Sospechoso apremio por el SUBE
Sólo una suba del boleto y un mayor control sobre los transportistas parecen justificar el enorme apuro por ampliar el sistema.
Apurados, con plazos límite y escasa información. Así se sienten hoy miles de personas que, a la carrera, bajo un sol arrasador o en vigilia durante toda la madrugada, hicieron y hacen cola para recibir su tarjeta del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE). Los que, en cambio, optaron por gestionarla por Internet -opción tan cómoda como reciente- están a la espera de que les aparezca en la pantalla de la PC una frase más concreta que "su trámite ingresó en la etapa final", tras dos semanas de haberlo iniciado por la vía de las supuestas resoluciones rápidas: la tecnológica.
Si a eso se suma el "reto" de la publicidad oficial respecto de que los argentinos dejamos siempre todo para último momento y la desagradable práctica de no pocos operadores de ese sistema de pretender cobrar un sobreprecio por la emisión del plástico habilitante, originalmente para evitar viajar con monedas, cabe preguntarse quién es el del apuro o el que hace negocio. ¿Será el usuario, que a cambio de semejante corrida podrá mantener el precio subsidiado de un boleto de transporte -aunque no todos los usuarios, se sabe-, o el Gobierno, que de pronto se siente apremiado por necesidades de caja o por disciplinar a los empresarios del sector con una transferencia rápida de lo recaudado por parte del Banco Nación en concepto de carga de la tarjeta SUBE?
Esa entidad bancaria es la que recibe el dinero que los usuarios depositan en sus tarjetas para poder viajar. Podría decirse que se ha producido una estatización de la recaudación, pues con el sistema de pago con monedas las empresas cobraban directamente por los boletos vendidos.
No parece haber dudas entre los expertos respecto de que un sistema integrado e inteligente de ticket electrónico resulta un paso en la dirección correcta. Sin embargo, las sospechas crecen a la hora de ver la forma en que se pretende instrumentar aquí, el uso político que se le pueda dar y la escasa información con la que se cuenta.
El SUBE nació con una fuerte resistencia de parte de las empresas de transporte. El decreto de su creación data de junio de 2009 y fue anunciado por la Presidenta en un acto en la quinta de Olivos. Pasaron más de dos años y medio de aquella presentación y la sensación actual es que la obtención de la tarjeta se ha transformado en una espada de Damocles. O se la tiene o se resigna a viajar más caro, pero el Gobierno no dice qué aumento aplicará a partir del 3 de marzo, último plazo del ultimátum oficial. Tampoco se garantiza que pasada esa fecha el beneficio se mantenga para todos quienes la obtuvieron. Sólo se anunció que habrá un entrecruzamiento de información para saber quién lo merece y quién no.
Y otro dato. Hoy es gratis, pero el mes próximo habrá que pagar su emisión y reposición. ¿Cuánto? Tampoco fue dicho por el Gobierno. Tal vez 1,10 dólares, que es lo que hoy el secretario Juan Pablo Schiavi desliza que le cuesta al Estado por unidad. A los usuarios también les cobrarán los gastos de envío.
La pregunta clave entonces es por qué el apuro en "cerrar" un negocio si los principales destinatarios no saben bien qué están negociando. Tal vez si el monto del boleto no fuera a cambiar, no se estarían apurando tanto los tiempos.
Hay datos que resultan reveladores en cuanto al sistema. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), a pesar de los esfuerzos oficiales por extender el uso de la tarjeta, el SUBE aún no cumple con todas las condiciones necesarias para evitar potenciales problemas de exclusión. En diciembre pasado, por caso, sólo el 40 por ciento de los viajes dentro del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se abonaron con ese sistema. Además, su uso no es uniforme: mientras que en el subte el 60% de los viajes se paga con la tarjeta, en los colectivos su alcance desciende al 33% y al 10% en los trenes.
Y, curiosamente, un tercio de los pasajeros de colectivos y trenes del AMBA pertenece a hogares de nivel socioeconómico bajo, mientras que sólo el 12% de los usuarios de subte se ubican dentro de ese segmento.
Además, el SUBE tampoco ha resuelto las notorias deficiencias en la calidad del servicio. Esta situación -agrega el informe del Cippec-, sumada a la pronunciada regresividad e inequidad geográfica actual de los subsidios, hace impostergable el rediseño de ese sistema de beneficios al transporte urbano para, a corto plazo, mejorar los criterios de asignación y, a mediano plazo, incorporar una modalidad de subsidio directo a los usuarios, junto con la recomposición del entorno regulatorio del sector.
Sin que concurran esas variables, la implementación de una tarifa diferencial a través del SUBE, que se estima que abarcará a unos 9 millones de personas, podría generar exclusiones importantes de gente que la necesita y dejar dentro del sistema a quienes pueden hacer frente al costo pleno del boleto.
