Situación crítica de los ferrocarriles
La política oficial en materia ferroviaria mantiene y agrava problemas heredados en ese sistema de transporte con, además, crecientes sospechas de corrupción.
El sistema ferroviario argentino tuvo históricamente serios defectos y causó grandes erogaciones al Estado Nacional, pero la privatización realizada en los años noventa, lejos de racionalizar el servicio, lo deterioró aún más al tiempo que siguió absorbiendo elevados subsidios públicos. La recuperación de la economía a partir de 2003, acompañada de un incremento en los volúmenes de mercaderías para transportar, especialmente del sector agrícola, crearon la posibilidad y la necesidad de iniciar la reconstrucción de los ferrocarriles.
Sin embargo, la política oficial no modificó el cuadro heredado. Se dispuso un congelamiento de las tarifas del transporte de pasajeros que fue compensado con crecientes y muy opacos subsidios, que no sirvieron para aumentar la inversión y no se revirtió el deterioro de los talleres ferroviarios. En las últimas semanas, los mails de Manuel Vázquez, el intermediario de Ricardo Jaime en diversas negociaciones con empresas extranjeras, sacaron a la luz, además, operaciones sospechosas y algunas abiertamente ilegales para la compra de material ferroviario en Europa que en gran parte permanece inutilizable, así como gestiones cuestionables en negociaciones por la licitación de el proyectado tren de alta velocidad.
También han creado sospechas de precios elevados o costos ocultos, sobre compras recientes de material ferroviario realizadas en España y en China. La investigación por el asesinato de un activista en el contexto de un conflicto sindical ferroviario puso en primer plano, finalmente, la opaca trama de sociedades que administran líneas ferroviarias en crisis permanente, en la que participan sindicalistas, empresarios amigos del Gobierno y el Estado.
Ante este cuadro, para los organismos competentes y el Congreso se plantea la necesidad de investigar los contratos y manejos societarios de los ferrocarriles; y, para los especialistas, el diseño de una política para la recuperación del sistema.
La política oficial agrava los problemas heredados del sistema ferroviario y está, además, rodeada de crecientes sospechas de prácticas de corrupción.