Sí a la construcción, pero con transparencia

Basta recordar que en este tiempo ya pasaron cuatro presidentes en el directorio del Ente Administrador del Puerto de Rosario, y aún no pudieron cumplimentar con los requerimientos legales a que están obligados para deshabilitar muelles públicos.

Si alguna responsabilidad le cabe a la oposición es la de velar permanentemente por el control republicano, que no sólo es un derecho, sino una obligación que impone la propia Constitución.

Es imprescindible hacer una cronología, que es muy ilustrativa de las distintas y contradictorias decisiones que ha tomado este Ejecutivo provincial, y que indudablemente son el fundamento de la postergación, no sólo de la obra de Oscar Niemeyer, sino del retraso de lo que se conoció en un parte de prensa oficial como el "Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario".

El 27 de agosto de 2008 se firma un acta de compromiso Enapro-Terminal Puerto Rosario seguido por una Addenda con fecha 30 de setiembre de 2008, que rubrican Angel Elías y Guillermo Salazar Boero, ambos como autoridades de los organismos suscriptores del acuerdo.

Si hay algo que queda claro en los documentos citados es que "las partes acuerdan que Terminal Puerto Rosario (TPR) asumirá los costos y gastos necesarios para la reubicación de las actividades portuarias desde el área denominada de emplazamiento hacia el área denominada de relocalización, como así también que asumirá todos aquellos gastos que sean necesarios para las correspondientes habilitaciones por ante las reparticiones pertinentes. Asimismo, TPR asumirá los gastos y costos para hacer operativos a los fines portuarios la denominada zona de relocalización"

En ese marco se negocia el otorgamiento de una prórroga de 7 años, a contar desde la finalización del plazo de vigencia del contrato de concesión, el cual ocurrirá el 15 de octubre de 2032.

Estas negociaciones son ratificadas en un acuerdo Enapro y provincia de Santa Fe, con fecha 1º de octubre de 2008, que firma el propio gobernador de la provincia, Hermes Binner y el licenciado Angel Elías.

1° de Noviembre de 2010. No es un salto calendario caprichoso, incluso en el medio hubo hechos trascendentes para la vida de nuestro puerto: concurso de acreedores del concesionario privado, recambio de Angel Elías por Pablo Ferrés, escandalosas definiciones de éste en relación a las negociaciones que se llevaron adelante entre el Ente y TPR, lo que le valió su desplazamiento para darle paso a la doctora Ana Brunet –persona de estrictísima confianza del gobernador Binner– y por si algo faltara, renuncia de la misma para reponer al depuesto Elías.

Convengamos que es una saga propicia para un nuevo capítulo del "Rosario de Satanás" de Héctor Nicolás Zinni, publicado últimamente por la Biblioteca del Diario La Capital.

¿Qué es lo que pasó este primer lunes de noviembre?

En una reunión de directorio, "supuestamente" deciden que la relocalización del área operativa no sea una inversión del concesionario privado, sino que debe pagarse desde el erario público, que es lo mismo que decir que debemos pagarlo todos los rosarinos y santafesinos. Su monto estimado es de 150 millones de pesos.

Pero lo más "novedoso" es que nada se modifica sobre la prórroga de la concesión –aparente compensación de la primera negociación, cuando el aportante era TPR– y por ende hay serias posibilidades de que la misma se mantenga sin fundamento aparente, y me permito recordar: desde el 15 de octubre de 2032 al mismo día de 2039. Este negocio implica a montos actuales una facturación de 350 millones de pesos.

La utilización de los potenciales es por la sencilla razón de que hasta el momento hay una permanente negativa de la administración de Binner a transparentar información que, como se entenderá, es a todas luces pública.

Esta actitud oscurantista lo único que hace es agregar sospechas y, en tanto se mantengan estas conductas de parte de los distintos actores involucrados, se podría entender que hay una cadena de complicidades que deteriora al sistema republicano de gobierno.

Transacción Administración Provincial de Impuestos (API)–Terminal Puerto Rosario. Si algo faltaba para completar el escenario, es que sale a la luz un acuerdo entre el organismo recaudador de la provincia y el concesionario privado, por el cual la API inició una medida cautelar por 9.184.919,61 de pesos, embargando las cuentas del deudor, que luego sustituyó parcialmente por un seguro de caución por 1.410.738,22 de pesos, y decide suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida. Es necesario recordar que hay una diferencia en perjuicio de la provincia de Santa Fe de 7.774.181,39 de pesos entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente.

A raíz de ello, la Cámara de Diputados en su conjunto decidió convocar al ministro de Economía de la provincia, Angel Sciara, a la presidencia del cuerpo, para explicar algunos puntos que no están claros de la negociación referida, pues es necesario saber entre otras cuestiones de qué forma se garantizaron los 7.774.181,39 de pesos al momento de suspender provisoriamente la cautelar, teniendo en cuenta la importancia de dicha suma, ¿con qué compañía se contrató el seguro de caución por los 1.410.738,22 de pesos? ¿Se analizó la solvencia de dicha compañía? ¿Cuándo cobró la API la suma de 1.140.738,22 de pesos por la cual se había constituido el seguro de caución?

Puerto de la Música y Reconversión del Puerto de Rosario. Como se entenderá son muchas las preguntas sin repuestas, y las decisiones que comprometen nuestro patrimonio que no salen a la luz. Es por ello que estamos dando esta batalla de manera responsable y constructiva.

Sí al Puerto de la Música y al "Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario", pero con transparencia y una gestión de cara a la ciudadanía.

*Por Lic. Marcelo Gastaldi-Diputado Provincial