Suman críticas al juez José Villafañe: "Mató con su firma a Abril dejando libre a su asesino"

El delincuente que en un robo a mano armada mató de un tiro en la frente a Abril Bogado, de 12 años, gozaba de una libertad anticipada concedida por José Villafañe, juez de Ejecución Penal del juzgado n°2 de La Plata.

"Un asesino que nunca tenía que haber estado en ese lugar sino tras las rejas. Un juez que ya había asesinado en otro fallo con su firma", dice un comunicado de las Madres del Dolor.

El juez Villafañe, en el año 2015, concedió una entrevista al diario platense El Día, para explayarse sobre sus funciones: "Los derechos humanos son para todos, inclusive para los presos", decía, explicando que su responsabilidad era, además de monitorear el cumplimiento de la condena, "verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas bajo la tutela del Estado".

Además, explicaba con toda desenvoltura que muchas decisiones de reducción de condena estaban principalmente motivadas "por el mal estado del sistema carcelario". En esto, sigue las consignas de la Procuración Penitenciaria, organismo creado bajo el kirchnerismo, que postulaba, como solución al hacinamiento carcelario, no la construcción de prisiones, sino la liberación de presos. En un proyecto de ley proponían que, si una cárcel llegaba al 90 por ciento de su capacidad, se autorizara "la reducción en hasta un 25 por ciento de los plazos previstos en el régimen de progresividad de la pena privativa de la libertad", además de "analizar e impulsar indultos, conmutaciones de penas (y) medidas alternativas a la pena de prisión o la prisión preventiva".

Esta ley no se aprobó, pero rige de hecho en el espíritu de jueces como Villafañe.

"¿Y a éste cómo lo hago zafar?", es la memorable frase del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni que viene a la memoria en este momento. Es el espíritu que ha campeado en los últimos años por tribunales y universidades. Una ideología letal para miles y miles de argentinos víctimas de la violencia delictiva. El papel de los jueces es "limitar el poder punitivo del Estado" (sic); un concepto que no figura en nuestra Constitución pero ha sido erigido al nivel de doctrina en el derecho argentino por una corriente abolicionista que reniega de la ley que debe aplicar.

Esto explica la plaga de jueces de Ejecución Penal -los que deben velar por el cumplimiento de las condenas- que conceden beneficios a delincuentes contra la opinión de los peritos.

"El Juez Villafañe mató con su firma a Abril Bogado dejando libre a su asesino", expresó Matías Bagnatto, el único sobreviviente de la masacre de Flores. "Da bronca porque esto se repite todo el tiempo -dijo a Infobae-. Hablamos de lo mismo que hizo Axel López, o el juez Carlos Rossi [que liberó al violador y asesino de Micaela García]. A mí me lo dijo Axel López en la cara, que lo obligaban a liberar presos porque tenían las cárceles saturadas. Es un argumento que usan muchos jueces de ejecución para liberar. Por eso digo que es importantísima la participación de la víctima en el proceso de ejecución penal justamente, porque no les va a ser tan fácil firmar si tienen que llamar a la víctima y escucharla".

"No estamos hablando de jueces que se equivocaron -sostiene-; su conducta es así, continuamente lo hacen. Cuando tenés cuatro casos y los cuatro terminan en muerte, ¿qué me vienen con que se equivocó? Son tipos que ya tienen esa conducta de desestimar informes, de no leer las causas..."

El juez Villafañe, en el año 2012, fue objeto de un pedido de juicio político por conceder salidas transitorias a Diego Perotti, a pesar de que la agente fiscal Beatriz Castellanos había advertido que "no se encontraban dadas las condiciones para el otorgamiento del beneficio". Perotti ya había gozado de una salida transitoria y no había cumplido las reglas. El Servicio Penitenciario Bonaerense, con toda lógica, consideró inconveniente volverle a otorgar las salidas laborales, pero el juez desoyó el consejo. Esta vez el preso salió y no volvió. Más aun, aprovechó el favor que le hizo Villafañe para masacrar a toda una familia y enterrarla en los fondos de una vivienda que quería usurpar. El hecho fue conocido como la masacre de Hudson.

