Telecomunicaciones: el ocaso de un paradigma
* Martín Becerra. El reciente acuerdo entre el Gobierno y Telefónica/Telecom convalida un monopolio y va en contra de las necesidades de un país con desigualdades.
El reciente acuerdo entre el Gobierno y Telefónica/Telecom que valida el monopolio telefónico dada la participación accionaria de la primera compañía en la segunda no es un accidente casual.
Es fruto de una política que sostiene, con respirador artificial, un viejo paradigma incompatible con las necesidades de un país con graves desigualdades sociales y geográficas. Desigualdades de las que el paradigma es, en buena parte, responsable.
Definido por la Reforma del Estado de 1989 que promovió la privatización de ENTel, ese paradigma se basa en un modelo de monopolio privado (duopolio en telefonía móvil), apartado de las obligaciones de servicio público, extranjerizado, y con autoridades de aplicación y control atrofiadas que abonan el mito de un mercado "desregulado". Para perpetuarse, el paradigma requiere de cuidados intensivos que contradicen la decisión gubernamental de revisar otros importantes aspectos del programa neoliberal.
Las contradicciones de la política de telecomunicaciones son antiguas : la ley vigente, firmada por Alejandro Lanusse en 1972, es anacrónica. La privatización de ENTel modificaría, empeorándolo, el marco legal. Las últimas décadas atestiguaron transformaciones estructurales: la Argentina tiene más de 50 millones de líneas de telefonía móvil (con 40 millones de habitantes) y cerca de 8 millones de líneas de telefonía fija. Como ocurre con el gas, las clases medias y altas tienen el servicio garantizado por la red a tarifas reguladas, mientras que los sectores más pobres deben gestionar sus necesidades sin la asistencia del Estado.
Agonizante, el ideario de 1989 archivó su retórica de libre concurrencia y resiste porque el Estado no aplica normas que beneficiarían a los usuarios (como el Decreto 764/2000) ni controla un mercado concentrado en dos actores, Telefónica y Telmex . El Estado no realiza análisis de costos ni impone obligaciones a los actores con posición dominante. En reciprocidad, el mercado tolera la regulación de las tarifas de la telefonía fija a cambio de cobijar la ficción de que la telefonía móvil es un servicio suntuario con precios desregulados .
Las ganancias de las telefónicas provienen en un 65% de la telefonía móvil, mercado que facturó 24 mil millones de pesos en 2009.
La importancia de esta cifra explica el sentido de la (in) acción del Estado en la materia . Los dos organismos oficiales clave en telecomunicaciones son funcionales a intereses corporativos . La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que debería controlar el sector, se halla intervenida desde 2002 y la Secretaría de Comunicaciones (SeCom), autoridad de aplicación de la ley, hace más de diez años que obtura la concreción del fondo de servicio universal, la portabilidad numérica y otros derechos de los usuarios. En paralelo, hace 11 años está detenida la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tendría mucho para investigar .
Ninguno de estos organismos fue capaz de advertir que los precios que pagan proveedores medianos y pequeños de telefonía e Internet para interconectarse a la red telefónica atentan contra la expansión de los servicios. Esto animó al Gobierno a anunciar la creación de una red estatal de fibra óptica para eludir el abuso.
Este escenario permite evaluar las consecuencias de la privatización de ENTel , pero también interrogarse sobre la celeridad estatal a la hora de enajenar sus recursos y sobre su nula capacidad de control.
Una agenda diferente no sólo debería recrear objetivos relegados, como la inclusión social y la cohesión territorial, sino también promover la definición de la telefonía móvil e Internet como servicios públicos.
La regulación de estos servicios , cuyo aumento tarifario fue muy superior a la inflación en los últimos años, junto a la introducción de debates como la convergencia con los medios audiovisuales o la neutralidad de la red , evitarán que las telecomunicaciones se diseminen prioritariamente entre los sectores urbanos y los de mayor poder adquisitivo y estructuren nuevas fracturas sociales.