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Sí a las elecciones desdobladas, pero para siempre

Es muy valioso el desdoblamiento electoral, pero para que esta sana reforma quede al margen de los intereses personales o de grupos partidarios, es imprescindible que las oportunidades de elegir sean en fechas fijas, predeterminadas, institucionalizadas, no sujetas a cambios determinados por las necesidades de algún partido o sector.

La separación de las elecciones municipales -es evidente tras las urnas de Capital y San Carlos- le ofrece al vecino la oportunidad de discernir con menos confusiones, sin superposiciones y sin los engañosos "efectos arrastre", que -provinciales o nacionales, empujando hacia arriba o hacia abajo- terminan ungiendo, en la vorágine de listas sábana o similares, a candidatos que la gente no prefiere.

Ahora bien, si la vocación de liberar al vecino a la hora de votar es verdadera, debiera ser institucional, con fecha fija y parte de una reforma integral. Esto es, voto electrónico o boleta única, como se experimentó ya en buena parte del mundo democrático y comunas del país (como las de Santa Fe y las provinciales  de  Salta y Córdoba) y todos los instrumentos que jerarquicen y animen la participación popular.

Porque aún con las ventajas de la separación de las elecciones por jurisdicción, es muy difícil para el vecino  librarse del peso y del cepo de los aparatos municipales manejados por clanes familiares o grupos que terminan  eternizándose en el poder en mandatos eternos que consolidan al grupo dominante por el uso de cargos, planes sociales, recursos fiscales y, fundamentalmente, garantizando la impunidad por mucho tiempo. Se insinúa un juego dual de desdoblamientos  e hipocresía, de luchas internas en los partidos y de manejos a veces espurios del derecho de la ciudadanía.

En realidad, dado que la dirigencia política de Mendoza no ha adherido o fijado posición respecto de la Ley Nacional que consagró las internas abiertas, simultáneas y obligatorias -por ejemplo- ni ha dado el debate para definir y difundir en qué fechas fijas, con qué instrumentos, con qué   reglas -condiciones básicas, criterios de representación, financiación del ejercicio político, uso de formas y tiempos de campañas, etc.-  se votará en el futuro en Mendoza, siguen imponiéndose criterios superados por la realidad, que nutren conveniencias sectoriales o personales y en realidad alejadas de la conveniencia del elector.

En algunos casos, las decisiones de separación de las elecciones en algunas municipalidades, parecen más ligadas a la preservación de sus intereses de grupo o familiares: baste recordar las actitudes de intendentes justicialistas en 2010 cuando empalidecía la imagen de los Kirchner o los intentos recientes de jefes comunales del radicalismo ante la pobre actuación de Alfonsín en las primarias del 14 de agosto. Ahí no se trataba del interés del vecino.

Se prioriza -no en todos los casos, es cierto-  el propósito de preservar el poder y los recursos comunales en manos del grupo dominante (que apela en esos casos al aparato político y a los recursos de esa Municipalidad para el día de las urnas vecinales).

Los disimulados esquives de nuestra clase política al proceso de una reforma electoral profunda e integral -hace más de una década que duermen en la Legislatura proyectos de reforma que han quedado congelados en el camino-  se fundan en la posibilidad que tienen actualmente de seguir disponiendo de reelecciones indefinidas en sus dominios, de ellos o de sus parientes.

La reforma política integral es una profunda necesidad con cambios que activen el interés ciudadano por la participación en la vida política.

No hay invitación a la participación que valga, si los hechos siguen consagrando el dominio de espacios de poder -provincial, municipal y en los partidos- como feudos personales o familiares.