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Tarifas y el problema de la "dolarización": qué servicios dependen de la divisa y cuáles no
El presidente electo fijó su postura sobre la desdolarización de las tarifas.
Alberto Fernández aseguró desde México su postura sobre la desdolarización de las tarifas. Pero, ¿qué componente está dolarizado en las boletas de estos servicios?
Las boletas de gas están compuestas por cuatro ítems que se actualizan de distintas maneras. El que tiene mayor peso dentro de la factura, con el 40% del valor total, es el insumo mismo: el gas. Los principales productores son YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol -la petrolera del Grupo Techint-, Pampa Energía y Compañía General de Combustibles (CGC).
Los demás componentes son transporte -donde operan TGN y TGS-, que explica el 11% del precio final de la factura; distribución -en donde están Metrogas, Camuzzi y Naturgy-, con un 24% del monto total, e impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan aproximadamente el 25% de la boleta.
De todos estos componentes, solo el gas se comercializa en dólares. Transporte y distribución se actualizan de forma semestral, en abril y octubre, en función de la inflación acumulada entre esos seis meses. Y los impuestos son un porcentaje del valor total de los tres ítems.
En el caso del gas, el precio está pactado en dólares, pero a un tipo de cambio establecido que se debería actualizar también cada seis meses, al igual que transporte y distribución. En febrero pasado hubo una subasta pública y el precio promedio de gas que surgió fue US$4,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), a un dólar de $41.
En octubre, el tipo de cambio tendría que haberse actualizado a $56, que surge del promedio del dólar vendedor mayorista del Banco Nación de los primeros 15 días de septiembre, pero el Gobierno decidió congelar todas actualización hasta el 31 de diciembre.
Por lo tanto, la próxima administración heredará los aumentos por el tipo de cambio y por inflación del valor del gas, la distribución y el transporte. Alberto Fernández ya indicó que "todas [las energéticas] deberán hacer un esfuerzo".
En las tarifas de luz sucede algo similar. El mayor costo de la factura representa la generación de electricidad, con el 60,2% para un consumo promedio de 250 Kwh mes en Capital Federal. Las principales generadoras son Enel -la italiana dueña de Edesur-, Pampa Energía -principal accionista de Edenor-, Central Puerto, AES, Genneia, YPF Luz y PAE. Las empresas le venden la energía a Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de electricidad. El precio está pactado en dólares al tipo de cambio de los 60 días posteriores al momento del despacho, que es cuando se efectúa el pago.
Las empresas distribuidoras -como Edenor y Edesur- se encargan también de medir los consumos, repartir las boletas y recolectar los pagos. Ellas se quedan con un 16,5% del costo de la factura; 21,5% son impuestos, 1,8% es transporte, y el resto se le paga a Cammesa.
La Secretaría de Energía, a través de subsidios, aporta la diferencia entre lo que cuesta la generación de electricidad y la tarifa que paga el usuario. En 2015, el usuario pagaba apenas el 10% del costo de la electricidad y el resto lo financiaba el Estado. A comienzo de este año, luego de los aumentos de tarifas, el usuario promedio llegó a pagar el 76%, pero luego de las disparadas del dólar y del congelamiento de las tarifas, el cliente residencial promedio paga ahora apenas el 50%, y el resto corre por cuenta de las arcas fiscales.
Aplicar las actualización por inflación de los componentes transporte y distribución depende de las provincias, que son las que autorizan estos incrementos. En el caso del área metropolitana, los aumentos quedaron congelados hasta fin de año y será responsabilidad del nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) -controlado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- decidir los próximos aumentos.
En relación a la generación de electricidad, dependerá del próximo ministro de Economía decidir si mantiene los subsidios o si les traspasa el costo total a los usuarios.
El mercado de los combustibles está, en principio, desregulado. Las empresas deciden el valor de las naftas y el gasoil sobre la base de sus costos y la demanda. Sin embargo, por 90 días, el Gobierno estableció un congelamiento de precios y solo la Secretaría de Energía puede fijar los valores. Esta medida finaliza el próximo 14 de este mes y las empresas ya advirtieron que los precios están atrasados entre 18% y 20%.
Las principales refinadoras son YPF -que, con el 60% del mercado, es la que fija los valores de referencia-, Raízen (que tiene las estaciones de servicio Shell), Axion y Puma Energy. Ellas le compran el barril de petróleo a las productoras, donde también son actores importantes YPF y PAE (dueña de Axion).
En un mercado normalizado (cercano al valor de paridad de importación), el precio del litro de nafta está compuesto en un 38% por el valor del petróleo, otro 38% es las carga impositiva y el 24% restante son costos logísticos, marketing y margen de ganancia.
Cuando el tipo de cambio aumenta, el valor de las naftas sube. El traspaso es casi automático, ya que las refinadoras tienen sus costos en dólares y venden las naftas en pesos. Por eso las petroleras hablan de la "paridad de importación" para referirse a las diferencias entre el valor local del litro de nafta y el internacional.
Tanto el gas como el crudo son commodities y, en general, no existe valor agregado para estos insumos: un tipo de petróleo producido en la Argentina es muy parecido a ese mismo tipo de petróleo extraído en Estados Unidos. Lo mismo sucede con el gas. Por eso existen las cotizaciones del Brent -para saber el valor internacional del barril de petróleo- y del Henry Hub -para seguir la cotización del millón de BTU del gas natural-, que están en dólares.
