Televisión para todos

La televisión de nuestro país nació en 1951, pero fue a partir de 1960 que comenzó su expansión. Si bien el primer canal fue el 7, la lógica de nuestra televisión se asentó en el modelo comercial estadounidense, siendo los primeros canales privados empresas subsidiarias o relacionadas con las grandes cadenas norteamericanas.

Con la misma lógica comercial se extendió la televisión en el interior del país, contándose con sólo 29 canales privados y 11 públicos (provinciales o universitarios) para un territorio continental de más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Tan sólo siete ciudades de todo el país tienen, aún hoy, más de una oferta televisiva libre y gratuita, el resto sólo una y los lugares más alejados, ninguna. Por ese motivo, por la falta de oferta, el cable se extendió como en ningún otro país del mundo en relación abonado-hogares.

¿Por qué sucedió esto? Porque en un principio la tecnología era cara e inaccesible, con poca experiencia en el país, y luego se apoderó del modelo una lógica cerrada, monopólica y muy ligada a los intereses políticos locales. Así, la televisión abierta se convirtió en un bien escaso y de alto valor agregado por su construcción simbólica. Basta recordar que cada vez que había un golpe de Estado, se asaltaban las plantas de radio y televisión para controlar el mensaje.
Desde comienzos de la década del ’70 que no había concursos para adjudicación de nuevos canales. Los últimos, que fueron readjudicaciones, los había hecho la dictadura militar, más allá de las privatizaciones del menemismo. Cuando Alfonsín asumió, suspendió el plan técnico, ya que no quería adjudicar con la ley de la dictadura. Pasados los años y cuando me tocó estar al frente del Comfer impulsé la sanción del Decreto 1473/01, que llamaba a la confección de un nuevo plan técnico para la licitación de frecuencias, pero la debilidad del gobierno y la oposición de los grupos monopólicos del interior del país impidieron el avance del plan.

Ahora, la Presidenta no sólo lanza el plan de frecuencias más extendido de la historia argentina, sino que cambia la lógica comercial de la televisión, para asentarla en la del derecho a la comunicación. De las 220 frecuencias de las que se va a disponer, el 50 por ciento serán otorgadas a gobiernos de provincia, universidades y sectores no comerciales, quedando el 50 por ciento restante para la televisión privada comercial.

Pero a esta lógica debe agregarse, para enriquecer y completar el esquema, la continuidad y ampliación del banco de contenidos universales audiovisuales para poner a disposición cientos de horas de contenido televisivo; la ampliación de la red de antenas y plataformas digitales del Estado (hoy 19 torres) para garantizar la retransmisión en todo el territorio nacional y que llegará a 120 al terminar el plan. Finalmente, el lanzamiento de televisores con conectividad para TDT a precio económico y en cuotas, comenzando por los jubilados.
Es decir que, además de convertir un bien escaso (frecuencias) en un bien abundante, gracias a la tecnología digital, se ponen las frecuencias a disposición de todos los sectores para garantizar el derecho a la comunicación. El Estado invierte en las plataformas de transmisión para garantizar alcance en todo el territorio nacional. De esas plataformas sale la televisión digital argentina (14 canales) y de las mismas plataformas van a poder transmitir los nuevos adjudicatarios. Habrá fondos para producción de contenidos y se garantiza el acceso igualitario de la población no sólo por la cobertura de la red digital, sino también poniendo los televisores al alcance de los que menos tienen.

Los medios electrónicos de comunicación juegan un rol fundamental tanto en la información como en la construcción de ciudadanía. La mayor cantidad de consumos culturales se da a través de la televisión. Por eso, garantizar el acceso multiplicando la diversidad es contribuir al fortalecimiento de la democracia, con altos niveles de justicia.