Subsidios, racionalidad y transparencia
La decisión del Gobierno nacional de comenzar a quitar los subsidios es una medida trascendente. A comienzos de este año decíamos en estas editoriales que "por la magnitud, diversidad de destinatarios y propósitos perseguidos, los subsidios se han transformado, bajo la administración kirchnerista, en una verdadera enfermedad de la economía argentina". Por lo tanto, se trata de arreglar un problema de gran magnitud creado por este mismo gobierno. No es herencia de nadie.
Los subsidios constituyen un instrumento de la política económica y social, muy antiguos, y de amplio uso en el mundo y en nuestro país. Esta práctica fue reducida en los ‘90, pero reapareció en forma creciente luego de la eliminación de convertibilidad y la devaluación de 2002, intensificada en los últimos tres años. El objetivo, en la mayoría de los casos, ha sido evitar el aumento de precios de bienes y servicios básicos del consumo familiar.
Los anuncios realizados y las primeras instrumentaciones que se van conociendo se refieren, no a todos los subsidios existentes, sino a los que afectan servicios públicos: electricidad, gas, agua y transporte de pasajeros, que representan alrededor del 80% del total de la economía. La cifra es enorme, ronda los 18 mil millones de dólares, algo más que el PBG de nuestra provincia.
Varios problemas aparecen en el uso de este instrumento. El principal de ellos es la discrecionalidad de las asignaciones, decididas en su casi totalidad por el Poder Ejecutivo, careciendo de la transparencia y controles exigidos en un gobierno republicano. La mayor parte la asigna el Ministerio de Planificación Federal.
Existe hoy una maraña de subsidios muy difícil de desentrañar, de poder determinar tanto su precisa magnitud y menos aún cómo son las transferencias entre sectores sociales y económicos. Dado que el dinero proviene de los contribuyentes no es sencillo saber "cuánto pone" y "cuánto saca" cada uno en este juego.
Es por ello que los efectos económicos serán, en cualquier caso, de magnitud. La forma en que se implementen las medidas puede agravar o atenuar esos efectos. Por esto, lo primero que debemos saber es si la quita será gradual o drástica; si será masiva o selectiva. Pensemos en los efectos de una quita de subsidios drástica y masiva a los cuatro servicios mencionados arriba.
Los mayores beneficiarios de los subsidios son los que viven en Capital Federal y en distritos del Gran Buenos Aires. En el caso del servicio de agua, la empresa estatizada (AySA) tiene la misma tarifa anterior a la devaluación de 2002. El transporte de subterráneos y trenes está en una situación similar, ya que se paga $ 1,10 el boleto. Con la energía eléctrica y gas natural (donde hay) ocurre lo mismo. En cambio, en muchas de las provincias algunos de estos servicios han sufrido aumentos en estos años.
Por lo tanto, no son aceptables las afirmaciones de algunos funcionarios acerca de que la quita de los subsidios no implicará aumentos de las tarifas; se trata de una afirmación demagógica que pronto desmentirán los hechos. Es que la opción es sencilla: para mantener las tarifas actuales hay que seguir con los subsidios, pero si estos se sacan, los usuarios pagarán más.
Luego están las empresas que han estado usando servicios públicos a tarifas subsidiadas.
Estos servicios son insumos, por lo tanto aumentarán sus costos, los que tarde o temprano trasladarán a los bienes que producen. Tratar de enmascarar las medidas presentándolas como "progresistas", como que ahora pagarán más los ricos, como que no tendrán efectos sobre los precios o sobre el consumo, son puras falacias.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno es adoptar una actitud prudente, transparente y evitar arbitrariedades. El problema fue gestado a lo largo de varios años, por lo que no se podrá deshacer en unos días. Lo que importa es ir en el sentido correcto.