populares.

Por eso ayer usó su principal carta y dudó de la posibilidad de presentarse como candidata para, de esa manera, disciplinar a los dirigentes sindicales que a través de la conflictividad piden aumentos salariales y presionan de paso a la Casa Rosada para seguir tomando más y más poder político, lo que no hace más que condicionar la gobernabilidad.

Nunca quedó tan claro en público que para la jefa del Estado los principales escollos no surgen de la oposición sino del propio oficialismo, y en particular de los seguidores de Hugo Moyano, el jefe máximo de la CGT.

"No me muero por volver a ser presidenta, yo ya di todo lo que tenía para dar. A mí no me van a correr", sostuvo al mediodía ayer desde José C. Paz. Por si quedaban dudas, aclaró: "Estoy cansada de las hipocresías de los que dicen ayudar y vivan el nombre de Cristina y al otro día hacen todo lo contrario para que todo se derrumbe".

La Presidenta diseña con su círculo íntimo el mapa de alianzas con el que pretenderá ganar y gobernar. No sólo sabe que -parafraseando al salteño Juan Manuel Urtubey- Moyano es "piantavotos", también sabe que llegó el momento de recortarle el poder que Néstor Kirchner le concedió desde 2003. Mejor hacerlo ahora, cuando su candidatura está en veremos, para negociar la mayor libertad de acción armando listas a su antojo y desmarcarse de una presión sindical que, como dijo la Presidenta ayer, "amenaza con derrumbar todo".

Detrás de esta pelea por el poder real, ese que condiciona o facilita la gobernabilidad actual y futura, se esconde un problema estructural que hasta ahora el Gobierno sigue insistiendo en negar. Si los sindicatos más "irracionales" -según la visión de la Casa Rosada- pueden tomar de rehenes al resto de la sociedad haciendo paros, piquetes y obstruyendo la libertad de circulación o consumo de bienes y servicios, es sencillamente porque existe un proceso inflacionario que obliga a la tensión permanente entre gremios, Estado y empresarios.

Los petroleros reclaman 37% de aumento; en Santa Cruz los docentes exigen 50% y en Provincia de Buenos Aires Pablo Moyano bloqueó los centros de distribución de naftas para exigir un 5% de aumento extra (habían acordado 24%) a los camioneros que transportan combustible; secó así las regaderas de las estaciones de servicio de la Capital y el conurbano durante 4 días.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió a capa y espada el miércoles en el Senado las multas de 500 mil pesos que la Secretaría de Comercio aplicó a las consultoras que dan a conocer sus mediciones sobre la inflación y demostró una vez más que el Gobierno prefiere establecer un "de esto no se habla" antes que buscar una solución al fenómeno inflacionario.

Pero fue la misma Presidenta la que hace sólo una semana le admitió a un gremialista amigo, Hugo Yasky (CTA oficialista), su preocupación por la inflación. Una confesión que por ahora no ha hecho en público pero que ha repetido en sus reuniones recientes a la CTA, a los empresarios nucleados en la UIA y a la CGT para poner un "stop" a una puja salarial que sólo empuja hacia arriba la escalada inflacionaria.

El gran temor de la Presidenta surge de la principal falla que tiene el modelo político y económico sobre el que es consciente que deberá hacer ajustes. Si no se soluciona el drama de la inflación, que todos los días lanza miles de argentinos a la pobreza a pesar de la enorme cantidad de dinero que se gasta en subsidios, asignaciones y políticas de promoción social, gobernar hasta 2015 no será tarea sencilla.

Por eso, sobre todo por eso, es que la jefa del Estado necesita en el sindicalismo figuras sensatas y reclama "fidelidad", un "bien escaso por estos tiempos", dijo ayer, para remarcar la dimensión de los fantasmas que tiene sobre aquellos "que vivan el nombre Cristina" y "hacen todo lo contrario".

Los días por venir seguramente serán de muchas cavilaciones. Cristina Kirchner logró embretar a la cúpula sindical ya que dejó en manos de su buena conducta, o del ejercicio de la racionalidad que ésta haga, la posibilidad de postularse a la Presidencia.

Sabe que en todas las encuestas de opinión tiene consolidada una intención de votos que perforó el 40% y que ningún otro dirigente dentro del peronismo -y también de la oposición- está en condiciones de mostrar esa performance.

Ayer, los dirigentes más cercanos a Moyano como Omar Plaini y Julio Piumato intentaron sin éxito desviar las acusaciones presidenciales y sostuvieron que la CGT ha sido "sensata" y que los casos puntuales que exaltaron los ánimos de la Casa Rosada son protagonizados por gremialistas no K. Pero no pudieron justificar por qué entonces la Presidenta dijo estar "cansada de la hipocresía" de quienes dicen que están con ella pero buscan destruir el modelo. Claramente, Cristina Kirchner hablaba de aliados que han quedado bajo un cono de sospechas.

Aun si la Casa Rosada logra que la puja redistributiva se aplaque unos meses y sortea sin más inconvenientes el test electoral de octubre, quedará pendiente aplicar políticas antiinflacionarias para que, como dicen algunos kirchneristas en voz baja, "el carrito de supermercado no termine chocando el modelo".

La convivencia con una CGT no aliada -"romper con nosotros sería un suicidio", advirtió ayer Piumato en su cuenta de Twitter- sería para cualquier presidente un calvario si el contexto inflacionario no se detiene. Quizás sea esto lo que la Presidenta tiene en mente. Quizás realmente tenga en mente no postularse.