TBA acusa al Estado por falta de mantenimiento
Un directivo de la empresa TBA aseguró que el Estado alteró documentación económica del contrato firmado en 1995.
Carlo Michele Ferrari, el presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), presentó ayer un escrito en la causa judicial por el choque de Once para defenderse en indagatoria y mantuvo la tesis que en los últimos años sostuvo la empresa de la familia Cirigliano que explota el ferrocarril Sarmiento: que los incumplimientos en el mantenimiento se deben a la falta de pago del Estado.
Ferrari fue el segundo en presentarse a declarar frente al juez Claudio Bonadio , quien ayer, 76 días después de la tragedia, inició las indagatorias.
El presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), acompañado por su abogado Martín Clemente, presentó un escrito de 13 carillas donde explicó cuáles eran sus tareas "protocolares" como presidente del directorio de TBA y responsabilizó al Estado por la falta de dinero para hacer las obras necesarias para el mantenimiento y el correcto funcionamiento del servicio.
Además, Ferrari, quien dijo ante el juez que gana $70.000 por mes por sus funciones en la empresa, contestó preguntas que le hizo Bonadio.
El directivo de la empresa hizo una lista de los gerentes y jefes de área con responsabilidades operativas y defendió la actuación de ellos "aún en los momentos de mayor dificultad, (...) los empleados y gerentes han llevado a cabo la prestación del servicio a cargo de TBA cuidando en extremo las medidas de seguridad, aún cuando estas fueran en detrimento del confort o frecuencia del mismo...".
Ferrari aludió a las veces que TBA tuvo que protestar por una multa que le intentaba imponer el Estado y señaló que "la ecuación económico-financiera del contrato firmado en el año 1995 se vio alterada por sucesivas decisiones estatales, como ser la liberación del tipo de cambio con la consabida devaluación en 2001, el impacto de la inflación y el congelamiento de las tarifas, entre muchas otras variables".
El ejecutivo de la compañía intervenida por el Estado nacional luego del choque del 22 de febrero que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en la estación Once justificó lo actuado diciendo que "la empresa sostuvo como pudo el nivel de los servicios concesionados, emprendiendo su mejor esfuerzo contra el notable desequilibrio de las relaciones económico-financieras pautadas allá por el año 1995" y argumentó que esos problemas ocurrieron "producto de diversas medidas estatales de impacto general, pero además de otras instancias que atañen exclusivamente a la relación entre TBA y el Estado, como por ejemplo, el pago fuera de término de los certificados de obra de los trenes doble piso de la línea Sarmiento, entre muchos otros incumplimientos contractuales de exclusiva responsabilidad del Estado".
Ferrari fue el segundo en presentarse a declarar frente al juez Claudio Bonadio , quien ayer, 76 días después de la tragedia, inició las indagatorias.
El presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), acompañado por su abogado Martín Clemente, presentó un escrito de 13 carillas donde explicó cuáles eran sus tareas "protocolares" como presidente del directorio de TBA y responsabilizó al Estado por la falta de dinero para hacer las obras necesarias para el mantenimiento y el correcto funcionamiento del servicio.
Además, Ferrari, quien dijo ante el juez que gana $70.000 por mes por sus funciones en la empresa, contestó preguntas que le hizo Bonadio.
El directivo de la empresa hizo una lista de los gerentes y jefes de área con responsabilidades operativas y defendió la actuación de ellos "aún en los momentos de mayor dificultad, (...) los empleados y gerentes han llevado a cabo la prestación del servicio a cargo de TBA cuidando en extremo las medidas de seguridad, aún cuando estas fueran en detrimento del confort o frecuencia del mismo...".
Ferrari aludió a las veces que TBA tuvo que protestar por una multa que le intentaba imponer el Estado y señaló que "la ecuación económico-financiera del contrato firmado en el año 1995 se vio alterada por sucesivas decisiones estatales, como ser la liberación del tipo de cambio con la consabida devaluación en 2001, el impacto de la inflación y el congelamiento de las tarifas, entre muchas otras variables".
El ejecutivo de la compañía intervenida por el Estado nacional luego del choque del 22 de febrero que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en la estación Once justificó lo actuado diciendo que "la empresa sostuvo como pudo el nivel de los servicios concesionados, emprendiendo su mejor esfuerzo contra el notable desequilibrio de las relaciones económico-financieras pautadas allá por el año 1995" y argumentó que esos problemas ocurrieron "producto de diversas medidas estatales de impacto general, pero además de otras instancias que atañen exclusivamente a la relación entre TBA y el Estado, como por ejemplo, el pago fuera de término de los certificados de obra de los trenes doble piso de la línea Sarmiento, entre muchos otros incumplimientos contractuales de exclusiva responsabilidad del Estado".