Sin ley, ningún sistema resiste
*Por Ricardo Roa. Hace mucho que lo normal es la anormalidad. Y nadie debería sorprenderse demasiado que el Gobierno se llene la boca con que debe ser la Justicia la que actúe en las ocupaciones y permanezca inmóvil cuando le ordene desalojarlas.
Ese discurso bilingüe está en la toma en el Bajo Flores, que ya lleva seis días. Son doscientas viviendas adjudicadas y listas para ser entregadas. Han sido usurpadas y en parte saqueadas. Y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso que fuerzas de seguridad nacionales las recuperen. Pero el Gobierno se niega a hacerlo.
La estrategia kirchnerista puede resumirse en un solo propósito: que Macri asuma el problema. Y la defienden con el argumento de no actúan porque no les corresponde. El delito de usurpación ha sido transferido a la Ciudad. Hoy es de competencia local: deben intervenir un juez de la Ciudad y la Policía Metropolitana.
Más que un argumento, una chicana : la Nación se encarga de regular el tránsito y custodiar recitales. Y se niega a transferirle a Macri la Federal, l a única en condiciones operativas de concretar el desalojo, pero le exige que se las arregle para hacerlo.
Armella rechazó la maniobra. Está metido en este embrollo porque, por delegación la Corte Suprema, ejecuta el atrasadísimo plan de saneamiento del Riachuelo, que incluye liberar un camino costanero. Las familias asentadas allí irán al complejo del Bajo Flores y la usurpación impide ahora ese traslado.
El juez elige quien debe desalojar: es un tema de ingeniería constitucional.
Armella eligió una fuerza de seguridad nacional. En lugar de resistir la orden con chicanas, el Gobierno debería entender que las tomas no resueltas generan nuevas tomas.
No hacer nada es la peor pedagogía.