Subsidios e improvisación

El proceso de reducción de subsidios, que desde esta columna hemos saludados días atrás, cuando se inició, ha comenzado a complicarse debido al propósito oficial de mostrar objetivos redistributivos y, además, pretender disimular los graves errores cometidos desde hace ocho años en el manejo de las tarifas de los servicios públicos. En el propio enunciado de este proceso el Gobierno introdujo una inevitable confusión cuando dijo que no se trata de ajustar tarifas y que los aumentos no serán apropiados por las empresas prestadoras.

La realidad es que inevitablemente se incrementarán las tarifas y que estas correcciones deberán reducir las pérdidas de esas empresas que hasta hoy se saldaban mediante subsidios. Todos aquellos usuarios abarcados por los ajustes deberán pagar una tarifa plena, como la que les hubieran cobrado si el prestador no hubiera recibido en estos años una compensación oficial por los congelamientos.

Hay que reconocer, sin embargo, que la cuestión no es sólo de tarifas sino que existen también cargos incluidos en las facturas para captar fondos con otros destinos. Por ejemplo, la importación por parte de Enarsa de gas licuado y de combustibles líquidos destinados a paliar la escasez de la producción nacional, destruida justamente por la política de congelamientos.

Debe entenderse que la aceptación social y política de ajustes tarifarios que impliquen subas del 200 y 300 por ciento exige una delicada diferenciación de los usuarios según su capacidad de pago. Pero no es aceptable que haya una utilización demagógica y populista de esta circunstancia, ni tampoco un discurso clasista. No obstante, éste ha sido el caso cuando el Gobierno eligió ciertas actividades económicas para comenzar con los aumentos, orientándose claramente a sectores que no suelen contar con el afecto popular: bancos, compañías de seguros, petroleras, casinos y empresas mineras.

Sin demasiado análisis se ha dicho que todas las empresas de esas actividades han tenido utilidades excesivas. Esta misma vestimenta de Robin Hood se ha utilizado en las decisiones sobre los consumos residenciales. El ajuste comenzó con Puerto Madero y Barrio Parque con el argumento de que son zonas ricas a las que hay que aplicarles durezas discursivas porque ello aporta un rédito político. Lo que es objetable es que ahora se lo presente como un acto de justicia cuando son los mismos actores los que hasta ahora subsidiaron a esos ricos que hoy hay que "castigar". Nuevamente, la confrontación es utilizada como un instrumento de gobierno, sin dar ninguna explicación por haber subsidiado durante varios años a quienes no lo necesitaban.

El avance de los ajustes en otras áreas residenciales se enfrenta a la dificultad de que en ellas viven también personas o familias de bajos ingresos. La idea ha sido, por lo tanto, permitirles solicitar que se les mantenga la tarifa reducida, enviando un formulario justificativo de su dificultad económica. Sin embargo, el Gobierno ha comunicado que revisará detenidamente la situación impositiva de los solicitantes, lo que en la Argentina significa estar expuesto a la persecución y a la arbitrariedad.

En rigor, lo que está poniéndose en evidencia es que en cualquier sistema económico es muy difícil sostener precios diferentes para un mismo bien en el mismo ámbito geográfico. Las filtraciones y los fraudes, así como los amiguismos y las corruptelas, estarán a la orden del día cuando los precios difieran ampliamente entre subsidiados y no subsidiados, como ocurrirá con el gas, la electricidad y el agua. Por eso es que el camino recomendado es el denominado subsidio a la demanda, que consiste en que todos los usuarios paguen igual tarifa por el mismo bien o servicio, pero quienes no pueden hacerlo reciban un subsidio estatal directo aplicable a ese pago.

En el caso del transporte donde la diferenciación de tarifas no sería posible, la tarjeta recargable SUBE lo hace factible. Tecnologías similares de medios de pago lo hacen también instrumentable en otros servicios públicos.

No sólo se presentan dificultades conceptuales y prácticas para desenredar la compleja madeja de los subsidios. También las hay de carácter legal. Los incrementos tarifarios requieren atravesar el procedimiento de audiencia pública. Si la reducción de subsidios no aumenta la tarifa que recibe la empresa, sino que incrementa el cargo absorbido por el Estado, debería pasar por el Parlamento por tratarse del aumento de un impuesto. Ninguno de estos pasos legales se observa en el proceso de ajuste en marcha.

La forma improvisada en que se está resolviendo el desmantelamiento de los subsidios parece ser el rasgo común de las políticas aplicadas por el Gobierno para encarar los problemas que han emergido de un modelo que se muestra claramente agotado.