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Tensión en San Luis: tomaron la jefatura central de la policía y renunció su titular

Un grupo de efectivos encapuchados ocuparon la sede de la Jefatura y tomaron de rehén a sus superiores, en rechazo a la sanción a 51 uniformados.

Un grupo de efectivos de la policía de San Luis y manifestantes encapuchados ocuparon esta madrugada el edificio de la Jefatura Central de la fuerza y tomaron de rehén a sus superiores, en rechazo a la sanción a 51 uniformados que se habían autoacuartelado el lunes, en el marco de un reclamo de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Los policías castigados, a los que se les sumaron paulatinamente otros compañeros no sólo de la ciudad de San Luis sino también de Villa Mercedes y del interior provincial, quemaron gomas en todos los accesos al edificio, en cuyo interior -en su despacho- se encontraba el jefe de la repartición, comisario general Miguel Angel Ubieta, junto a algunos miembros de la plana mayor.

Por el caso, el jefe de la policía de San Luis renunció a su cargo y la decisión fue aceptada por el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, quien puso a cargo de la fuerza al actual subjefe, comisario general Oscar Papaño, según informó esta mañana el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad del gobierno puntano, Martín Olivero.

El funcionario anunció además que el Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia por la toma del edificio de la Jefatura Central de la Policía y precisó que "esperamos la orden del juez para que los revoltosos abandonen el edificio pacíficamente y que no cometan otro delito como es el desacato a una orden judicial".

"Si no, la haremos cumplir por la fuerza pública. El gobierno de la provincia no va a permitir que un grupo de personas atenten contra la seguridad pública", remarcó.

Asimismo, el funcionario enfatizó que "responsabilizamos a (Alejandro) Miranda", el abogado que los representa, un ex comisario de la policía dado de baja tras una revuelta similar en 2005 y que está enfrentado políticamente con el gobierno provincial, "y al oficial principal Miguel López, por los daños o hechos que pudieran suceder".

Señaló que "en todo esto hay un trasfondo político" y que "de los 2.965 efectivos con los que cuenta en total la policía en toda la provincia, solo un grupito, ni siquiera todos los 51 efectivos que fueran separados de la fuerza, son los que asaltaron la Jefatura de Policía, apoyados por otros civiles infiltrados, entre los que hay algunos ex policías".

Según relató, poco después de la medianoche, "unas 40 personas encapuchadas y armadas, irrumpieron en el edificio, rompiendo las puertas violentamente, agredieron a algunos efectivos que estaban adentro, rompieron unas macetas y otros elementos que hay en el hall de ingreso y dañaron el tablero de electricidad, cortando la luz del lugar, que quedó iluminado solo con la luz de emergencia con que cuenta".

Los reclamos de los policías comenzaron el pasado 6 de agosto cuando, tras elevar un petitorio al gobernador reclamando por mejoras salariales y condiciones de trabajo, resolvieron autoacuartelarse en la jefatura y algunas comisarias del interior, para presionar una respuesta.

El gobierno, a través del ministerio de Seguridad, los intimó a deponer la actitud y luego de varias idas y vueltas, y de que muchos de los efectivos fueran abandonando la protesta, sólo quedaron 51 efectivos en rebeldía.

Estos abandonaron el acuartelamiento en la tarde del pasado sábado "para posibilitar el normal desarrollo de las elecciones PASO", para luego retomar el diálogo tras los comicios.

Sin embargo, el lunes el gobierno resolvió la baja de 21 auxiliares y el inicio de sumario y pase a disponibilidad de los otros 30 oficiales y suboficiales que realizaron la protesta.