Sin venta de diarios, derechos destruidos
*Por Andrés Gil Domínguez. La democracia constitucional no es un instrumento hueco que instituye un mecanismo formal de elección de gobernantes y adopción de decisiones por una mayoría.
Supone un procedimiento que posibilita la mayor participación posible , a efectos de que las medidas que se adopten sean moralmente relevantes , para lo cual la expresión y la información son dos pilares esenciales . Enlaza un espacio integrado por derechos fundamentales y derechos humanos que componen la esfera de lo indisponible e inderogable, aun para las mayorías eventuales y los funcionarios omnipresentes.
El cierre de los kioscos del Mercado Central por parte de sus autoridades con el objeto de prohibir la venta de diarios que publican informaciones críticas sobre su gestión implica un serio peligro para la consolidación de un mecanismo idóneo que propicie la deliberación democrática , donde el ejercicio de los derechos posibilita el acceso a una visión de la realidad a efectos de poder construir desde la diversidad un sentido propio.
No sólo afecta el derecho de trabajar y de acceder a un nivel de vida adecuado de los trabajadores que hacen de la venta de periódicos su fuente de ingresos diaria, sino también y en un supuesto de extrema irracionalidad, pone en riesgo su integridad física . También conmueve el derecho de acceder a la información como un bien colectivo indivisible que titulariza la sociedad, a fin de poder contar con herramientas aptas que permitan debatir las cuestiones públicas en igualdad de condiciones con los demás contrincantes, pero sobre todo, con el Estado.
La Constitución argentina, desde nuestros orígenes históricos, y los Instrumentos Internacionales de derechos humanos a partir del dolor sufrido por la humanidad establecieron como una l ibertad fundamental de la democracia el derecho a expresarse sin censura previa directa o indirecta que impida por cualquier medio la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. De esta manera, se protege de la injerencia estatal autoritaria la facultad de informar sobre la realidad y de opinar valorativamente sobre ella.
La diversidad de información se plasma cuando coexisten distintas miradas sobre un mismo hecho, para que cada integrante de la sociedad decida conforme a su subjetividad qué medio de comunicación representa con mayor certeza empírica la realidad que lo circunda.
Más allá de las justificaciones enfáticas que se intentan sin mucho sentido racional, prohibir las expresiones del que piensa distinto sólo revela la debilidad de las ideas propias . Esto deriva en un "pluralismo" de voces unívocas que escuchan exclusivamente el eco de sus propios decires, como parte de una verdad revelada, que nadie puede siquiera cuestionar bajo pena de ser considerado un enemigo eterno. Por más pequeño que sea, cualquier acto de esta naturaleza merece ser reprobado para evitar que el desinterés por lo mínimo no se transforme en un antecedente para planes más profundos que tengan por objetivo primordial imponer el monismo político y moral bajo las apariencias de una silueta democrática meramente formal.
Cuando un gobierno se apropia del Estado e intenta acallar las voces disonantes (por más críticas que éstas sean) el "modelo" se transforma en régimen de pensamiento único, la "política" en dogma autoritario y la "democracia" en significante vacío que permite justificar cualquier cosa con tal de ahogar la expresión, la información y las decisiones moralmente relevantes de una sociedad que se nutre en la diversidad.