Subte: gobierno porteño lo lleva a la Justicia
La Ciudad presentó una medida para que no haya cambios en el control de los subtes "hasta tanto" el Ejecutivo nacional cumpla con las obligaciones del acta acuerdo.
El escrito exige que la Justicia ordene al Estado nacional -Ministerio de Planificación Federal- que "se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes" del acta acuerdo firmada a principios de año.
Los artículos apuntan al compromiso que había asumido el gobierno nacional de abonar $360.000.000 en concepto de subsidios en un plazo de doce meses y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acuerdo.
Entre los argumentos que la Ciudad mencionó como "fundamento jurídico" de la pretensión, aludió a la Resolución 10 de la Secretaría de Transporte en donde se "incumplió la obligación asumida en el artículo tercero" del acta acuerdo.
Es que, según el análisis de los equipos técnicos de la Ciudad, dicha norma administrativa implicaba la "eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional".
Como segundo punto de conflicto, el gobierno porteño recordó la reciente polémica por el retiro de la Policía Federal de los andenes, "lo que pone en riesgo a las personas de los usuarios y a los bienes afectados a la prestación del servicio público de transporte subterráneo".
La Ciudad hizo reserva de la cuestión federal, esto es, que en caso de considerarlo necesario podría llegar a la Corte Suprema por las respectivas vías de apelación, teniendo en cuenta que hay derechos de orden constitucional en pugna.
Más allá de los aspectos técnicos-jurídicos, la presentación de la medida cautelar significa el arribo de la cuestión a los estrados judiciales, algo que ya el propio Poder Ejecutivo Nacional había indicado a través del vicepresidente, Amado Boudou, y el ministro Julio De Vido, quienes habían señalado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema.
De hecho, el máximo tribunal de justicia del país tiene "competencia originaria" para los casos en que alguna provincia es parte -artículo 117 de la Constitución Nacional-, lo que significa que el tema de fondo podría tratarse directamente ante la Corte sin pasar por las instancias inferiores.
Los artículos apuntan al compromiso que había asumido el gobierno nacional de abonar $360.000.000 en concepto de subsidios en un plazo de doce meses y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acuerdo.
Entre los argumentos que la Ciudad mencionó como "fundamento jurídico" de la pretensión, aludió a la Resolución 10 de la Secretaría de Transporte en donde se "incumplió la obligación asumida en el artículo tercero" del acta acuerdo.
Es que, según el análisis de los equipos técnicos de la Ciudad, dicha norma administrativa implicaba la "eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional".
Como segundo punto de conflicto, el gobierno porteño recordó la reciente polémica por el retiro de la Policía Federal de los andenes, "lo que pone en riesgo a las personas de los usuarios y a los bienes afectados a la prestación del servicio público de transporte subterráneo".
La Ciudad hizo reserva de la cuestión federal, esto es, que en caso de considerarlo necesario podría llegar a la Corte Suprema por las respectivas vías de apelación, teniendo en cuenta que hay derechos de orden constitucional en pugna.
Más allá de los aspectos técnicos-jurídicos, la presentación de la medida cautelar significa el arribo de la cuestión a los estrados judiciales, algo que ya el propio Poder Ejecutivo Nacional había indicado a través del vicepresidente, Amado Boudou, y el ministro Julio De Vido, quienes habían señalado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema.
De hecho, el máximo tribunal de justicia del país tiene "competencia originaria" para los casos en que alguna provincia es parte -artículo 117 de la Constitución Nacional-, lo que significa que el tema de fondo podría tratarse directamente ante la Corte sin pasar por las instancias inferiores.