"En una familia de ingreso medio, el gasto de transporte representa el 3% de sus ingresos, pero en una humilde puede llegar al 20%", aseguró Schiavi, quien, al referirse al aumento del precio del boleto, dijo: "No lo vamos a hacer de un día para el otro". La pregunta es entonces por qué tanta corrida y tanto reto si, en definitiva, el sistema está en estudio.
Si a eso se suma el "reto" de la publicidad oficial respecto de que los argentinos dejamos siempre todo para último momento y la desagradable práctica de no pocos operadores de ese sistema de pretender cobrar un sobreprecio por la emisión del plástico habilitante, originalmente para evitar viajar con monedas, cabe preguntarse quién es el del apuro o el que hace negocio. ¿Será el usuario, que a cambio de semejante corrida podrá mantener el precio subsidiado de un boleto de transporte -aunque no todos los usuarios, se sabe-, o el Gobierno, que de pronto se siente apremiado por necesidades de caja o por disciplinar a los empresarios del sector con una transferencia rápida de lo recaudado por parte del Banco Nación en concepto de carga de la tarjeta SUBE?
Esa entidad bancaria es la que recibe el dinero que los usuarios depositan en sus tarjetas para poder viajar. Podría decirse que se ha producido una estatización de la recaudación, pues con el sistema de pago con monedas las empresas cobraban directamente por los boletos vendidos.
No parece haber dudas entre los expertos respecto de que un sistema integrado e inteligente de ticket electrónico resulta un paso en la dirección correcta. Sin embargo, las sospechas crecen a la hora de ver la forma en que se pretende instrumentar aquí, el uso político que se le pueda dar y la escasa información con la que se cuenta.
El SUBE nació con una fuerte resistencia de parte de las empresas de transporte. El decreto de su creación data de junio de 2009 y fue anunciado por la Presidenta en un acto en la quinta de Olivos. Pasaron más de dos años y medio de aquella presentación y la sensación actual es que la obtención de la tarjeta se ha transformado en una espada de Damocles. O se la tiene o se resigna a viajar más caro, pero el Gobierno no dice qué aumento aplicará a partir del 3 de marzo, último plazo del ultimátum oficial. Tampoco se garantiza que pasada esa fecha el beneficio se mantenga para todos quienes la obtuvieron. Sólo se anunció que habrá un entrecruzamiento de información para saber quién lo merece y quién no.
Y otro dato. Hoy es gratis, pero el mes próximo habrá que pagar su emisión y reposición. ¿Cuánto? Tampoco fue dicho por el Gobierno. Tal vez 1,10 dólares, que es lo que hoy el secretario Juan Pablo Schiavi desliza que le cuesta al Estado por unidad. A los usuarios también les cobrarán los gastos de envío.
La pregunta clave entonces es por qué el apuro en "cerrar" un negocio si los principales destinatarios no saben bien qué están negociando. Tal vez si el monto del boleto no fuera a cambiar, no se estarían apurando tanto los tiempos.
Hay datos que resultan reveladores en cuanto al sistema. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), a pesar de los esfuerzos oficiales por extender el uso de la tarjeta, el SUBE aún no cumple con todas las condiciones necesarias para evitar potenciales problemas de exclusión. En diciembre pasado, por caso, sólo el 40 por ciento de los viajes dentro del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se abonaron con ese sistema. Además, su uso no es uniforme: mientras que en el subte el 60% de los viajes se paga con la tarjeta, en los colectivos su alcance desciende al 33% y al 10% en los trenes.
Y, curiosamente, un tercio de los pasajeros de colectivos y trenes del AMBA pertenece a hogares de nivel socioeconómico bajo, mientras que sólo el 12% de los usuarios de subte se ubican dentro de ese segmento.
Además, el SUBE tampoco ha resuelto las notorias deficiencias en la calidad del servicio. Esta situación -agrega el informe del Cippec-, sumada a la pronunciada regresividad e inequidad geográfica actual de los subsidios, hace impostergable el rediseño de ese sistema de beneficios al transporte urbano para, a corto plazo, mejorar los criterios de asignación y, a mediano plazo, incorporar una modalidad de subsidio directo a los usuarios, junto con la recomposición del entorno regulatorio del sector.
Sin que concurran esas variables, la implementación de una tarifa diferencial a través del SUBE, que se estima que abarcará a unos 9 millones de personas, podría generar exclusiones importantes de gente que la necesita y dejar dentro del sistema a quienes pueden hacer frente al costo pleno del boleto.
"En una familia de ingreso medio, el gasto de transporte representa el 3% de sus ingresos, pero en una humilde puede llegar al 20%", aseguró Schiavi, quien, al referirse al aumento del precio del boleto, dijo: "No lo vamos a hacer de un día para el otro". La pregunta es entonces por qué tanta corrida y tanto reto si, en definitiva, el sistema está en estudio.