Subsidios y emergencia agropecuaria

Es motivo de debate la justificación o no del reclamo de las entidades agropecuarias por obtener ayuda estatal frente a la emergencia ocasionada por la sequía.

En sustento de su pedido, los representantes de campo refieren a los otros casos de contribuciones gubernamentales a los damnificados por catástrofes naturales, lo que también es de uso en otros países. También alegan que el agro en la Argentina está sometido a gravámenes sustancialmente más pesados que los que obligan a otras actividades.

El pago de retenciones a la exportación, entre otros impuestos, determina que el fisco se quede con una parte significativa del negocio agropecuario. Se dice por lo tanto que, si el Gobierno participa de esa forma en las buenas, es justo que aporte en las malas.

Frente a estos argumentos se contrapone el principio de que todo inversor que encara una actividad empresaria debe conocer los riesgos que ella conlleva. Si esa actividad es el agro y está sometida a una elevada carga tributaria, es un dato de inicio que además reduce el valor de la tierra y ha facilitado la entrada en el negocio. Si hay contingencias naturales que aumentan el riesgo, como es el caso de las sequías, también deben estar previstas o bien deben asegurarse.

Este enfoque de la cuestión quita fundamentación a los pedidos de subsidios con motivo de sequías, granizo, heladas, pestes u otros fenómenos que periódicamente producen pérdidas de cosechas o mortandad de ganado. Hay que tener en claro que los fondos con que el Estado otorga subsidios no vienen del cielo, sino del bolsillo de quienes pagan impuestos explícitos o sufren el impuesto inflacionario.

Con bastante razón, cualquier contribuyente puede decir que no es él quien debe solventar las pérdidas de quienes se vieron afectados por la sequía, sino que es un problema de los propios productores afectados. Tal vez la discusión de esta cuestión deba ampliarse para considerar otras circunstancias más generales. Por caso, anteayer, en la tercera reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, el Gobierno se comprometió a reanudar el mes próximo las negociaciones con la Mesa de Enlace por las retenciones y las trabas al comercio de trigo y de maíz.

Es que si en la cuestión de la sequía el pedido de las entidades no pareciera tener el debido fundamento, hay otros que claman por justicia y corrección. La presión tributaria sobre el agro es efectivamente muy elevada y, además, ha sido modificada muchas veces sin previo aviso. A esto se suma que el tipo de cambio que determina el precio de los productos exportables ha sido manipulado por el Gobierno utilizándolo como ancla antiinflacionaria, pero sin lograr ese efecto.

Es así como inversores que pagaron precios elevados al adquirir tierras ante la expectativa de una cierta rentabilidad, por obra y arte de decisiones gubernamentales imprevisibles hoy no la alcanzan. A ellos no puede decírseles que enfrenten las pérdidas en las malas por lo que ganan en las buenas. Aunque hubieren tenido en cuenta debidamente los riesgos, es demasiado pedirles que pronostiquen semejante desborde del gasto público y los excesos monetarios como los que ha producido este gobierno.

El aumento inflacionario de los costos de producción no se compadece con la combinación de retraso cambiario, elevadas retenciones y precios internacionales no tan favorables. Las entidades agropecuarias deben reclamar que se actúe sobre estas distorsiones, que hoy hacen que las buenas ya no lo sean tanto mientras las malas se potencian. Hay fundados motivos para reclamar por una reducción general de las retenciones de los productos agropecuarios y por una política cambiaria más realista y más consistente que el absurdo de trabar importaciones...