Sin objeciones

Si bien habían tomado nota del desembarco de Compromiso Federal, la fuerza que lidera el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, en Catamarca los últimos días, suponían que la alianza con el oficialismo provincial era impracticable desde el punto de vista político. De hecho, daban por descontado que, por tratarse de candidatos puramente radicales, Gustavo Jalile y Fabiola Garrot, primer y segundo postulante a la diputación nacional del FCS, seguirían firmes junto al jefe de la UDESO, Ricardo Alfonsín. Más aún, estaban convencidos de que aun cuando se produjera algún acercamiento entre Rodríguez Saá y el FCS, la conformación de una nueva boleta no iba a prosperar en la Justicia Electoral nacional, porque en la práctica constituye una "colectora" de votos a favor de Jalile-Garrot. Pero sucedió, nadie puso objeciones a que la lista oficialista lleve dos candidatos a presidente, el plazo de impugnación venció y, como corresponde, las boletas quedaron oficializadas. De esto transcurrieron ya dos semanas.

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¿Exceso de confianza kirchnerista? Es posible. Lo cierto es que en estas circunstancias el FCS, que hace un mes tenía las expectativas por el piso, ahora volvió a creer en sus posibilidades de al menos retener la banca nacional que pone en juego. Para eso necesita conservar el caudal de votos que lograron los tres precandidatos en las internas primarias del 14 de agosto y sumar poco más de 9.000. En esa oportunidad, Rodríguez Saá se llevó de Catamarca poco más de 8.600 votos, aun cuando no llevaba candidato a diputado propio, ni tenía fiscales de mesa ni tampoco había hecho campaña publicitaria. Sin duda, el componente peronista anti K sigue teniendo una presencia notoria en la provincia, tanto que puede ser gravitante en los comicios que vienen. Por lo pronto, en el Frente para la Victoria el triunfalismo exultante dio lugar ahora a una moderada actitud: el primer candidato a diputado, Isauro "Taro" Molina, dijo ayer a este diario que al sector no le interesa ganar las dos bancas nacionales, sino la puesta en marcha de un "nuevo proyecto político" para Catamarca.

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Hace poco más de un año, el Gobierno provincial celebró un convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba para la elaboración de un proyecto de modificación de la controvertida Ley de Municipalidades Nº 4640 que puso en vigencia la Intervención Federal de Luis Prol, a principios de los '90. Según el acuerdo, los docentes-letrados designados por la UNC para el trabajo se comprometían a elaborar propuestas, redactar el proyecto en sí, participar en talleres o charlas debate, realizar la presentación formal de la iniciativa y colaborar con las distintas comisiones legislativas de ambas cámaras provinciales. Por ese trabajo, la Provincia abonaría 48.000 pesos, el 50 por ciento contra la entrega del anteproyecto y la mitad restante al concluir el texto definitivo, además de los viáticos que demanden sus viajes y estadía. Si bien el resultado de las elecciones de marzo incidió para dar marcha atrás, el gobernador Brizuela del Moral firmó el decreto de ratificación en julio pasado y así se publicó en el Boletín Oficial.

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La iniciativa mereció el reproche del presidente del Colegio de Abogados, José Vila Melo, quien consideró que en Catamarca hay gente que ha trabajado en el tema y lo conoce suficientemente bien como para ser tenida en cuenta a la hora de encarar una reforma. Curiosamente, o no tanto, la Universidad de Catamarca se mantuvo en total silencio frente a la cuestión. Ni el rector Flavio Fama ni la decana de la Facultad de Derecho, Claudia Pacheco, pusieron reparos al ninguneo oficial. Y no porque carezcan de profesionales y docentes idóneos para abordar el asunto, sino porque las preocupaciones de esta universidad, hace ya bastante tiempo, transitan por otros carriles. Aquí no impera el ánimo por la competencia académica ni la mayor jerarquización institucional, sino la vieja política y sus vicios. Buena parte de los docentes se encuentran en condiciones de interinos, es decir son rehenes de las autoridades que no concursan los cargos. De este modo, los interinos trabajan año tras año con la soga al cuello, que les aprieta más cuando llega diciembre y no saben cuál será su destino. En este sistema, los interinos funcionan como los contratados o becados del Gobierno: están obligados a aceptar las reglas de juego para no desairar a quien debe renovarles el contrato. Clientelismo del más rancio.