Siete acusados van a juicio por matar y descuartizar al empresario Fernando Pérez Algaba y tirar los restos en una valija

Siete imputados, entre ellos, dos empresarios, una escribana y un excomisario de la Policía de la Ciudad, deberán sentarse en el banquillo de los acusados como coautores de uno de los crímenes más escalofriantes de los últimos tiempos: el homicidio del trader Fernando Pérez Algaba, al que asesinaron de dos tiros por la espalda en un emprendimiento inmobiliario privado de General Rodríguez y cuyo cadáver descuartizaron para poder esconder los restos en una valija y una mochila y arrojarlos en un arroyo de Lomas de Zamora, en la otra punta del conurbano, en un macabro intento de deshacerse del cuerpo del delito.

El juez de Garantías de Lomas de Zamora Sebastián Ariel Monelos dio por cerrada la instrucción penal preparatoria encabezada por el fiscal Marcelo Adrián Domínguez y decretó la elevación a juicio de la causa que tiene a Nahuel Sebastián Vargas, Maximiliano Ezequiel Pilepich, Flavia Lorena Bomrad, Luis Alberto Contreras, Matías Ezequiel Gil, Horacio Mariano Córdoba y Fernando Gastón Martín Carrizo procesados por “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego”.

También mandó a juicio a Blanca Gladys Cristaldo, acusada de “encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave” por haber escondido a Pilepich en su casa de Paso del Rey entre el 13 y 16 de agosto.

Finalmente, el juez Monelos coincidió con el dictamen del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Lomas de Zamora y dispuso “sobreseer definitivamente” a la primera acusada que tuvo el caso: Alma Nicol Chamorro, la mujer trans que fue la última poseedora de la valija roja marca Brandy que fue hallada semisumergida en las aguas pútridas del Arroyo del Rey con parte de los restos de Pérez Algaba.

Pilepich y Vargas eran amigos y socios de Pérez Algaba, pero el dinero y los negocios habían vuelto extremadamente tirante la relación. Primero fueron testigos, porque había constancias de que ellos habían mantenido un encuentro con la víctima antes de su desaparición. Rápidamente la investigación los corrió de eje y pasaron a ser sospechosos. Finalmente, cuando los atraparon, uno y otro se echaron la culpa de haber sido quienes le dispararon dos tiros en la espalda al trader en una casilla dentro del barrio privado Renacer, situado en Las Américas y Ruta 6, de General Rodríguez.

Decenas de miles de dólares de deudas explican, para la Justicia, el brutal desenlace. De hecho, el fiscal Domínguez está convencido de que al trader lo llevaron engañado al lugar donde lo mataron para no pagarle los últimos US$60.000 de los US$150.000 que le debían por un negocio inmobiliario. Pérez Algaba llegó al barrio Renacer al volante de una camioneta Range Rover Evoque blanca, acompañado de Vargas.

La escribana Bomrad –pareja de Pilepich–, habría sido quien montó un encuentro en una notaría de Castelar para fraguar la supuesta cancelación de aquella deuda. En esa escribanía debía estar toda la documentación de la deuda que Pilepich tenía con Pérez Algaba, que en un mensaje de audio le dijo a un conocido que temía que su antagonistas se hubiera llevado todos esos papeles con la ayuda de su novia, por lo que temía por su vida.

Córdoba, que era comisario de la Policía de la Ciudad, especializado en comunicaciones, quedó implicado en el caso cuando se descubrió que le había dado a Pilepich un teléfono de la flota del Ministerio de Seguridad porteño que estaba asignado al funcionario Marcelo Julio Marañón. Para el fiscal Domínguez, la asistencia del policía en este punto fue clave para que los coautores del crimen se pudieran comunicar con una línea que no estuviera relacionada con ellos.

Y el resto de los acusados fueron convocados por Pilepich y Vargas para arreglar la escena del crimen, desmembrar el cuerpo de Pérez Algaba y distribuir sus restos en una valija y en una mochila para deshacerse de ellos. Toda una división de tareas, según el fiscal y el juez.

“Creo que a esta altura del litigio no impera duda respecto de la relación reinante entre la totalidad de los sujetos intervinientes en el infame homicidio; que entre estos se ha demostrado, prima facie, que existía una empresa criminal previa al caso, donde cada uno de los intervinientes formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar a Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias, intimidaciones, etc.”, rubricó el juez Monelos en su resolución.

“En lugar y momento aún no determinado, pero entre las 18 del 18 de julio y las 3 del 19 de julio de 2023, varias personas, entre ellas Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Chamorro, Córdoba, Bomrad y Carrizo, habiendo actuado de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas y mediante la utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Fernando Alejandro Pérez Algaba, que posteriormente ocasionaron su fallecimiento, habiendo actuado en consecuencia con la correspondiente alevosía, valiéndose en tal sentido del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima al habérsele disparado por la espalda y por codicia, al reportarles el homicidio un rédito económico ilegítimo, ya que algunos de los nombrados se vieron exceptuados del pago de una deuda con la víctima. Que siguiendo con dicho plan criminal, en lugar y momento aún no determinado, seccionaron y embalaron el cuerpo de Fernando Alejandro Pérez Algaba y previo a colocarlo en una valija de color roja con vivos negros de marca Brandy, en una mochila de color negra con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y en un envoltorio confeccionado con bolsas de nylon negra, tipo consorcio, lo arrojaron en el Arroyo del Rey, en lugar aún no establecido, siendo posteriormente hallado en las inmediaciones de la estación de Bombeo de Ingeniero Budge, entre los días 23 y 25 de julio”, sostuvo el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.

El 23 de julio de 2023, los miembros de Pérez Algaba, envueltos en bolsas de nylon negras, aparecieron dentro de una valija en el arroyo del Rey, en Ingeniero Budge; dentro de la maleta había un DNI que condujo a los investigadores directamente hacia Luis Alberto Contreras. Al día siguiente apareció el torso de la víctima, embalado de igual manera. Y el 25, la cabeza del trader ultimado fue encontrada dentro de una mochila negra.