El juicio político no prosperó, y eso le costó la vida a Abril Bogado, en el intento de robo a su familia en la madrugada del domingo.

El autor del asesinato es otro beneficiado por el juez Villafañe: José Edgardo Echegaray Biel, "Pepito", de 32 años, que debía cumplir condena hasta julio de 2018, pero fue liberado anticipadamente, el 22 de julio de 2015.

La condena por la cual estaba preso en la Unidad 18 de Gorina no era por un delito menor: robo agravado y tentativa de homicidio, cometidos en 2012.

El Servicio Penitenciario Bonaerense consideró inconveniente la liberación anticipada de Echegaray; en una requisa le habían encontrado una faca y un celular. Pero el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 desoyó el consejo y lo liberó.

Echegaray era multi-reincidente, vale aclarar. En 2004, había sido arrestado por robo calificado. "Zafó", diría Zaffaroni. En agosto de 2005 fue detenido otra vez por tentativa de robo. En agosto de 2010, otra tentativa de robo calificado.

Ahora, cuando lo arrestaron por el crimen de Abril Bogado, dijo: "se me escapó el tiro". Ese es justamente el motivo por el cual el robo con armas es agravado y debe ser castigado en proporción. De haber recibido la condena merecida en sus primeros delitos, Echegaray no se habría encontrado en condiciones de reincidir con tanta facilidad. El que sale a robar con armas puede matar y con demasiada frecuencia mata aunque no sea la intención inicial. Algo que para los jueces abolicionistas no cuenta.

Matías Bagnato fue recibido en Olivos por el presidente Mauricio Macri la semana pasada. "Le dije que si ahora van a hacer un cambio de Código hay que limitarles las facultades de excarcelar a los jueces, no hay que dejarlo librado al arbitrio 'el juez podrá...', porque luego te dicen que los informes no son vinculantes, que ellos no pueden hacer futurología, siempre tienen una herramienta de dónde agarrarse".

"¿Los jueces de ejecución para qué están? Ellos tendrían que aplicar una lógica pero no lo están haciendo. Entonces o lo limitamos con las leyes o dejamos de gastar plata en pagarle a esta gente y ponemos una computadora y cuando cumplen equis años los soltamos", dice Bagnato.

Hay algo de desesperanza o de cansancio en sus comentarios porque esto "no es algo nuevo". "A lo largo y a lo ancho de la Argentina tenemos muchos casos como el de Abril lo que pasa es que no se hacen públicos, tal vez porque no pasan acá en Capital. El tema es no tener que esperar que pasen estas cosas porque hay una realidad: esto dura dos días, mientras haya presión, es triste pero es así. Dura dos o tres días, nos olvidamos, y volvemos a hablar de esto cuando ocurra otro caso", se lamenta.

"Eso es el Gran Bonete -dice por su parte Diana Cohen Agrest, fundadora de la asociacion civil Usina de Justicia-, porque cuando uno habla con los jueces ellos dicen que es el Poder Legislativo el que tiene que modificar las leyes y cuando hablás con el Poder Legislativo te dicen que son los jueces interpretan con discrecionalidad".

"Estoy preocupada -agrega- porque se viene una reforma del Código Penal y hay cosas que se mantienen incólumes. El concepto de peligrosidad, que es el que los jueces de Ejecución penal se niegan a aplicar cuando evalúan las salidas anticipadas y otros beneficios, tampoco va a estar en el nuevo código..."

Usina de Justicia recusó dos veces a Zaffaroni ante la CIDH. Primero cuando era candidato. "Y luego una segunda vez, en julio de 2016, por su ostensible militancia partidaria, y lo hicimos por correo electrónico, porque nos informaron que esa era la única vía. Jamás nos respondieron y cuando un abogado fue en representación nuestra a preguntar en Washington qué había pasado con eso le respondieron que la persona que recibía el correo electrónico era una señora muy viejita que casi nunca lo abría. Es una vergüenza pero eso fue lo que nos respondieron. Una tomada de pelo."

(Fuente: Infobae)