Sin grietas y sin vueltas: lo que sucedió con Evo Morales en Bolivia fue un golpe de Estado

Luis Ángel Molinas

Periodista InfoVeloz - @molinasluis

Son horas de anarquía, caos y mucha violencia en las calles de Bolivia. En medio del desconcierto político, hay algo que debe quedar claro: Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado. Tenía mandato hasta enero de 2020 y fue obligado a renunciar por orden del Ejército y ante amenazas a sus familiares y sobre su misma persona.

¿Por qué debe hablarse de golpe de Estado? En principio, el acuartelamiento de la Policía Boliviana y la “sugerencia” de renuncia de las Fuerzas Armadas no son nada más que parte de un método de presión para conseguir la salida de Morales, ocurrida tras el escándalo iniciado por las denuncias de fraude en las elecciones en las que fue reelecto nuevamente.

Las fuerzas se negaron a garantizarle la seguridad al mandatario del país: lo libraron a su suerte mientras manifestantes atacaban y amenazaban a diferentes funcionarios y familiares del presidente, quienes sufrieron el incendio de sus viviendas y fueron víctimas de graves episodios de violencia física.

Es, en síntesis, la rebelión de instituciones dependientes del Estado contra la principal autoridad del Gobierno, a la cual deberían responder. Esto derivó en la renuncia de Morales, lo que significó interrumpir el mandato de un presidente electo a través de métodos no constitucionales. No fue a través del Parlamento que se llegó a la salida del mandatario, sino que se debió directamente a la amenaza explícita en el comunicado leído por Williams Kaliman, Jefe del Ejército: “Después de analizar la situación conflictiva interna, le sugerimos al presidente que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Esto es suficiente para hablar de un Golpe de Estado. De todas formas, el gobierno argentino decidió no emitir palabra al respecto en las primeras horas después de la renuncia de Morales. La omisión, en este caso, se entiende como un consentimiento de lo sucedido. Lo necesario era repudiar los acontecimientos.

Luego, el gobierno de Mauricio Macri utilizó varios términos para enmascarar sus verdaderas opiniones sobre lo que pasó en Bolivia. En primera instancia, el mismo Presidente consideró que lo “preocupaba la violencia” que se vivía en el país vecino y solo se aventuró a pedir “elecciones libres y justas”.

Más tarde, el que dio mayores precisiones sobre la posición oficial de Argentina fue el canciller Jorge Faurie, quien negó que haya habido un golpe de Estado al derrocado Evo Morales y habló de una simple “crisis institucional”. La curiosa justificación que dio el diplomático es que no hubo un miembro de las Fuerzas Armadas que haya ocupado el lugar mientras el líder indígena se exiliaba a México.

Pero el “vacío de poder” que se produjo tras la salida de toda la línea sucesoria conllevó a que Jeanine Áñez, una senadora opositora, se autoproclamase presidente aún sin tener el aval de la Asamblea Legislativa, que debería haber sesionado para elegir al sucesor transitorio de Morales, quien tendría como primera tarea llamar a elecciones antes de los 90 días.

¿Qué más hace falta para considerarlo un gobierno de facto? Un presidente electo depuesto de su cargo por presión militar y policial, sumado a una reemplazante que no cuenta con el aval del pueblo, son suficientes. La yapa: la persecución a periodistas extranjeros, principalmente argentinos, a quienes desde el Gobierno acusaron de “desinformar”. Los cronistas debieron escapar del país ante la amenaza de la ministra de Comunicaciones nombrada por Áñez, quien les advirtió públicamente que podrían ser detenidos por “sedición”.

Ahora bien, un argumento de los que niegan el golpe de Estado en Bolivia es que la renuncia de Morales se dio por un reclamo del pueblo por lo que sucedió en las últimas elecciones. Sí, es cierto, hubo irresponsabilidades. El ex presidente ignoró los resultados del referéndum de 2016, en el que más de la mitad de la población le negó presentarse para otra reelección más. De todas formas, encontró un resquicio legal y el Tribunal Electoral le permitió presentarse en los comicios de octubre para renovar su mandato.

Morales aseguró que ganó las últimas elecciones, con suficientes votos para triunfar en primera vuelta tras 12 años en el cargo. En medio de un recuento de votos que inexplicablemente fue paralizado por varias horas, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que hubo graves irregularidades, pero no fraude, por lo que recomendó rehacer la votación. Evo aceptó, pero cuando ya era tarde. Las manifestaciones opositoras se exacerbaron y la violencia escaló. Había otros mecanismos para poder superar la crisis, pero se dio el golpe de Estado y se olvidaron de resguardar el principal valor de las sociedades: la democracia.

Consumado el golpe, el análisis de la situación trae la preocupación regional por dos graves peligros. Uno, el de una posible guerra civil entre dos sectores de la sociedad boliviana bien diferenciados. Está claro que los motivos del pedido de renuncia de Morales no fueron económicos, ya que en este apartado el gobierno de Evo ha mostrado una mejora de los números de los índices de pobreza y de desempleo, entre otros.

Entonces, podemos hablar de un golpe político o hasta incluso racista: son inequívocos símbolos de esta apreciación el derrocamiento del primer presidente indígena de su historia, que reivindicó los derechos de este sector de la población y los dignificó frente al resto de la sociedad, además de que los principales emblemas del movimiento opositor son La Biblia, y el repudio y la quema de la bandera  multicolor de la Wiphala, que representa a la República Plurinacional de Bolivia que nombró Morales.

El otro peligro involucra no sólo a Bolivia sino que a todos los gobiernos, en especial en Latinoamérica. El Golpe a Evo puede ser un grave precedente para que los militares pretendan intervenir ante cualquier conflicto social-político en nombre de la democracia y la libertad. Es por ello que es necesaria la inmediata condena de los demás Estados a lo sucedido en el país vecino, colaborando para que sea urgente la restitución de la paz.