Las inversiones que se realizan en estas industrias también son en moneda extranjera. Por eso las petroleras quiere asegurarse que se les pague en esa divisa para comprometer sus desembolsos. Según dicen, si el gobierno de turno decide pagarles en pesos, las empresas dejarán de invertir en el mercado argentino y elegirán hacerlo en otros países.
Las boletas de gas están compuestas por cuatro ítems que se actualizan de distintas maneras. El que tiene mayor peso dentro de la factura, con el 40% del valor total, es el insumo mismo: el gas. Los principales productores son YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol -la petrolera del Grupo Techint-, Pampa Energía y Compañía General de Combustibles (CGC).
Los demás componentes son transporte -donde operan TGN y TGS-, que explica el 11% del precio final de la factura; distribución -en donde están Metrogas, Camuzzi y Naturgy-, con un 24% del monto total, e impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan aproximadamente el 25% de la boleta.
De todos estos componentes, solo el gas se comercializa en dólares. Transporte y distribución se actualizan de forma semestral, en abril y octubre, en función de la inflación acumulada entre esos seis meses. Y los impuestos son un porcentaje del valor total de los tres ítems.
En el caso del gas, el precio está pactado en dólares, pero a un tipo de cambio establecido que se debería actualizar también cada seis meses, al igual que transporte y distribución. En febrero pasado hubo una subasta pública y el precio promedio de gas que surgió fue US$4,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), a un dólar de $41.
En octubre, el tipo de cambio tendría que haberse actualizado a $56, que surge del promedio del dólar vendedor mayorista del Banco Nación de los primeros 15 días de septiembre, pero el Gobierno decidió congelar todas actualización hasta el 31 de diciembre.
Por lo tanto, la próxima administración heredará los aumentos por el tipo de cambio y por inflación del valor del gas, la distribución y el transporte. Alberto Fernández ya indicó que "todas [las energéticas] deberán hacer un esfuerzo".
En las tarifas de luz sucede algo similar. El mayor costo de la factura representa la generación de electricidad, con el 60,2% para un consumo promedio de 250 Kwh mes en Capital Federal. Las principales generadoras son Enel -la italiana dueña de Edesur-, Pampa Energía -principal accionista de Edenor-, Central Puerto, AES, Genneia, YPF Luz y PAE. Las empresas le venden la energía a Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de electricidad. El precio está pactado en dólares al tipo de cambio de los 60 días posteriores al momento del despacho, que es cuando se efectúa el pago.
Las empresas distribuidoras -como Edenor y Edesur- se encargan también de medir los consumos, repartir las boletas y recolectar los pagos. Ellas se quedan con un 16,5% del costo de la factura; 21,5% son impuestos, 1,8% es transporte, y el resto se le paga a Cammesa.
La Secretaría de Energía, a través de subsidios, aporta la diferencia entre lo que cuesta la generación de electricidad y la tarifa que paga el usuario. En 2015, el usuario pagaba apenas el 10% del costo de la electricidad y el resto lo financiaba el Estado. A comienzo de este año, luego de los aumentos de tarifas, el usuario promedio llegó a pagar el 76%, pero luego de las disparadas del dólar y del congelamiento de las tarifas, el cliente residencial promedio paga ahora apenas el 50%, y el resto corre por cuenta de las arcas fiscales.
Aplicar las actualización por inflación de los componentes transporte y distribución depende de las provincias, que son las que autorizan estos incrementos. En el caso del área metropolitana, los aumentos quedaron congelados hasta fin de año y será responsabilidad del nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) -controlado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- decidir los próximos aumentos.
En relación a la generación de electricidad, dependerá del próximo ministro de Economía decidir si mantiene los subsidios o si les traspasa el costo total a los usuarios.
El mercado de los combustibles está, en principio, desregulado. Las empresas deciden el valor de las naftas y el gasoil sobre la base de sus costos y la demanda. Sin embargo, por 90 días, el Gobierno estableció un congelamiento de precios y solo la Secretaría de Energía puede fijar los valores. Esta medida finaliza el próximo 14 de este mes y las empresas ya advirtieron que los precios están atrasados entre 18% y 20%.
Las principales refinadoras son YPF -que, con el 60% del mercado, es la que fija los valores de referencia-, Raízen (que tiene las estaciones de servicio Shell), Axion y Puma Energy. Ellas le compran el barril de petróleo a las productoras, donde también son actores importantes YPF y PAE (dueña de Axion).
En un mercado normalizado (cercano al valor de paridad de importación), el precio del litro de nafta está compuesto en un 38% por el valor del petróleo, otro 38% es las carga impositiva y el 24% restante son costos logísticos, marketing y margen de ganancia.
Cuando el tipo de cambio aumenta, el valor de las naftas sube. El traspaso es casi automático, ya que las refinadoras tienen sus costos en dólares y venden las naftas en pesos. Por eso las petroleras hablan de la "paridad de importación" para referirse a las diferencias entre el valor local del litro de nafta y el internacional.
Tanto el gas como el crudo son commodities y, en general, no existe valor agregado para estos insumos: un tipo de petróleo producido en la Argentina es muy parecido a ese mismo tipo de petróleo extraído en Estados Unidos. Lo mismo sucede con el gas. Por eso existen las cotizaciones del Brent -para saber el valor internacional del barril de petróleo- y del Henry Hub -para seguir la cotización del millón de BTU del gas natural-, que están en dólares.
Las inversiones que se realizan en estas industrias también son en moneda extranjera. Por eso las petroleras quiere asegurarse que se les pague en esa divisa para comprometer sus desembolsos. Según dicen, si el gobierno de turno decide pagarles en pesos, las empresas dejarán de invertir en el mercado argentino y elegirán hacerlo en otros países.
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